¿El agua en Chile seguirá siendo un derecho negociable?

¿El agua en Chile seguirá siendo un derecho negociable?

05 Noviembre 2020

Hay zonas como Petorca en las que facultados por la actual Carta Magna y el Código de Aguas se garantiza el atractivo y lucrativo agronegocio para empresas trasnacionales, antes que asegurar el derecho fundamental a un bien nacional de uso público.

Augusto Medina >
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La actual Constitución Política garantiza los derechos de aprovechamiento del agua, es decir no considera al agua como un derecho fundamental e indispensable para la población, sino por el contrario, meramente como un bien económico que fluctúa entre la oferta y la demanda. De cara al nuevo proceso constituyente que enfrentará Chile, urge poner en el vaso de la mesa, la democratización del recurso hídrico y así poner fin a la privatización de este bien tan esencial para el desarrollo de las comunidades y de vida.

En plena dictadura cívico militar se privatizó el derecho al agua en la Constitución de 1980, que aún nos rige, consagragrando que “los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”.

Posteriormente el 13 de agosto de 1981 se promulgó el Código de Aguas, en el cual se indica que “las aguas son bienes nacionales de uso público”, sin embargo, “se otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas, en conformidad a las disposiciones del presente código”. En el Artículo 6° se señala que “el derecho de aprovechamiento es un derecho real que recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce de ellas”.

Resulta inconcebible, que en pleno siglo XXI y en plena crisis sanitaria, un país que alardeó ser el oasis de Latinoamérica, no sea capaz de garantizar este derecho a la población chilena. Ni siquiera una gota al menos a la Provincia de Petorca, donde hace ya una década existe progresivamente un paraje desolador que refleja la escasez hídrica y la falta de políticas públicas que favorezcan a la suministración regular de agua.

De hecho, esta zona de la región de Valparaíso se concibe como “símbolo de los efectos de la mercantilización de las aguas puestas al servicio y priorizadas para el negocio de exportación de las paltas”, según señala el Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (MODATIMA), donde el negocio de la palta está estrechamente vinculado a transnacionales, generando consecuencias que se “extienden a lo largo de todo el territorio nacional, con un modelo de gestión hídrica en crisis de escasez, con el 80% de las cuencas del país sobre otorgadas a causa de la sobreexplotación hídrica por actores privados”.

El sector privado corre con gran ventaja sobre la realidad que enfrentan muchos chilenos, ya que según datos entregados por GreenPeace un total de 383.204 viviendas no cuentan con agua potable. Además de 350.000 personas que se ven afectadas por cortes de suministro de agua potable rural, afectando mayoritariamente a las regiones de Valparaíso, Tarapacá, Arica-Parinacota, Antofagasta y Atacama.

Mientras en sectores como la agricultura, que compromete actualmente el 73% de la demanda por agua en Chile, hay zonas como Petorca en las que facultados por la actual Carta Magna y el Código de Aguas se garantiza el atractivo y lucrativo agronegocio para empresas trasnacionales, antes que asegurar el derecho fundamental a un bien nacional de uso público.

Se debe garantizar y asegurar un derecho tan básico e inherente al ser humano, más aún en el actual contexto de pandemia, en donde las autoridades reiteran la importancia e insisten en el lavado de manos, pero por otra parte, empresas extranjeras se apropian de cauces naturales, afectando a zonas como Petorca con mega sequías, siendo que el agua es y debe ser un recurso que le pertenece a cada chileno y chilena.

 

 Foto: Huawei / Agencia Uno