Cuando la participación ciudadana hace posible la movilización de la voluntad y recursos de los actores sociales en torno a la reivindicación de sus derechos, la gestión del riesgo y el mejoramiento en la calidad de vida de una comunidad se ven favorecidos.

Si bien los tiempos de pandemia parecieran habernos coartado nuestras libertades desde hace ya varios meses, el caso de los vecinos de Putaendo, en el valle central del Aconcagua, región de Valparaíso, es digno de destacar. Por agua, tierra y vida digna -según indican sus banderas de lucha- la comunidad, largamente abatida por la sequía en la zona, ha seguido articulándose en torno al retiro de la gran minería que amenaza a la zona. Nos referimos al proyecto “Sondajes Mineros de Prefactibilidad Las Tejas” del titular Vizcachitas Holding, de la compañía canadiense Andes Cooper, a realizarse en dicha comuna, mediante 350 sondajes mineros con sondas de 500 a 700 metros de profundidad en 8,8 hectáreas cercanas a glaciares y ríos de la pre cordillera. Un proyecto que apunta a realizar gran minería con recursos humanos principalmente externos a la comunidad, con una inversión de US 25 millones durante cuatro años y que es la antesala del proyecto de mina a tajo abierto en el lecho del río Rocín.

Luego de una larga batalla, relacionada principalmente a la participación ciudadana en la toma de decisiones, a mediados de septiembre la tercera sala de la Corte Suprema ratificó el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que obliga al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) a anular la aprobación dada a los 350 sondajes mineros y a realizar la participación ciudadana de la comunidad de Putaendo, lo que significa que ésta deberá ser escuchada formalmente, y que la minera no podrá dar inicio a sus faenas de exploración.

Con esto, más de dos mil habitantes y cerca de 30 organizaciones que solicitaron el derecho a la participación ciudadana, hacen valer su derecho a participar de un proceso que los atañe directamente en su calidad de vida y uso de recursos-impacto en el río Rocín, afluente del río Putaendo- del que se abastecen las  comunidades y la agricultura que los sustenta, además de exigir al SEA en su rol como garante de los derechos ciudadanos.

Frente a una comunidad cercana a avanzar a la fase 4 del plan “Paso a Paso” del gobierno, y con la temporada estival agrícola encima, los vecinos de Putaendo esperan que las acciones de participación ciudadana se retomen con fuerzas a partir de marzo 2021.

Con la salud de la población en el ojo mundial, sería interesante comprobar si el discurso oficialista resuena con las posibles consecuencias para la salud, de una actividad extractivista ampliamente rechazada por una comunidad ya azotada por los anteriores virus del centralismo y su prepotencia, además de la histórica sequía.