Comisión de DDHH del Senado aprobó idea de legislar proyecto de indulto a presos del estallido social

Durante este lunes la Comisión de Derechos Humanos del Senado votó en favor de legislar el proyecto de ley que busca otorgar un indulto por razones humanitarias a los imputados y condenados por delitos cometidos en el estallido social de octubre de 2019.

Con tres votos a favor de las senadoras Adriana Muñoz (PPD), Yasna Provoste (DC) y el senador Juan Ignacio Latorre (RD) y dos votos en contra de la derecha, de los senadores Felipe Kast (Evopolí) e iván Moreira (UDI) se aprobó la idea de legislar el proyecto, el cual ahora seguirá su tramitación en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, para luego continuar en la Comisión de Seguridad.

Por otra parte, y en relación al estallido social, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados realizó el pasado miércoles 20 de enero una comisión para evaluar los avances en materia de justicia y reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos, cometidas por las Fuerzas de Orden y Seguridad, desde la revuelta de octubre hasta la fecha.

Según datos de la Fiscalía Nacional de Chile entregados el 16 de octubre de 2019, desde el Estallido Social iniciado el 18 de octubre de 2019, la Fiscalía ha formalizado a un total de 5.084 personas por diversos delitos cometidos en ese contexto, de los cuales 648 se encuentran en presión preventiva, mientras que otros 725 ya fueron condenados. 

A la misma fecha el Ministerio Público formalizó a 75 agentes del Estado por delitos relacionados con Violencia Institucional y la Fiscalía investiga denuncias en contra de 466 policías y efectivos de las Fuerzas Armadas.

Tal parece que la justicia tarda, pero llega, pero aún así la balanza sigue en contra y todo indica que en Chile importa más un semáforo, un parquímetro, una vereda antes que los derechos de los manifestantes y que las mismas demandas ciudadanas clamadas popularmente. Quienes están encarcelados hoy en día no son delincuentes ni menos terroristas, son solo jóvenes que tuvieron la valentía de pescar un escudo, un camote y cubrir su rostro para defender en la primera línea al resto de manifestantes de la represión carnicera.

Desde la revuelta popular de octubre, el gobierno ha tenido como propósito encarcelar, criminalizar y reprimir la legítima protesta, antes que salvaguardar la vida y los derechos humanos de quienes se manifestaron por un país más digno, prueba de ello son los innumerables casos de violaciones de derechos humanos sin ningún reparo ni justicia a las víctimas, el endurecimiento de leyes, la inversión de millones de pesos en gases lacrimógenos, gases pimienta, blindaje y aparatos disuasivos como los nuevos carros lanza aguas y ahora último la amenaza de veto presidencial si progresa la ley de indulto. 

Pese a ser el aislamiento inherente a la presión, a todos los presos políticos de la revuelta popular chilena se les ha mantenido encerrados en su propio encierro, se le ha negado a toda costa la comunicación y las visitas de los familiares, como una estrategia propia del régimen penitenciario.

Distintas jornadas de agitación, movilización y visibilización por parte de familiares, amigos y manifestantes han dejado en claro que la lucha no cesará hasta conseguir justicia y la anhelada liberación de quienes al día de hoy se encuentran privados de libertad sin pruebas contundentes que acrediten un hecho punitivo.