Comisión Investigadora de diputados responsabiliza políticamente a ex Intendente Celis por fraude a la Intendencia

Comisión Investigadora de diputados responsabiliza políticamente a ex Intendente Celis por fraude a la Intendencia

09 Abril 2015

Dentro de las conclusiones se asigna al el ex intendente Raúl Celis "responsabilidad política inexcusable en la creación y/o mantención del clima organizacional que permitió los delitos e irregularidades administrativas investigados por esta Comisión".

El Martutino >
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La Cámara de Diputados entregó su respaldo, con 48 votos a favor, 26 en contra y 8 abstenciones, al informe de la Comisión Investigadora del fraude en el Gobierno Regional de Valparaíso, entregado a la Sala por el diputado Marcelo Schilling, presidente de la instancia. 

La Comisión Investigadora fue aprobada, tras una solicitud de 48 diputados, el 9 de abril de 2014, con el objeto de indagar los hechos vinculados a denuncias sobre un eventual fraude y otras irregularidades acaecidas en el Gobierno Regional de Valparaíso, a partir de la asignación y transferencias de recursos públicos, a diversos proyectos beneficiados, en virtud de los concursos públicos destinados a seguridad ciudadana, deportes y cultura, respectivamente, con cargo al 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), en el período 2010 a 2014.

Adicionalmente, se debió investigar las transferencias de recursos del GORE al Servicio Regional de Turismo de Valparaíso, en igual período, y las transferencias de recursos públicos a la SEREMI de Transporte de Valparaíso, dispuestos por la Ley 20.348, respecto de los programas y fondos de 2013.

La Comisión, heredera de una instancia investigadora previa concluida en el anterior período legislativo, fue autorizada a incorporar a su investigación todos los antecedentes, documentos y declaraciones recopilados en ella.

Dentro de las conclusiones se asigna al el ex intendente Raúl Celis "responsabilidad política inexcusable en la creación y/o mantención del clima organizacional que permitió los delitos e irregularidades administrativas investigados por esta Comisión". 

Se detalla a continuación que dicho clima organizacional fue generado por la ex autoridad "al renunciar a sus facultades exclusivas de priorización de las carteras del proyecto del FNDR, en especial de la denominadas del 2% para cultura, deportes y seguridad; en beneficio de mantener las cuotas del 30% (para definición de intendente) y del 70% (para asignación por los Consejeros Regionales), permitiendo que las prioridades se definieran en otras instancias como comisiones ad hoc o formales". 

También "al recomendar y aceptar que se financiaran proyectos de naturaleza diversa al fundamento de los distintos 2% del FNDR con fondos de fines específicos (proyectos de cultura con fondos de seguridad por ejemplo)" y al "cultivar la falta de control de las determinaciones de funcionarios de su confianza, nombrados por él, en la asignación de recursos a proyectos con fondos del llamado 2% del FNDR". 

Asimismo, se menciona que Celis no supervisó la existencia de mecanismos de fiscalización en la ejecución y rendición de cuentas de los proyectos aprobados; y no reaccionó oportunamente a la detección de irregularidades o delitos detectados en relación a las ejecuciones de proyectos financiados con el 2% del FNDR para deportes , cultura y seguridad, dando espacio a los intentos de regularizar a posteriori los hechos irregulares mediante la búsqueda de boletas o facturas falsas.

Por otra parte, indica que el informe que "el CORE de la Región de Valparaíso, distorsionó o aceptó que se distorsionara gravemente su función y competencias, pasando a ser, de un organismo evaluador y decidor de las propuestas de priorización de proyectos del intendente, a un organismo de promoción de proyectos del 2% del FNDR".

Se plantea además que "el CORE de la Región de Valparaíso abandonó totalmente, como consecuencia de lo anterior, su rol de fiscalización de la asignación y ejecución de proyecto".

Propuestas

Dentro de las propuestas de la Comisión Investigadora, se plantea la creación de un órgano administrativo autónomo, integrado por funcionarios elegidos por el sistema de alta dirección pública, cuyas funciones sea la identificación y análisis de eventuales riesgos para la comisión de delitos funcionarios y contra la probidad, con el objeto de prevenir su comisión. 

Se propone también elaborar un sistema especial de prevención, o "Mock down raids", con la realización de simulacros de comisión de irregularidades, que no sólo significa hacer auditorías sino también someter a ciertas funciones críticas de la administración en el manejo de recursos, a un monitoreo permanente de riesgos. 

También se plantea crear un sistema de denuncia de hechos que comprometan la responsabilidad administrativa o que revistan caracteres de delito a la Contraloría General de la República o al Ministerio Público, según corresponda, por un funcionario especial y autónomo, denominado Oficial de Cumplimiento Institucional. 

Adicionalmente, se llama a crear instructivos y códigos de conducta y realizar capacitaciones al interior de la organización. 

El informe fue remitido además a la Presidenta de la República y al Ministro del Interior y Seguridad Pública. 

Fuente: Cámara de Diputados