En el Congreso Nacional se presentó este martes la acusación constitucional en contra del Presidente Sebastián Piñera, donde se busca que el mandatario responda políticamente por las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos perpetradas por agentes del Estado durante y después del estado de Emergencia.  

El libelo contó con las firmas de las diputadas Carmen Hertz (PC), Emilia Nuyado (PS), Claudia Mix (Comunes), Carolina Marzán (PPD), Gael Yeomans (Convergencia), Jaime Naranjo (PS), Daniel Núñez (PC), Tomás Hirsch (PH), Vlado Mirosevic (PL), Jorge Brito (RD) y Esteban Velásquez (FRVS) y cuenta con 110 páginas, en las que se incluyen dos capítulos acusatorios.

“Una persona, por muy poderosa que sea, tiene que responder por sus actos. Sabemos que el Presidente Piñera es un hombre tremendamente poderoso, tiene un gran poder económico y ahora un gran poder político. No obstante él, como cualquier chileno, no está por encima de la ley y debe responder por sus actos. Esta acusación constitucional justamente lo que busca es que él responda por sus decisiones políticas que tomó y que han implicado estas masivas violaciones a los derechos humanos”, aseguró diputado comunista Daniel Núñez.

La diputada Carmen Hertz (PC) recalcó el importante trabajo realizado en una acusación histórica, pues es la primera que se realiza contra un Presidente de la República bajo la Constitución Política de 1980.

Detalló la diputada que las acciones imputadas a los agentes del Estado en el último mes, “han infringido claramente la Constitución y las leyes y así lo señalamos en un argumento sólido y responsable en esta acusación. Asimismo en nuestro juicio, dada la onda preocupación de la comunidad internacional por lo que está sucediendo en nuestro país, ha comprometido a juicio nuestro el honor de la nación. Estas son la razones por la cuales estimamos que no es posible que se siga con la impunidad política, la impunidad moral, la impunidad social que ha sido parte muy importante que ha detonado las movilizaciones sociales”.

En tanto el diputado PS, Jaime Naranjo, afirmó que "lo importante de esta acusación es que estamos notificando al actual Presidente Piñera y a los próximos presidentes que no vamos aceptar más violaciones a los Derechos Humanos".

A su vez, el diputado Tomás Hirsch (PH), aseveró que "esta acusación es histórica, porque lo que hemos vivido en el país es dramático. Han habido violaciones a los DD.HH. que son inaceptables y que jamás nos habríamos esperado vivir en democracia. Estamos junto a organizaciones sociales, de DD.HH., todos comprometidos con la defensa a éstos mismos, todos espantados con lo que se ha visto durante este mes. Hay un imperativo ético para esta acusación constitucional", expresó el diputado Tomás Hirsch, agregando que "los humanistas siempre hemos estado, estamos y estaremos por la defensa y protección de los derechos humanos".

Por su parte, la diputada Carolina Marzán (PPD) señaló “si bien pertenezco a una bancada firmo de manera personal. Hoy día el Presidente Piñera ha perdido toda la gobernabilidad. Queremos decir basta de las violaciones a los derechos humanos, basta de seguir violando los derechos de niñas, niños y adolescentes. Se siguen cometiendo atrocidades, ha habido muertes, no podemos seguir viviendo en un país que se llama democrático con este tipo de violaciones a los derechos humanos”.

La diputada Gael Yeomans (Convergencia) agregó que “continuamos luego de 30 días de movilización con atropellos a los Derechos Humanos. Eso es intolerable. No es tolerable en una democracia”.

El diputado Jorge Brito (RD), agregó que “si hoy hay más de 200 personas dañadas de por vida a su vista, si hoy hay muertos, si hay tanto heridos, tantos niños y niñas vulnerados en sus derechos. ¿Quién cree que acá solo hay responsabilidad de los uniformados que dispararon? Siempre se corta el hilo por lo más delgado. Acá hubo una orden y hubo actos administrativos políticos que llevaron a que el Presidente le declarara la guerra a la sociedad”.

La diputada Mapuche y Presidenta la Comisión de DD.HH., Emilia Nuyado, manifestó que su firma y respaldo a la Acusación Constitucional se debe "al actuar permisivo y la responsabilidad política del gobierno del Presidente Piñera respecto a la violaciones a los derechos humanos".

"El Presidente Piñera esta dejando actuar a Carabineros de la misma manera, como lo ha hecho con el Pueblo Mapuche. No podemos olvidar que el fue quien validó el Comando Jungla que mató al Weichafe, Camilo Catrillanca. Hoy este gobierno esta usando las mismas prácticas represivas con el pueblo y los jóvenes en Chile", dijo Emilia Nuyado.

La presentación contó además con el apoyo de organizaciones estudiantiles, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, el Colegio Médico del regional Valparaíso, organizaciones Mapuche, el Colegio de Periodistas que denunciaron desde la sociedad civil la serie de vulneraciones de derechos evidenciadas durante el último mes de movilizaciones.

Acusaciones

La acusación constitucional fue presentada por las diputadas Claudia Mix (Comunes), Gael Yeomans (CS), Carmen Hertz (PC), Carolina Marzán (PPD), Emilia Nuyado (PS) y los diputados Daniel Núñez (PC), Claudio Naranjo (PS), Tomás Hirsch (PH), Jorge Brito (RD), Vlado Mirosevic (PL) y Esteban Velasquez (FRVS). El documento está dividido en 2 partes. La primera apunta a acreditar la responsabilidad política y administrativa del Mandatario en las violaciones a los derechos humanos. La segunda parte describe cómo Piñera comprometió gravemente el honor de la nación.

En el capítulo 1 se pormenoriza la vulneración de la Constitución y la amenaza al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica fijada en artículo 19 Nº 1; El derecho a la libertad personal del 19 Nº 7; La libertad de expresión del artículo 19 Nº 12 y el derecho de reunión del artículo 19 Nº 13.

Asimismo, también se describe la grave vulneración de las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en materia de estados de excepción, al suspender ciertas garantías.

Asimismo, se detalla que el Presidente de la República ha vulnerado gravemente los derechos de los niños y niñas del país, contraviniendo de forma expresa la Convención de Derechos del Niño.

El documento también expresa que se infringieron los derechos de las mujeres de forma grave, en especial la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

En el capítulo 1 también se verifica que agentes estatales perpetraron organizada, sistemática y generalizadamente diversos delitos contra personas, como homicidios, torturas y apremios ilegítimos, abusos sexuales, violaciones, privaciones arbitrarias de libertad y heridas oculares en 217 personas.

Según Instituto Nacional de Derechos Humanos, hay 6 casos de muertes donde hay antecedentes suficientes que hacen presumir la responsabilidad de agentes del Estado en delitos de homicidio. Por otra parte, existen 7 casos donde hay antecedentes que hacen presumir responsabilidad de agentes del Estado en delito de homicidio frustrado.

En el capítulo 2, se establece que Piñera comprometió gravemente el honor de la nación, tal como se consigna en el artículo 52 número 2 letra a) de la Constitución, donde se afirma que el Presidente puede ser acusado por actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación.

“La escalada represiva sitúa a Chile como una democracia objeto de un severo cuestionamiento de la comunidad internacional. Ello obligó a las autoridades nacionales a cancelar tanto la cumbre de la APEC como la COP 25, reuniones internacionales de alta significación”, se expresa en parte del documento.

Así también queda registrado por la Condena de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad.

Chile Vamos critica

Tras la presentación de la acusación constitucional en contra del Presidente Sebastián Piñera por el PC y parte de la oposición, los diputados de Chile Vamos salieron al paso de las denuncias realizadas por los legisladores opositores y los llamaron al diálogo y seguir buscando soluciones como la semana pasada, cuando se produjo el “Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución”. 

En esa línea, el jefe de bancada de Renovación Nacional Jorge Rathgeb, aseveró que la iniciativa no tiene “ninguna viabilidad” porque “no se cumplen las causales”.      

“Llamo a todos los sectores políticos, particularmente a la oposición a que a seguir sumándose a buscar la solución a los problemas que tenemos como país y no generar expectativas, lamentablemente infundadas, para destituir a un Presidente de la República. 

Esto daña mucho a la imagen de nuestro país para salir adelante en nuestros problemas, entonces peleemos en conjunto para sacar adelante las iniciativas legales que vayan en beneficio de nuestra gente en pensiones, en salarios, en salud y educación, y no hacer un punto político que finalmente no va a tener ninguna viabilidad”, aseveró.

En tanto, el jefe de bancada de la UDI Javier Macaya, recordó que la acusación “no tiene ninguna posibilidad de prosperar”, pues para que se haga realidad necesita “un quorum de 2/3 en el Senado y claramente eso son votos que no están para esto”. 

“Si acá hacemos todos un show político y letreros que se ponen, y tratamos de generar una noticia a partir de una cuestión que no tiene ninguna viabilidad de terminar en algo concreto, me parece que es fundamental transmitirlo así. Acá hay dispersión de recursos, tiempo donde el Parlamento tiene que tener la capacidad de retomar el ambiente que suscribimos la semana pasada, el sacar adelante un gran acuerdo de una nueva Constitución y tan importante como aquello es capaz de tener la capacidad de ponerse de acuerdo en una agenda social”, agregó. 

“El Presidente ha garantizado el respeto a los derechos humanos” 

Ambos líderes fueron secundados por varios diputados de ambas colectividades, entre ellos los legisladores RN Paulina Núñez y Sebastián Torrealba, quien calificó la iniciativa como “una ridiculez” y acusaron a la oposición de “no haber entendido nada”. 

“La gente nos está pidiendo diálogo, acuerdos, la ciudadanía nos está pidiendo soluciones y esta acusación no soluciona nada. La gente nos está pidiendo que aceleremos la agenda social de nuestro país y por lo tanto, la única forma que tenemos para hacer esa petición real es a través del diálogo, a través de los acuerdos”,  

Por su parte, la diputada Paulina Núñez sostuvo que fue parte del grupo de parlamentarios que llegó al gran acuerdo político la semana pasada, el que a su juicio” le hizo bien a Chile, y que le hará bien a Chile, porque va a terminar en una nueva Constitución con amplia participación ciudadana”. 

“Hoy estamos viendo a otro grupo, el de la minoría. El de aquellos que están dispuestos a presentar una acusación constitucional con tal de marcar un punto político. Sin duda que esta acusación constitucional no va a llegar a buen puerto, pero no porque no tenga los votos en la Cámara de Diputados o en el Congreso, sino porque lo que los chilenos quieren es vernos trabajar. Quiero dejar algo bien en claro a propósito de los argumentos que esgrime la oposición o los parlamentarios en realidad que han firmado esta acusación.  Si algo garantizó el Presidente de la República desde el primer minuto, fue el irrestricto cumplimiento a los protocolos tanto de Carabineros, de la policía y por supuesto el respeto a la labor que estaba haciendo el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Le solicitó incluso a observadores internacionales que vinieran a nuestro país para dar mayor garantía de aquello”, recordó. 

Por último, el diputado UDI Juan Antonio Coloma, aseveró que “nos resulta absolutamente incoherente firmar el viernes un acuerdo por la paz  y cuatro o cinco días después estar presentando una acusación contra el Presidente. Acá lo que hay es, a ratos defender un electorado, a ratos defender un espacio político y no entender que los chilenos están pidiendo otra cosa”.