Al comenzar marzo habían tres temas que complicaban a la autodenominada “Alcaldía Ciudadana”: los reclamos del comercio local, específicamente el de calle Condell, desahuciado por la violencia callejera y los saqueos de los meses anteriores y con varios locales incendiados, cerrados o a punto de desaparecer; el retraso en la restauración de los ascensores, que se sumaba al escandaloso cobro por trabajos no realizados en el ascensor Villaseca y la cuasifatal caída del recién inaugurado ascensor Concepción; y, a estas alturas, el vergonzoso retraso en las obras de la escuela Ramón Barros Luco, que impidió el inicio del período de clases para sus estudiantes, sumado al masivo despido de docentes de los colegios municipalizados el mismo día de inicio del año escolar.

Ante esto, no es de extrañar que la crisis del COVID-19 fuera vista como una excelente oportunidad para deshacerse de estos problemas: el Municipio de Valparaíso, y específicamente su alcalde, fue uno de los primeros que declaró la cuarentena preventiva mediante el decreto nº 1.200 del 20 de marzo 2020, ordenando la suspensión de clases, el cierre de los ascensores y la adhesión al cierre de discos, pubs y restaurantes, para luego extenderlo al mall Paseo Ross y tiendas. De un plumazo se decretó la suspensión de todos los problemas de marzo de la administración, por verdaderas causas de fuerza mayor. Y mundial. Una solución caída del cielo.

Una situación que afecta a todo el mundo por igual, sirvió también para tratar de esconder ciertos pecados que la actual administración de la Municipalidad de Valparaíso ha estado cometiendo desde su arribo a la ciudad.

Siendo las constantes denuncias sobre abusos laborales cometidos por los nuevos jefes y el círculo más cercano al alcalde una de las principales críticas hacia la gestión municipal, una semana después del decreto de cuarentena preventiva surgió otro, menos publicitado, que suspendía los procedimientos disciplinarios en trámite debido a la contingencia por el coronavirus. Recordemos que en el caso del encargado de prensa del gabinete de Sharp denunciado por acoso sexual, el sumario lleva casi un año en un dilatado trámite con el acusado suspendido tanto de su militancia en Convergencia Social pre-éxodo autonomista como de sus funciones municipales, pero recibiendo íntegramente su abultada remuneración mensual.

Por esos mismos días, a raíz de una querella interpuesta en el Juzgado de Garantía de Valparaíso por parte de una funcionaria despedida tras 28 años de trabajo en la Municipalidad en contra de los abogados Felipe Cornejo, Fiscal Administrativo de la Municipalidad, y Nicolás Guzmán, Director de Asesoría Jurídica, el alcalde firmó un decreto para contratar por 15 millones de pesos al abogado Juan Carlos Manríquez, conocido por su astuta defensa al ex alcalde Jorge Castro durante su juicio por notable abandono de deberes el año 2016, para defender esta vez al abogado Cornejo. Repito: 15 millones de pesos del presupuesto municipal para justificar en Tribunales el despido de una extrabajadora. En el mismo juicio, Guzmán está siendo representado por Enrique Aldunate, abogado conocido por su labor como asesor legislativo de la bancada del Partido Socialista de la Cámara de Diputados, cuya contratación ni el monto de sus honorarios figuran en los datos públicos del municipio, por lo que el financiamiento de la defensa de Guzmán no puede atribuírsele con certeza a las arcas municipales.

Y continuando con la línea de contrataciones y métodos similares a los que efectuaba el criticado alcalde Castro, durante tres sesiones consecutivas del Concejo Municipal se ha cuestionado al alcalde por la práctica cada vez más habitual de dilatar forzadamente las licitaciones para terminar llegando a tratos directos, incluso con empresas objetadas por el mismo alcalde. Casi sucedió con la licitación de la empresa a cargo de la mantención del alumbrado público, que aún tiene a gran parte de las calles en los cerros sin luz, pero sí ocurrió con el polémico arriendo de los camiones de aseo a la empresa Fullmaq. Pese a las advertencias y reparos de varios concejales, nuevamente se debió recurrir a un arriendo por trato directo con esta empresa, ya que no se licitó cuando correspondía, lo que además retrasará la prometida compra de nuevos camiones. El costo mensual de cada uno de los 12 camiones que se arrendará por seis meses es de 150 UF, o sea, se pagarán más de 300 millones de pesos a la empresa Fullmaq, que es el nuevo nombre que usa la empresa Total Transport, la misma que tenía el contrato de arriendo de camiones recolectores de basura con la Municipalidad durante la gestión de Castro al que el alcalde Sharp le puso fin publicitadamente acusándolo de ser uno de los contratos más lesivos para la ciudad.

Entre medio de todo esto, y un tanto desapercibidas ante la opinión pública, gracias al pánico mundial, se han filtrado otras polémicas por millonarios e innecesarios concursos aparentemente hechos a la medida para repartir los cargos directivos en escuelas y liceos entre los partidarios y operadores políticos de esta administración municipal; por un grosero intento de suplantar a la dirigencia vecinal, mediante una carta redactada desde el Municipio que simulaba provenir de dirigentes; por un torpe plan de “confinamiento comunitario” iniciado a la fuerza con el cierre de las oficinas de atención del edificio municipal de Av. Argentina; por dos fallos judiciales, tanto el absurdo recurso presentado por la Alcaldía contra el ministro Mañalich, que buscaba revelar las identidades de los contagiados por COVID-19 en la ciudad, como el recurso en su contra presentado por la Inmobiliaria Del Puerto SpA, que pretende construir las monstruosas torres del siniestro empresario Nicolás Ibáñez en Parque Pümpin, ambas con fallos desfavorables para la Municipalidad debido a las insensatas decisiones municipales, al borde de la ilegalidad, y que ahora dejan en riesgo a la comunidad tanto ambiental como financieramente; y por la incumplida promesa de que el sueldo base mínimo de todo funcionario municipal o de la Corporación Municipal a contar de este año sería de $450.000.

No estamos precisamente ante una administración municipal transparente, como tanto gusta de calificarse, ni mucho menos con las manos limpias. Estamos nuevamente ante otra gestión, otra más del mismo saco de las anteriores, que corrompe el sentido del servicio público y que cumple a cabalidad con el karma o la maldición porteña de tener pésimos alcaldes, sólo que esta vez cuenta con un inescrupuloso, violento y desproporcionado aparataje comunicacional para exagerar sus hasta ahora casi inexistentes logros, y encubrir tanto sus errores como sus fechorías.