Hay una diferencia importante entre autoridades electas y autoridades designadas. Las primeras, sean estas nacionales, regionales o locales, deben ser reconocidas y empoderadas como tales, al ser representantes electas democráticamente por la ciudadanía. Cuando se aprobó la ley que impulsaba el actual proceso de regionalización mediante la elección de los Gobernadores Regionales, no pocos advertimos el complejo panorama que esto conllevaría, al existir amarres de parte del gobierno central para limitar el poder de decisión e inversión de las regiones a través de los Delegados Presidenciales. En vista de lo difícil que había sido avanzar en desconcentrar el país en los últimos 200 años, sin duda era mejor no detener el proceso y seguir conquistando pasos en el camino. Hoy es tiempo de esa tarea, a pesar del nulo avance del gobierno actual en este sentido.

Es momento de que el Ejecutivo dé todas las condiciones al Gobernador para su debida instalación y empoderamiento. El Intendente deberá entregar sus oficinas a quien se transformará en la principal autoridad de la región, y corresponde que no le deje comprometidos recursos que puedan limitar su gestión futura.

Por su parte, el Gobernador deberá enfrentar un trámite engorroso, diseñado de manera paternalista por el Estado, para iniciar el traspaso de cargos y competencias que hoy son definidos por el Presidente de la República y que deben estar en poder de la región. Esperemos de parte del ejecutivo una verdadera disposición para colaborar y no para entorpecerlo.

Sin perjuicio de que hay muchos temas críticos, me parece fundamental priorizar la regionalización de instituciones que permitan enfrentar algunas de las crisis que actualmente tenemos. Un caso debe ser Serviu, para gestionar regionalmente el grave déficit de vivienda, con campamentos que se han duplicado en el último período. Otro debiera ser la Seremi de Transportes, para avanzar decididamente y sin complejos en un sistema de transporte público digno, que haga frente a los graves problemas de congestión, avanzando decididamente en conectar a los barrios más alejados, que hoy sufren el abandono de nuestras autoridades gracias a un sistema precarizado y sin ningún control por 15 años. A su vez, CORFO debe estar al servicio de una política regional de desarrollo, ampliando y diversificando la matriz productiva local hacia una basada en el conocimiento (tenemos importantes universidades y centros de investigación), y no en la extracción de recursos naturales sin valor agregado. Al no poder incluir en este listado a la Dirección General de Aguas, para fiscalizar su extracción ilegal y la sobreexplotación de cuencas, ya que hoy reside en el MOP, el Gobernador puede crear un equipo ad-hoc con ese objetivo, como primer paso hacia un proceso que sin duda debiera ir mucho mas allá.

Es un gran desafío para nuestro primer Gobernador Regional que dejemos de ser una región tutelada por la capital y avancemos hacia una construida desde su diversidad territorial y cultural. Será un proceso de largo aliento, que requerirá convicción en nuestras capacidades y el compromiso de todos los actores sociales. Un paso histórico que no podemos desaprovechar.