Por Jaime Lindh, investigador Fundación P!ensa

En la región durante los últimos meses conocimos nuevamente eventuales casos de corrupción y de faltas graves a la probidad en el sector público. Para hacerse cargo de este escenario -por supuesto, inconsistente en el tiempo- el Gobierno Regional (GORE) de Valparaíso ha propuesto algunas medidas que representarían –si se llevan a cabo- un avance. Estamos hablando de la creación de la comisión de ética y de una fiscalía interna. Sin embargo, consideramos que tales son aún insuficientes; en especial, en lo que compete a la transparencia en la asignación del presupuesto.

El Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) corresponde al principal instrumento de inversión de los gobiernos regionales. Por ello, es relevante que su asignación a los distintos organismos públicos y privados (municipios, servicios públicos desconcentrados, universidades públicas y privadas, gremios, centros de investigación, etc.) se realice de manera transparente y –sobre todo- velando por la eficiencia.

En este contexto, según los datos de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, durante el año 2015 el GORE de Valparaíso ejecutó un presupuesto de inversión de $70.365 millones, equivalente al 96% del total presupuestado.

Para muchos este porcentaje de ejecución corresponde a una muy buena noticia. Pero, realmente no hay motivos para tal júbilo. Si bien, el 96% puede indicar una gestión eficaz de los recursos por parte de las autoridades, poco nos señala respecto si la ejecución se hizo de manera eficiente; en otras palabras, acorde a las necesidades de la ciudadanía.

¿Cuáles fueron los territorios, la población y los problemas priorizados en la asignación de estos recursos siempre escasos? ¿Qué organizaciones fueron las receptoras de estos fondos? ¿Son éstas las más idóneas?

En teoría responder estas interrogantes deberían ser simple. Es más, la Ley de Transparencia obliga a los órganos del Estado a “mantener a disposición permanente del público, a través de sus sitios electrónicos” los antecedentes relacionados -entre otras cosas- a la asignación de su presupuesto, debiendo ser -la información en cuestión- actualizada una vez al mes.

Sin embargo, a pesar del mandato legal, se identifican hechos que dan luces de un claro incumplimiento a la Ley de Transparencia por parte del GORE de Valparaíso. En concreto, en su portal web uno encuentra información totalmente desactualizada. Del total de $70.366 millones ejecutados solo se detalla la información de los meses de enero, febrero, marzo y mayo del 2015, equivalentes al 30% del total ejecutado en el año. ¿Qué ocurre con el restante 70%? ¿Por qué se “saltó” abril en donde se asignaron $7.227 millones?

Para ser justos, si uno sigue “escarbando” en la “grapa” de información puede encontrar algo más; eso sí, de manera parcelada. Por ejemplo, están los resultados de la asignación de los fondos concursales en cultura, seguridad ciudadana y deportes (que alcanzan sólo el 6% del FNDR) y; además, entre los documentos de la Comisión de Inversiones del Consejo Regional (CORE) están disponibles informes trimestrales de la ejecución de las iniciativas de inversión financiadas por el FNDR.

Da la impresión de que las autoridades acusaron recibo al proponer medidas concretas que buscan minimizar la ocurrencia de nuevos casos de corrupción. No obstante, creemos que estas son escuetas al no observar avances en la actualización y publicación del uso efectivo que se le dio al FNDR durante 2015.

En definitiva, el promover prácticas de transparencia en el sector público genera ganancias para todos: se evitan suspicacias, mejora la confianza a las autoridades públicas y; principalmente, ayuda a que el uso de los recursos de todos se priorice en función de los problemas y necesidades reales y atingentes a nuestro territorio.