La sospechosa alianza entre Contraloría y el alcalde de Valparaíso

En diciembre del año 2016, durante la primera sesión del Concejo Municipal de Valparaíso encabezada por el recién electo alcalde Jorge Sharp, se aprobó realizar una auditoría externa para revisar el estado financiero en que la gestión de Jorge Castro había dejado al Municipio. Días después, el alcalde anunciaba que había logrado un gran ahorro de recursos al conseguir que la Contraloría General de la República realizara la auditoría. En esos tiempos, sustentaba dicha colaboración en “la gestión transparente como uno de los compromisos de la Alcaldía” y comenzaría también una particular relación entre la Contraloría y la autodenomidada “Alcaldía Ciudadana”.

Con los años, mientras el alcalde y sus asesores perdían todos y cada uno de sus juicios en tribunales, salían airosos de todos y cada uno de los informes de Contraloría. Es más, tal como ocurrió durante la sesión del concejo extraordinario de la semana pasada, al recordarle al concejo que fue él mismo quien denunció al concejal Daniel Morales ante Coontraloría, por el caso de la Expo Gaudí que lo involucraba, Sharp solía jactarse de los constantes resultados a su favor en los informes del organismo fiscalizador. Tal era la confianza en su inmunidad que incluso se autodeunciaba él mismo a Contraloría cuando se descubría alguna irregularidad de parte de su administración.

Esta racha se mantuvo hasta el implacable informe final de la auditoría Nº 273 que la Contraloría realizó a la Corporación Municipal de Valparaíso (CORMUVAL) y que reveló malversaciones por más de 930 millones de pesos, y el trabajo de menores de edad en dos liceos de la Corporación durante la administración de la actual alcaldía, antecedentes que debido su gravedad fueron derivados al Ministerio Público, a la Superintendencia de Educación, a la Dirección del Trabajo, al Servicio de Impuestos Internos y a la Defensoría de la Niñez.

¿Hubo protección de parte de la Contraloría a la gestión de Sharp antes de este inculpador informe? Considerando que la Fiscalía ya había investigado una denuncia contra el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, y sus asesores más cercanos, especialmente el Jefe de la División Jurídica, Camilo Mirosevic, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación, y que los rumores de vínculos entre Bermúdez, Mirosevic y Sharp se hacían cada vez más frecuentes, resultaba al menos sospechosa la facilidad con la que la actual administración municipal en Valparaíso salía triunfante de cada denuncia ante el organismo fiscalizador; sobre todo si además se tiene en cuenta que el nexo entre los tres involucrados iría más allá de una relación académica cuando Bermúdez fue profesor de la carrera de Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV. Comprende también la posesión del 20% de una sociedad que Camilo Mirosevic traspasó indirectamente a Jorge Sharp antes de ser electo alcalde de Valparaíso.

En casi cada reseña que se hizo de Jorge Sharp cuando asumió como alcalde a fines del año 2016, se menciona al estudio jurídico OLS como su único trabajo antes de la elección, y en su declaración de intereses inicial poseía participación en dos sociedades: “Inversiones Manantiales”, una sociedad formada en Punta Arenas por sus padres que en años posteriores lo incorporaron a él y a su hermano; e “Inversiones y Asesorías OLS” en la que no solamente trabajó, sino que fue dueño del 20% de la sociedad.

El nombre original de OLS era “Inversiones y Asesorías Mirosevic y Ortiz”, y fue Camilo Mirosevic quien constituyó la sociedad en Santiago, con un 20% de participación, junto a Avelino Ortiz, José Ortiz y dos personas más, según los datos inscritos en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago (fojas 28441, nº 19576 del 2008). En ese entonces, existía una página web (mirosevic-asociados.cl) que hoy está inactiva, pero quedan registros en donde puede verse que además trabajaban allí Edwin Flores y Francisco Labraña, quienes posteriormente también entrarían a la sociedad. En el año 2014, Mirosevic cede su 20% de participación a una abogada ariqueña llamada Paola Prieto, (modificación, fojas 59553 nº3662, 2014 CBR Stgo.) y quedan José Ortiz, Avelino Ortiz, Francisco Labraña y Paola Prieto como los socios, cambiando el nombre a “Inversiones y Asesorías OLP” (Ortiz, Labraña y Prieto) . Luego, dos años después y apenas un par de meses antes de las elecciones municipales, Paola Prieto cede el mismo 20% que le perteneció antes a Camilo Mirosevic a Jorge Sharp (fojas 15328, nº 8574 del 2016 CBR Stgo.), cambiando nuevamente el nombre por el ya conocido “Inversiones y Asesorías OLS” (Ortiz, Labraña y Sharp) y trasladándose a Valparaíso.

Con los antiguos socios del Jefe de la División Jurídica de la Contraloría, Camilo Mirosevic, siendo ahora socios del nuevo alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, comenzó el primer período de la Alcaldía Ciudadana y la colaboración inicial entre Contraloría y la nueva administración municipal de Valparaíso.

¿Qué pasó con OLS?

Desde el año pasado, OLS dejó de aparecer en la declaración de intereses del alcalde Jorge Sharp, quien tiempo antes le cedió su porcentaje a otro abogado que trabajó con Mirosevic, Edwin Flores, y junto a él se retiró Avelino Tapia (fojas 31843 nº17552 2017, CBR Stgo.), a quien llevó consigo como funcionario a honorarios ganando poco más de 2 millones de pesos en la Municipalidad de Valparaíso. Los socios de OLS, ahora convertida en sociedad por acciones, serían ahora José Ortiz, Francisco Labraña y Edwin Flores quienes continuarían trabajando en la misma oficina de OLS, pero bajo el nombre de DelPuerto Abogados, estudio jurídico vinculado a DelPuertoComunicaciones, agencia perteneciente a Nicolás Véliz, encargado de prensa de Jorge Sharp y socio fundador de la Corporación Mil Tambores (sospechosamente, hay una denuncia ante Contraloría, folio W017237 del 2020, que incuye a la Municipalidad de Valparaíso y Mil Tambores que lleva meses sin avanzar). Ambas oficinas comparten el mismo sitio web.

Y a partir de estos antecedentes, nuevamente aparece un nexo poco transparente entre la CORMUVAL y la Contraloría, pues aunque alguno de los exsocios de Sharp y Mirosevic ha trabajado eventualmente prestando servicios para la CORMUVAL, lo preocupante es que Ortiz, Labraña y Flores fueron los asesores de la CORMUVAL en la negociación colectiva de agosto del 2019 con el Sindicato de Trabajadores de los Cementerios (SITRACEM), misma asesoría que Ortiz y Labraña también habían realizado en octubre del 2018 durante la negociación colectiva del Sindicato de la CORMUVAL, Área Aseo Valparaíso (SICOAVAL). Ambos sindicatos forman parte de la multigremial que denunció los maltratos laborales por parte de la administración de Jorge Sharp, y esos trabajadores han tenido como contraparte en dos negociaciones a los exsocios del alcalde y del jefe jurídico de la Contraloría.

Con todos estos antecedentes a la vista, no parece tan descabellado volver a preguntarse si acaso ha habido protección de parte de la Contraloría a la gestión de Sharp, y reinterpretar con una visión mucho más crítica esa alianza que en los primeros días prometía una “gestión transparente como uno de los compromisos de la Alcaldía”.