Por Patricio Rozas

Una áspera discusión se desarrolló el miércoles pasado en la sesión del Concejo Municipal de Valparaíso entre el alcalde Sharp y sus principales colaboradoras de la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLA), por un lado, y el concejal Claudio Reyes, quien preside la Comisión de Desarrollo Urbano del Municipio, por el otro.

No es la primera vez que las diferencias políticas en materia de planificación urbana y territorial afloran con tanta intensidad entre los militantes del Movimiento Autonomista —uno de los entes precursores del partido Convergencia Social, actual domicilio del grupo liderado por Sharp en el Frente Amplio— y los concejales Reyes y Morales que representan al Movimiento Valparaíso Ciudadano, hoy heredero del desaparecido Pacto Urbano La Matriz, que sustentó la campaña e instalación de Sharp en el sillón edilicio en diciembre del 2016. Ocurrió también cuando se discutió la modificación del límite impuesto a la construcción en altura en algunos sectores de la comuna de Valparaíso, hasta ahora la única modificación introducida al Plan Regulador Comunal (PRC).

En esta oportunidad, las diferencias giran en torno a la construcción del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), el principal instrumento de planificación urbana que dispone la autoridad municipal para orientar el desarrollo de la comuna de Valparaíso en todos los planos, identificando en conjunto con la ciudadanía los principales problemas y carencias, las soluciones posibles y las estrategias a seguir para alcanzar esas soluciones, de modo de proporcionar a los porteños una mejor calidad de vida y la realización de los sueños de cada cual. En otras palabras, es la carta de navegación que orientará el desarrollo de Valparaíso en los siguientes ocho años contados a partir de su aprobación.

Valparaíso ha carecido de esta carta de navegación desde 2010, cuando expira la vigencia del último PLADECO aprobado en 2002. Esto refleja la mala calidad de la gestión municipal de las últimas administraciones, siendo la del alcalde Castro la principal responsable de esta desprolijidad. El terremoto de 2010 y el mega-incendio de 2014 debieron ser factores detonantes de nuevos planes de desarrollo de la ciudad y de la comuna, evitando con ello que estas quedaran al libre albedrío de la burocracia del gobierno central.

Cabe mencionar que el conflicto entre los militantes del Movimiento Autonomistas y los profesionales procedentes de las organizaciones ciudadanas ha estado latente desde los inicios de la administración liderada por Sharp, cuando descabezó la SECPLA a los pocos meses de iniciar su gestión.

Esto significó la salida de profesionales claves en la preparación del Plan de Desarrollo, en general vinculados al MVC, incluyendo al entonces Director del recién creado Departamento de Planificación —al que no se le perdonó su pasado concertacionista— y una socióloga especializada en métodos cuantitativos de investigación, hoy profesora del magister que dicta el Instituto de Sociología de la Universidad de Chile, en Santiago.

Asimismo, a fines de 2018 fueron cesados de sus funciones los dos arquitectos que habían asumido la responsabilidad de la preparación del instrumento, lo que generó nuevos cambios en la orientación estratégica del trabajo que se desarrollaba y los atrasos consecuentes que derivan de los cambios producidos en los equipos de trabajo.

Por cierto, estas diferencias no son casuales: su trasfondo lo constituyen los distintos idearios que sustentan las acciones emprendidas por los funcionarios autonomistas y los procedentes de las organizaciones ciudadanas en la representación política de sus respectivos proyectos de ciudad. Mientras los primeros buscan asentar territorialmente una organización política nacida en las aulas universitarias, los segundos intentan materializar las demandas a partir de las cuales se constituyeron las organizaciones ciudadanas y las impulsaron en un proceso de empoderamiento en el marco del creciente debilitamiento de la credibilidad de los partidos políticos tradicionales.

Ello tiene que ver con el escenario social y político en el que se produjo el triunfo de Sharp en octubre del 2016, y que precisamos en el libro que escribimos en conjunto con Marcelo Mellado (“Política y ciudadanía: los gritos del Puerto”), a saber: el triunfo de Sharp fue un triunfo ciudadano de un electorado transversal hastiado de la desidia, el estancamiento y la ineficiencia de quienes habían gobernado la ciudad, y no el de las clases populares descolgadas de la parte alta de Valparaíso para manifestar en las urnas la opción a favor de un proyecto de profundas transformaciones sociales y económicas.

Personificar el conflicto en las conductas del adversario, descalificando al otro, es la peor forma de abordarlo —más bien, de no solucionarlo— en tanto oculta su naturaleza esencial. Ello obliga a concentrarse en los aspectos objetivos que han sido debatidos, principalmente en las sesiones de la Comisión de Desarrollo Urbano, que condicionan su validez al margen del contenido del PLADECO que se expondrá a consideración del Concejo en la sesión de hoy miércoles 19 de junio.

Un primer tema lo constituye el tamaño de la muestra de ciudadanos considerados en la construcción del instrumento de marras, inferior a 600 unidades muestrales. Si tenemos en consideración que la población comunal es cercana a 300.000 personas, las casi 600 unidades empleadas son insuficientes para obtener una información representativa, muy cercana a la realidad, con un margen de error estadísticamente aceptable.

El encargado del PLADECO durante la administración de Jorge Castro ha destacado en redes sociales que el proyecto que él encabezó entrevistó a casi 6.000 personas. Evidentemente, esto también es un error, toda vez que las tendencias que siguen los datos cambian casi nada a partir de las 1.100 – 1.200 unidades muestrales, si la muestra está bien construida. Ello significó que en la administración de Castro se malgastara buena parte de los 200 millones de pesos que el Gobierno Regional asignó al municipio para estos efectos y que este no pudiera completar el proceso.

Un segundo tema lo constituye la construcción de la muestra que será analizada e investigada, es decir, la metodología o definición de los mecanismos que serán empleados para seleccionar las personas que serán encuestadas o entrevistadas, o incluidas en actividades de focus group o de participación ciudadana. Un llamado a participar espontáneamente (que lleguen los que lleguen) no es la forma más idónea para garantizar que la muestra sea representativa de la población muestral y que la información obtenida sea confiable, siendo posible la sub-representación de grupos etarios específicos (v.gr. adultos mayores y jóvenes en edad escolar) o la sobrerrepresentación de grupos definidos por actividad (v.gr. empleados municipales, dirigentes de organizaciones vecinales).

En este sentido, la posibilidad de emplear los datos censales permite construir una muestra aleatoria estratificada por diversos factores, altamente representativa de la población muestral y de su distribución proporcional, permitiendo obtener una información muchísima más cercana a la realidad y, sobretodo, evitando la irrupción de sesgos muestrales que intoxican la información posible de obtener como puede ser, por ejemplo, la participación desmedida de funcionarios municipales o provenientes de alguna actividad económica interesa en incidir en los resultados y la planificación posterior, o de militantes de una determinada organización política o religiosa.

En consecuencia, no es inapropiado establecer mecanismos de control, tanto internos como externos, para garantizar una construcción óptima de la muestra estudiada y niveles de confianza adecuados que validen el estudio.

Nada de esto puede implementarse con los llamados de participación espontánea que ha realizado la actual administración, lo que coloca en cuestión la representatividad de la muestra y la confiabilidad de la información obtenida a partir de una muestra mal diseñada y mal construida.

Un tercer tema lo constituye la participación de los actores sociales relevantes de la ciudad, estadísticamente no asimilables a las unidades muestrales, que debiera haber sido tratada mediante otras herramientas metodológicas, como son las entrevistas en profundidad. Ello no solo permite verificar la concordancia de la visión de los problemas y sus caminos de solución entre la ciudadanía y los tomadores de decisiones, aspecto de gobernanza que se requiere resolver en cualquier estrategia de desarrollo local que las autoridades acuerden implementar.  

Un cuarto tema es la composición de los equipos y su estabilidad: la idoneidad profesional de los integrantes del equipo que opera como contraparte municipal, su experiencia en la planificación pública y territorial, el conocimiento acabado de la ciudad, de sus conflictos y de sus carencias en cada sector de la comuna, y su permanencia en el equipo, son aspectos claves para garantizar un buen trabajo.

En este sentido, la solicitud de información respecto de tal composición por parte del concejal que preside la Comisión de Desarrollo Urbano, Claudio Reyes, a las autoridades del Municipio, no es para nada una petición antojadiza y extraña profundamente que estas se hayan negado a responder. Del mismo modo, tampoco corresponde que estas interpreten como ataques personales —peor aún, conflictos de género— la solicitud formulada por el Concejal Reyes en relación con la metodología empleada para construir la muestra o la composición de las unidades muestrales, aspectos que son claves para establecer si el trabajo emprendido por la SECPLA en sus dos años y medio de gestión debe ser respaldado o no.