El Presidente de la Republica, Sebastián Piñera, reiteró su llamado a aprobar el proyecto de ley de resguardo del orden público, conocido como “antiencapuchados” o “ley Hinzpeter”. Esta iniciativa contempla sanciones a los organizadores de manifestaciones masivas que culminen con hechos de violencia, entre otras disposiciones.

El Mandatario relacionó nuevamente la necesidad de fortalecer el orden público, con la muerte del carabinero Daniel Silva, cuando repelía un acto de delincuencia común, y señaló que “si bien no es lo mismo un delincuente que asesina un carabinero que un encapuchado, lo cierto es que las víctimas son siempre las mismas, son carabineros. Desde ese punto de vista, para proteger a nuestros carabineros, para que elloso nos protejan a nosotros, la Ley Antiencapuchados, la ley que protege a carabineros y la ley de identificación preventiva son muy necesarias”.

Para parlamentarios de la Concertación y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, la normativa vulnera la posibilidad de ejercer la libertad de asociación y de expresión.

Esta apreciación es rechazada por los diputados de Renovación Nacional, Cristián Monckeberg y José Manuel Edwards.

A juicio de los parlamentarios, durante el debate legislativo se eliminaron todas las indicaciones que pudiesen prestarse para arbitrariedades contra quienes se manifiestan pacíficamente.

En ese contexto, José Manuel Edwards criticó fuertemente al relator de Naciones Unidas, Ben Emmerson, quien aseguró que Chile cuenta con instrumentos suficientes en su ordenamiento jurídico para combatir y sancionar adecuadamente actos de violencia, sin introducir etiquetas y estereotipos.

El diputado indicó que “acá hay que hacer una separación entre quienes viven la realidad y requieren defensa, y las personas que viven en un escritorio de Nueva York. Hay que ponerse en los zapatos de quienes sufren la violencia en Chile, y de los carabineros que son constantemente atacados en las manifestaciones, por gente que no va precisamente a ejercer su legítimo derecho”.

Por lo mismo, su par Cristián Monckeberg, llamó a la candidata Michelle Bachelet a dar a conocer su postura acerca de la seguridad pública, que a juicio del diputado es un problema que preocupa a la inmensa mayoría de la población.

Monckeberg insistió en criticar la supuesta minuta surgida del comando presidencial de la Nueva Mayoría, que llama a obstaculizar la agenda legislativa del Ejecutivo.

El Presidente del Senado, Jorge Pizarro, reaccionó con molestia, ante lo que considera una estrategia de aprovechamiento político del Gobierno y aseguró que La Moneda le falta el respeto al Poder Legislativo.

“La insinuación del Presidente de la República de que en el Congreso tenemos manga ancha con la delincuencia, no es aceptable. En el Senado hemos legislado un conjunto de leyes para frenar el avance de la delincuencia, y lo realizado por el Jefe de Estado es una falta de respeto al Congreso en su conjunto, que daña la institucionalidad republicana”, indicó el senador.

Para los movimientos sociales, la ley antiencapuchados, sigue teniendo como propósito la represión de las expresiones de descontento ciudadano.

Así lo reflejan las palabras de la Presidenta de la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud, (FENPRUSS) Gabriela Farías, quien señaló que “las indicaciones enviadas por el Gobierno mantienen en su articulado el castigo con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio por paralizar o interrumpir algún servicio público, tales como los servicios hospitalarios, ello atenta claramente con el ejercicio de la libertad sindical”, según la dirigente.