Así como el estallido social fue la explosiva develación de las vergüenzas de nuestra sociedad y de sus autoridades, la emergencia sanitaria que nos impuso la pandemia mundial del COVID-19 resultó muy útil como el nuevo y oscuro manto para encubrir esas mismas vergüenzas, y demostrar que quienes estuvieron con sus cabezas a punto de caer en una figurada guillotina ética no sólo no entendieron nada, sino que además no pretendieron jamás cambiar los infames hábitos que hicieron reventar de indignación a nuestro país hace apenas siete meses.

En pleno levantamiento y bajo la presión de diversos grupos ciudadanos, el 17 de diciembre del año pasado los senadores miembros de la Comisión de Vivienda de la Cámara Alta comunicaron que no seguirían tramitando la llamada Ley de Integración Social y Urbana, una canallada aprobada meses antes por el pleno de la Cámara de Diputados y que ahora, conforme a la nueva sensibilidad, sería reformulada con una mayor participación ciudadana y de la mano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para corregir la descarada impunidad que prometía a las empresas inmobiliarias. Un triunfo de la ciudadanía, los malos al fin aprendieron la lección y el estallido no fue en vano.

Pero no. Encubiertos por el efecto distractivo de la crisis del COVID-19, el 5 de mayo la nueva Comisión de Vivienda de la Cámara Alta aprobó por unanimidad la idea de legislar exactamente la misma ley, con exactamente las mismas intenciones y con la misma urgencia con la que se ingresó en diciembre del año 2018. ¿Qué sucedió? Cambiaron los miembros de la comisión. Uno de los unánimes responsables, el senador por nuestra región, Juan Ignacio Latorre, se justificaba en sus declaraciones a El Ciudadano admitiendo “el error de no haberme enterado de esa sesión del Senado de diciembre (2019)”, en la que se había decidido reformular este proyecto de ley. Infantil error que cae en el mismo saco de los “errores” de “los viejos políticos”, pero que pone en riesgo a nuestra ciudad quizás más que a todo el país.

¿De qué se trata la Ley de Integración Social?

Es un capcioso proyecto que, entre puerilidades como el cambio de nombre del “Ministerio de Vivienda y Urbanismo” por el de “Ministerio de Ciudad, Vivienda y Territorio” (olvidémonos de decirle MINVU), propone aberraciones urbanísticas hechas a la medida del insaciable bolsillo de las empresas inmobiliarias. Propone, entre otras cosas y bajo la excusa de impulsar la integración urbana, establecer “medidas que incentiven el emplazamiento de proyectos de viviendas integradas en sectores con adecuados indicadores y estándares de calidad de vida y desarrollo urbano” que en la práctica se traduce como ofrecerles a las inmobiliarias los mejores sectores urbanizados de las ciudades para que desarrollen proyectos saltándose las normativas de los planos reguladores comunales e intercomunales, bajo la única condición de que asignen “cierto porcentaje” de sus edificios para viviendas sociales ¿Y por qué se saltan la normativa? Pues porque precisamente ése es el incentivo: beneficios en normas urbanísticas y usos de suelos distintos a los establecidos por el plan regulador comunal, además de consagrar por ley que “el nivel intercomunal de planificación pueda establecer normas urbanísticas o condiciones que primen por sobre las de la planificación comunal, imponiendo desde ese nivel (de ciudad) disposiciones que promuevan la densificación y/o integración social en sectores en los que el plan regulador comunal contempla normas muy restrictivas”. Más densificación, más altura y la posibilidad de darle a sus edificios usos prohibidos, es lo prometido en la nueva ley, sin importar lo que la comunidad haya decidido previamente para su ciudad.

Por otro lado, la misma ley indica que para acceder a estos “beneficios”, los proyectos deben emplazarse en sectores que cumplan ciertos requisitos: que estén cerca de una estación de metro, o tren; o cerca de servicios; o cerca de colegios; o comercios; hasta cerca de una notaría. Básicamente, cualquier lugar urbanizado del centro de la ciudad.

Y ni siquiera son viviendas destinadas a su postulacióin a través del subsidio habitacional, ya que lo que pretende la nueva normativa es incentivar el Subsidio de Arriendo, facultando a los Servicios de Vivienda y Urbanización para “concesionar, mediante licitación pública, el uso y goce de terrenos de su propiedad”. Concesiones de terrenos públicos para goce de privados.

Ley de Integración Social en Valparaíso

Para variar, si se aprueba esta ley, Valparaíso sería nuevamente la ciudad que sufriría la peor calamidad, pues los terrenos que cumplen con los requisitos para acogerse al “beneficio” representan prácticamente a todo el área del plan de la ciudad, y casi la totalidad de los cerros bajo la Avenida Alemania, incluyendo el sector de Muelle Barón, en donde hace un par de años el mismo ministro que promueve esta ley junto a operadores inmobiliarios de la calaña de Iván Poduje anunciaron el polémico proyecto Parque Barón que, con la complicidad de la autodenominada “Alcaldía Ciudadana”, derivó en burdas simulaciones de consultas ciudadanas hechas a la fraudulenta medida de los secuaces del mismo Poduje, por lo que perfectamente también podría haber otra intención oculta más por parte de los mismos ideólogos que dejaron amarrado el espurio proyecto inmobiliario que reemplazaría al nunca iniciado Mall Barón.

El plan de la ciudad, y con mayor intensidad el núcleo comercial de calles Condell y Esmeralda, ha sido azotado por la violencia posterior al 18 de octubre y muchos de sus locales han debido mantenerse en una blindada clausura, ya sea porque fueron saqueados, incendiados o cerrados por los riesgos de los constantes disturbios, lo que se potenció con las medidas tomadas por la crisis del COVID-19 que afectó con particular ensañamiento al rubro gastronómico y nocturno. Ante la quiebra sistemática de negocios y la pérdida física de edificios, el desolado plan porteño es la víctima perfecta para que la voracidad inmobiliaria lo aniquile y arrase con cualquier intención de ordenamiento de la ciudad, bajo el desalmado beneplácito de la monstruosa Ley de Integración Social. Lo mismo puede suceder en prácticamente todos los cerros, ya que los que no tenían su conformación protegida por ser Zonas de Conservación Histórica o Típicas ni por el obsoleto plano regulador, fueron castigados con la violenta inducción de una populista modificación parcial a dicho plano que exige la limitación de las construcciones a alturas ridículas, todo lo cual desincentiva cualquier inversión siguiendo las normas actuales, pero garantizan cerros enteros, con vistas privilegiadas, para ser adquiridas por inmobiliarias a las que el exMINVU “incentivaría” urbanísticamente al liberarlas de cualquier límite de altura, de densidad y de apego a las normativas.

Pese a que en el futuro los últimos 20 años de gentrificación en dos o tres cerros serán una anécdota en toda la historia del Puerto, Valparaíso ya es una ciudad en las que conviven y han convivido casi todas las clases sociales en sus barrios, pero la nueva ley contempla “usos de suelos” mixtos que no exigen que los proyectos sean de vivienda, sólo pide un cierto porcentaje para viviendas sociales para ser adquiridas mediante subsidios, aunque la intención indisimulada es que sean arrendadas con aporte estatal a los mismos concesionarios, y como para aquellos que le dan la urgencia a las leyes las normativas locales son menos importantes que los “beneficios” urbanísticos ¿quién asegura que efectivamente, en medio de la impunidad del incentivo, una vez construido un centro comercial, un edificio de lofts de lujo, una torre que robe la vista al mar o cubra de sombras a los vecinos de adelante, o un condominio de segundas residencias, las viviendas sociales que lo justificaron sean habitables y sean vendidas, o arrendadas, o siquiera utilizadas para ese fin? ¿puede una inmobiliaria construir bodegas rotuladas como viviendas sociales para acceder al beneficio?

En las últimas semanas ha habido varios incendios sospechosamente consecutivos en diversos puntos de la ciudad y es difícil suponer que todo lo que ha estado sucediendo en los últimos años en Valparaíso esté tan mal que no sea a propósito. Con autoridades locales ligadas ideológicamente o familiarmente a la insaciable voracidad inmobiliaria, son demasiadas las coincidencias para creer que el pésimo manejo de la ciudad, de su patrimonio, de su seguridad, ¡de su educación! y de su planificación urbana sea sólo un conjunto de coincidentes impericias y torpes corrupciones. Quizás cuando nos visitó el ministro Monckeberg y su siniestra comitiva en el año 2018 votamos, respondimos encuestas, debatimos, aplaudimos y terminamos dándole nuestra ingenua aprobación a algo más que un típico y turbio acuerdo inmobiliario entre el Gobierno, la “Alcaldía Ciudadana” y Poduje para construir un innecesario parque en Muelle Barón, cuya construcción, dicho sea de paso, hace tiempo debió haberse iniciado. Para ser precisos, sus obras habrían comenzado junto con la aprobación inicial de esta maldita ley.