Con seis votos a favor y dos abstenciones, la comisión de salud, de la Cámara de Diputadas y Diputados, aprobó la idea de legislar sobre el proyecto que modifica el Código Sanitario para establecer una responsabilidad civil por los daños causados por medicamentos anticonceptivos defectuosos.

El objetivo de la iniciativa, iniciada en moción, es reparar a mujeres que hayan tenido como resultado un embarazo no planificado. Para ello, incorpora una presunción de causalidad cuando exista un embarazo y alerta emitida por el Instituto de Salud Pública (ISP).

La idea es que sea carga del laboratorio probar que el defecto no podría haber generado dicho daño. También, eleva las multas que puede aplicar el ISP. Paralelamente, establece el efecto retroactivo de la ley, para los casos que generaron el proyecto, que se estiman en 140 mujeres afectadas.

Luego de recibir a una serie de invitados del ISP, laboratorios farmacéuticos y una especialista en Derecho Privado, procedieron a la votación. Las y los parlamentarios manifestaron ciertas dudas que esperan solucionar en la discusión en particular.

Argumentos

El diputado Daniel Lilayu (UDI) se abstuvo. Dijo empatizar con las mujeres que viven un embarazo no deseado, pero consideró que el Ejecutivo debe hacerse cargo de un acompañamiento. Igualmente, manifestó las dudas por la presunción de causalidad, que implicaría una discriminación evidente respecto a otros casos.

El punto fue compartido por el diputado Patricio Rosas (IND), quien respaldó la norma. Señaló que deben ser cuidadosos y no crear una regulación especial por responsabilidad del daño. Pero compartió la señal política de legislar sobre el impacto en la vida de mujeres afectadas por anticonceptivos defectuosos.

El presidente de la instancia, Tomás Lagomarsino (IND), aprobó la idea de legislar. Planteó que proponer mecanismos de reparación del daño para civiles, quizás, excede la facultades de la instancia y que el proyecto podría ser visto por Constitución. Empero, estimó que su aprobación en general es una oportunidad para discutir sobre buenas prácticas en la fabricación de medicamentos, su fiscalización y vigilancia por parte del ISP.

Al respecto, el asesor del Ministerio de Salud, Jaime Junyent, sostuvo que el Estado no tiene atribuciones para abordar los casos de las afectadas y no puede ofrecer ni siquiera representación jurídica. Sin embargo, dijo que se puede estudiar un eventual acompañamiento. Añadió que comparten el espíritu del proyecto y que pretenden solucionar los temas técnicos mediante indicaciones, las cuales se podrán presentar hasta el 4 de agosto.