Colegio de Arquitectos de Chile "indignados" por decreto que beneficiaría a Mall Barón

Indignación generó en el Colegio de Arquitectos de Chile la modificación al decreto n° 47 de 1992 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones en relación a materias de diversa naturaleza, que favorecería puntualmente los intereses de privados, en especial, al polémico proyecto comercial Mall Plaza en el sector de Barón en Valparaíso.

“Nosotros estamos indignados, encontramos que es un abuso absoluto sobre todo por la falta de consulta, que más bien parece secretismo y que se hubiera hecho esta modificación explícitamente para favorecer intereses privados” manifestó el presidente del Colegio de Arquitectos de Chile, Sebastián Gray, quien agregó que “nosotros vamos a pedir explicaciones a las autoridades correspondientes”.

La modificación promulgada el 3 de enero de 2013 y publicada en el Diario Oficial el 12 de diciembre de 2013, se enfocó en cambiar el artículo 2.1.36 que se refiere al Equipamiento mayor que establecía que “contempla una carga de ocupación superior a 6.000 personas y sólo se podrá ubicar en predios que enfrenten vías expresas y troncales”. Esta última frase se alteró, quedando “y se emplaza en predios cuyo acceso vehicular se ubique a no más de 300 metros de vías expresas y troncales”.  

Una modificación legal que reconoce el abogado Pablo Andueza, como un “cambio de la legislación en forma oportunista es pésima porque la ley debe ser siempre un instrumento de promoción de valores duraderos, y jamás la expresión de la voluntad del gobernante para satisfacer un deseo inmediato”.

Desarrollo Urbano

“Rechazamos esta forma de hacer ciudad que no solo es mañosa, porque es todo lo contrario a la idea de planificación y además contradice la política nacional de desarrollo urbano, una política muy importante que fue promulgada con bombos por el propio presidente de la República Sebastián Piñera” expresó Gray, quien reiteró su molestia con esta modificación que beneficiaría no sólo el Mall Plaza en Barón sino también a los próximos proyectos que podrían aparecer.

“Sostengo la idea que la modificación no logrará validar el proyecto de Puerto Barón por dos razones. Primero, el permiso de edificación es irremediablemente nulo porque se otorgó cuando esta modificación ad-hoc no estaba vigente: es inútil aplicar la ley en forma retroactiva; segundo, no sería viable un proyecto Puerto Barón II por cuanto si bien los terrenos portuarios están conectados con vías troncales, estas conexiones son objetivamente insuficientes para evacuar al público en caso de emergencia como las que provocaría un tsunami” comentó Andueza, quien añadió que “comprenderá que sobre la legislación urbanística, sobre todo, sobre la legislación urbanística ad-hoc, se encuentra la Constitución Política que asegura a todos los ciudadanos y ciudadanas el derecho a la vida y a la integridad física”.