Dos años han transcurrido ya desde el megaincendio que azotó  Valparaíso y que dejó a más de 12 mil damnificados y 2.998 viviendas destruidas. Sin embargo,  las 10.714 familias que viven en los 177 campamentos ubicados en la Región de Valparaíso continúan viviendo en un permanente estado de emergencia.

En los cerros de la ciudad todavía se puede constatar la existencia de las condiciones para que ocurra una nueva tragedia. Una lluvia fuerte o una fogata mal controlada bastan para dar inicio a un nuevo siniestro.  La gran cantidad de viviendas de material ligero, las construcciones ubicadas en zonas de riesgo, los bosques pirógenos, la falta de accesos para el tránsito de vehículos de emergencia y los microbasurales en las quebradas, son la prueba fehaciente del peligro que enfrentan a diario las familias que allí viven.

Como TECHO-Chile creemos que lo preocupante es que a dos años del incendio, las soluciones que se ofrecieron no responden a las necesidades ni a la realidad. Las familias no pueden ser sacadas de los territorios donde han construido sus vidas, establecido sus redes y formado su identidad.

A la fecha, sólo se ha alcanzado un 41% de la reconstrucción y los proyectos de planificación territorial parecen no responder a las necesidades de la población. Hay una variable cultural que debe tomarse en cuenta: las propuestas deben ir acompañadas de un plan educativo, por medio del cual las familias sean capaces de tratar temas como la basura, la limpieza de las canaletas o, la prevención a fin de cuentas.

La constante alerta en la que deben vivir las familias debe terminar. Es fundamental asumir un trabajo conjunto y proactivo entre las organizaciones y autoridades que trabajan en el territorio.  Es momento de prevenir, de promover la organización y la construcción de barrios seguros.

Para el director regional de TECHO-Chile, Felipe Ríos, se trata de un problema reiterativo. “Acá hablamos de un inconveniente mayor, que requiere los esfuerzos de todas las partes involucradas. Hablamos de falta de acceso a los servicios básicos, lejanía de los hospitales, colegios y jardines infantiles. Han pasado dos años y todavía hay familias que continúan viviendo a más de 2500  metros promedio de una estación de bomberos. De ocurrir un nuevo incendio, muchas familias de campamentos volverían a enfrentar la misma tragedia, pues no hemos sido capaces de aunar esfuerzos y trabajar juntos desde la prevención: por ejemplo terminando con los microbasurales en las quebradas o mejorando los accesos para los vehículos de emergencia”.

Las causas del permanente estado de emergencia son estructurales. Las familias que viven en campamentos no eligieron vivir en la precariedad y el abandono. Sus decisiones han sido fruto de la desigualdad, la falta de oportunidades y, sobre todo, la segregación que los mantiene durante todo el año  con problemas de acceso al agua, a la luz, al transporte público y a los centros educativos y hospitalarios, excluidos de la ciudad.