Por Antonio Ríos, director de proyectos de la Fundación Casa de la Paz.

La última semana hemos visto cómo concluyó el caso de Agrosuper en Freirina, la empresa ha decidido cerrar sus operaciones aduciendo que las medidas solicitadas por la autoridad para mitigar sus impactos, harían inviable la continuidad de su negocio. Estos hechos han suscitado una serie de comentarios, respuestas y defensas de las diferentes partes en conflicto. Así hay quienes centran su atención en la pérdida de empleo y otros que asignan responsabilidades a gobiernos pasados, en circunstancias que lo que realmente importa a los habitantes del Valle del Huasco, es vivir en un medio ambiente limpio y libre de contaminación.  

Intervenciones como las de la Ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, durante la última semana parecen ser, a ojos de la ciudadanía, cansada de tanto abuso y despreocupación de nuestra institucionalidad, francamente irritantes, pues suponen que la calidad de vida, el derecho a vivir en un territorio sin contaminación y el ser los receptores de las “externalidades” del desarrollo, son moneda de cambio frente a la posibilidad de contar con empleo.

Mirando aquello surgen varias reflexiones y cuestionamientos tendientes, natural y humanamente, a la búsqueda de un responsable, pero antes de encontrar a alguien para ponerlo en el banquillo de los acusados, conviene preguntarse, qué se hizo mal y que HICIMOS mal en la esfera institucional y como sociedad.

Cuando analizamos los conflictos socioambientales*, debemos entender que su emergencia no responde a una unicidad de causas o factores,  sino que se trata de un fenómeno multidimensional que tiene en su origen una serie de falencias estructurales que hacen complejo su abordaje en el corto y mediano plazo. Habiendo dicho eso, en el caso de Freirina, la responsabilidad es, a lo menos, compartida.

En primer lugar, existe una responsabilidad de la esfera normativa, entendida, en este caso, como ausencia de parámetros que regulen, por ejemplo, la emisión de olores a través de una norma clara y conocida, lo que posibilita que industrias como la alimenticia y específicamente la de la carne (en todo su abanico de versiones, porcina, avícola, pesquera) y la sanitaria (rellenos y plantas de tratamiento) puedan ser aprobadas ambientalmente, operar y emitir olores sin más cuestionamiento que el de los vecinos. Así  surgen casos como Freirina, Cerrillos (curtiembres), Paine (inexplicable olor percibido desde la ruta 5 Sur), Montenegro (cerdos de Porkland), San Vicente de Tagua Tagua (faenadora de pollos de Agrosuper) o Pelequén (Planta de Colhue).

En esta misma línea, también se identifica el problema que existe con la evaluación ambiental aplicada a este tipo de proyectos, así como con la ponderación y el establecimiento de medidas de mitigación de impactos. Así por ejemplo, nadie cuestiona a los servicios que evaluaron ambientalmente el proyecto de Agrosuper y que permitió conseguir  una resolución de calificación ambiental (RCA) positiva.

¿Acaso los encargados de la evaluación ambiental no pudieron prever que las medidas de mitigación no serían eficientes para disminuir el impacto en la población? Aquí surge un matiz del cual la institucionalidad ambiental en Chile no da cuenta: exceso de trabajo y escases de recursos para desarrollar una mejor gestión. Lo anterior lo digo con conocimiento de causa, pues a raíz de investigaciones realizadas, he podido conversar con titulares, consultoras e investigadores y la principal crítica que se le hace al sistema va en esa línea: evaluación de proyectos ambientales desde el escritorio.

En segundo lugar cabe mencionar el rol de las consultoras encargadas de la elaboración de estudios de impacto ambiental (EIA), quienes, en concordancia con su negocio, deben realizar la voluntad del mandante. Paradójicamente este gremio es el menos perjudicado frente a la opinión pública cuando estallan conflictos socioambientales, pero a nuestro juicio, tiene una responsabilidad igual de importante, pues como expertos, debieran saber ponderar los verdaderos impactos asociados a los proyectos, hecho que en la práctica ocurre al revés, estos se maquillan, suavizan o relativizan con el fin último de agradar al cliente.

Ahora ¿qué es lo esperable? Únicamente que hagan bien su pega, necesitamos estudios de línea base que observen el panorama ambiental con precisión, que sean capaces de mirar más allá de lo que la ley exige y cuestionarse quién es finalmente “su cliente”, ¿el mandante o el entorno donde se instalará el proyecto? Nuevamente estamos frente a una ausencia de cuestionamientos que deriva en un problema ético.

En tercer lugar están las empresas, de quienes conocemos -a través de los medios- su comportamiento,  a quienes no eximimos de responsabilidades en su calidad de titulares de los proyectos, pero a quienes  no podemos atribuirles todas las responsabilidades.

*Proceso de interacción colectiva caracterizado por una dinámica de oposición y controversia entre grupos de interés, que resulta de sus incompatibilidades reales o percibidas en torno al control, uso y acceso al ambiente y sus recursos.