El Partido del Orden levanta el hacha de la guerra en Valparaíso

El Partido del Orden levanta el hacha de la guerra en Valparaíso

04 Noviembre 2016

La nueva Alcaldía, las fuerzas sociales y políticas que la acompañan y sustentan, las que puedan unírsele y las y los vecinos en general debe organizarse para generar grandes movilizaciones y otras intervenciones en favor de la defensa de los recursos y los derechos de Valparaíso.

Ibán de Rementería >
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Bastó que el alcalde electo Jorge Sharp reafirmara su voluntad política de oponerse tanto al actual proyecto de ampliación del Terminal dos, así como a la construcción del Mall en Barón, propuestos a la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) por las empresas OHL y Falabella respectivamente, para que el partido del orden levantara el hacha de la guerra.

Además de la inconveniencia de esos dos proyectos para la protección de valor patrimonial de la ciudad puerto otorgado por la Unesco, así como para su propio desarrollo portuario y urbano, el diseño y la aprobación de esos proyectos se ha realizado mediante procedimientos espurios. El electo alcalde Sharp manifestó que: "lo responsable en estos temas es no descartar ninguna opción, porque lo que está en juego es el futuro de la ciudad de Valparaíso por los próximos cien años. Entonces, si hay que retrasar, replantear o desarrollar otras alternativas, lo vamos a poner todo arriba de la mesa, porque los porteños nos eligieron porque vieron en nosotros la capacidad de tomar decisiones difíciles".

La primera reacción provino de Raúl Urzúa, Presidente de la EPV, quien el 26 de octubre expresó: “Aquí opera una institucionalidad vigente y esperamos que esta siga operando”. Por su parte Hans Wesser, Presidente de la Asociación de Industriales de Valparaíso (ASIVA), agrego que: “…no sabemos que es lo que (Sharp) puede hacer porque hay obras de compensación para estos dos proyectos y, al parecer, estaría pidiendo mayores obras de compensación”.

Estos fueron seguidos presto por el Intendente de Valparaíso, el socialista Gabriel Aldoney, quien el día 27 dijo que: “El futuro alcalde tiene todos los derechos a decir eso, pero él tiene que entender que Chile tiene una estructura administrativa y normas jurídicas en las cuales se basa el desarrollo de estos proyectosTambién, hay ciertas atribuciones del municipio que no son las mismas que tiene el gobierno regional ni las que tiene el nivel central”. Luego completó esta reacción coordinada del partido del orden Jorge Pardo, Presidente Regional de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), quien manifestó: “Cuando hay ‘muchos peros’ lo que sucede es que las iniciativas no se llevan a cabo y se van, incluso a otros países”, a la CChC además de los proyectos en referencia le preocupa que el Alcalde electo haya manifestado la necesidad de revisar los proyectos inmobiliarios aprobados, así como, bien definir las medidas de protección a las actuales características urbanas de la ciudad puerto – el Plan Regulador-, su condición de anfiteatro –vista para todos-, que le otorgan su caracterización como patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO.

Como se puede ver en la ciudad de Valparaíso se aproxima una confrontación entre, por una parte, los intereses público privados representados por la EPV y la Intendencia, así como ASIVA y la CChC –seguramente pronto se incorporará a este frente la Cámara de Comercio-, ante, por otra parte, la nueva Alcaldía en representación de las y los vecinos de la ciudad puerto. Las primeras pese a que son instituciones públicas, una empresa y la máxima autoridad pública de la Región, que representa a la Presidente de la República, no obstante actúan en representación de los concesionarios privados que han sido beneficiados con la explotación de los recursos públicos geoestratégicos localizados en el borde costero de Valparaíso y la obtención de la renta respectiva, además de las utilidades por la explotación comercial de los mismos.

La doctrina en la cual se sustenta la postura público privada es la intangibilidad de la ley, las normas, los contratos y los tratados. La doctrina de la intangibilidad de la ley no supone que la norma hecha por los hombres puede ser por lo mismo cambiada por ellos, hace una analogía con las normas de derecho divino, que solo podía ser cambiada por los dioses o sus intérpretes. Ese es el núcleo de la doctrina constitucional Guzmán-Pinochet donde basta que un tercio de los incumbentes no quieran cambiar nada para que así sea. Por lo mismo no se puede cambiar la ley de pesca, ni el sistema de AFP, ni el de las Isapres, ni la ley de aguas, ni las regalías - royalty -sobre la extracción del cobre o el litio, etc., etc., etc.

Finalmente, el argumento límite para cumplir los contratos son los altos costo de su incumplimiento debido a las cláusulas convenidas que castigan gravemente su no cumplimiento por una de las parte. Aquí se puede argumentar que en muchos casos es mejor aceptar el pago de la sanción que aceptar la exacción a los bienes y derechos públicos que implican muchos contratos. Además, las condiciones adversas de los contratos para los intereses públicos siempre son el resultado del carácter espurio de las negociaciones y los contratos suscritos, como es el caso del Mall Barón, lo que exige perseguir las actuaciones lesivas de los funcionarios públicos en contra del Estado. Es paradigmático el editorial de El Mercurio de Santiago (2 noviembre 2016) que considera beneficiosa la ley de pesca pese a su origen espurio.

Lo claro es que la nueva Alcaldía, las fuerzas sociales y políticas que la acompañan y sustentan, las que puedan unírsele y las y los vecinos en general debe organizarse para generar grandes movilizaciones y otras intervenciones en favor de la defensa de los recursos y los derechos de la ciudad de Valparaíso.