Por Andrés Gillmore secretario y vocero Corporación Costa Carrera  www.costacarrera.cl

La semana pasada asistí a una exposición de Daniel Fernández, vicepresidente ejecutivo de HidroAysén en la masonería chilena, donde expuso a través de un power point su intención de represar la cuenca del Baker y construir cinco represas en los ríos Baker y pascua.

Entregó su visión de las necesidades del proyecto, lo justificó aduciendo que HidroAysén es el reflejo del Chile moderno de hoy y su urgencia por más energía, por un desarrollo pleno, donde la hidroelectricidad era el único camino en contraposición clara y efectiva de renovación contra las termoeléctricas a carbón, porque la hidroelectricidad es renovable y limpia.

Al profundizar el tema con conocimiento de causa vemos que la exposición de Fernández es totalmente ideológica, oculta información relevante de las verdaderas consecuencias del proyecto en sí mismo, no solo en el medio ambiente, sino en cómo afectaría a los habitantes del territorio pretendido y sus diferentes actividades económicas. Ellos merecen un respeto y consideración por parte de la empresa, que hasta ahora no lo ha tenido y, es más, lo ha omitido estratégicamente.

La exposición en ningún momento habla de la escala del proyecto, que es lo verdaderamente irreversible para Aysén, se escuda en que la hidroelectricidad es renovable y limpia, pero no dice en ningún momento que la hidroelectricidad solo a mediana escala con represas de paso es renovable  y limpia; no habla en ningún momento que la intención de la empresa por costos y lucro, es de construirlas con una tecnología obsoleta, sin certificación hoy en el país, en contra posición con la realidad de las termoeléctricas, que sí tienen controles de calidad y estándares obligatorios que las hidroeléctricas no tienen, de una tecnología que ya no se usa a nivel mundial, que en Chile supone una autorregulación por parte de los propios empresarios, un esquema que ha dado muestras que no sirve en el país, cometiéndose enormes faltas a la ética por ejecutivos que no han dudado en atentar contra el medio ambiente, por no existir una ley punitiva penal en caso de delitos ambientales con penas reales en cárcel, que nos dé garantías a los ayseninos y al país en general de que se harán las cosas bien, que haría que los ejecutivos lo piensen dos veces antes de incurrir en faltas al medio ambiente.

Fernández no habla de la realidad social-cultural-económica en la que están imbuidos los habitantes de la cuenca del Baker, no desarrolla su realidad histórica, de lo que significará para estas comunidades ser intervenidas de esta brutal manera y recibir en el patio de su casa -por decirlo de alguna manera- la construcción de estas 5 mega represas, lo que implicará irremediablemente la destrucción de su estilo de vida, su cultura y su economía, que jaqueará en primera instancia a lo menos por 20 años la vida de los habitantes de la cuenca del Baker, mientras se construyen las represas y luego, al estar operativas matará toda intención de proyección económica, porque quitará el sello verde a la región de Aysén como un todo, afectando la calidad de vida de sus habitantes y su desarrollo pleno.

Hoy los habitantes del territorio necesitamos saber de verdad el efecto acumulado de la intervención y que se desarrolle un protocolo de gestión permanente, que involucre el agua como un recurso regional agotable; un recurso que debería ser de todos y no de algunos, con un plan de trabajo que tenga referencia sobre la base de un estudio de impacto ambiental como debe ser serio, profesional y coherente, donde el presentado por HidroAysén no hace referencia alguna sobre lo que le significará para la localidad de Cochrane de 2,500 habitantes, el impacto socio-cultural con la llegada de más de 6 mil obreros, que sin duda afectarán la vida normal de los habitantes. Además,  traerá grandes cambios que aún no se han previsto, menos verificado con un estudio serio de lo que realmente significará esta invasión en términos prácticos y sus reales consecuencias en la población, que dé garantías  ciertas en términos prácticos, muestre cómo se resolverán las diferentes situaciones en esta terrible intervención.

La exposición de Fernández estaba basada en paradigmas que no comentan la baja calidad de la evaluación del estudio Ambiental propiamente tal, menos de las enormes irregularidades procesales de la evaluación. No se hace cargo de las malas conductas por los seremis que lo evaluaron, justificando el proyecto en la necesidad de un crecimiento del 8 % anual por el país, que, según Fernández, obligaría a tener que duplicar la matriz energética en 10 años, lo que lleva a la siguiente reflexión:

Con todos los problemas que tenemos en el país hoy, donde aún no existe claridad sobre lo que realmente queremos y cómo lo queremos, sin estrategias eficientes y de proyección, es imposible pretender ser serios y aprobar un proyecto que tiene grandes interrogantes y una evaluación tan desastrosa.