Inseguridad alimentaria y obesidad

Inseguridad alimentaria y obesidad

29 Julio 2020

Debemos migrar hacia un sistema alimentario que reduzca los costos de los alimentos saludables generando intervenciones en toda la cadena de suministro, en el entorno alimentario y en la economía política que modela las políticas de comercio, gasto público e inversión.

Sofía Bustos >
authenticated user Corresponsal Corresponsal Ciudadano

La cantidad de personas que pasan hambre está en aumento, según informó el estudio anual SOFI 2020 de las Naciones Unidas. Este informe pronostica que la pandemia de la enfermedad COVID-19 podría llevar a más de 130 millones de personas en el mundo a un estado de hambre crónica a finales de 2020. 

El impacto de COVID-19 sobre los índices de pobreza y la seguridad alimentaria no tiene precedente reciente alguno, ya que la crisis no solo es sanitaria sino también económica. Superar todas las formas de malnutrición (incluidas la desnutrición, las deficiencias de micronutrientes, la doble carga nutricional, el sobrepeso y la obesidad) es un desafío urgente, ya que no basta con proveer alimentos a la población para subsistir, sino también asegurarse que la calidad de estos alimentos sea óptima.

A diferencia de lo que muchas personas creen, un escaso acceso a los alimentos y, especialmente, a alimentos saludables, contribuye no solo a la desnutrición, sino también y directamente al sobrepeso y la obesidad. El hecho que los alimentos saludables tengan un costo mayor, sumado al estrés que significa vivir con inseguridad alimentaria y las adaptaciones fisiológicas a la restricción de alimentos, ayudan a explicar por qué las familias más vulnerables que enfrentan inseguridad alimentaria tienen un riesgo más alto de sufrir sobrepeso y obesidad.

Un limitado acceso a alimentos entre las madres, los lactantes y los niños pequeños, así como una alimentación basada en alimentos de bajo aporte nutricional, generalmente de bajo costo, y con un alto contenido de grasas, tienen como resultado una “impronta metabólica” en el feto y en la primera infancia que incrementa el riesgo de obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas con la alimentación en fases posteriores de la vida.

Por esto debemos migrar hacia un sistema alimentario que reduzca los costos de los alimentos saludables generando intervenciones en toda la cadena de suministro, en el entorno alimentario y en la economía política que modela las políticas de comercio, gasto público e inversión. Se debe trabajar por reducir los costos en la producción, el almacenamiento, el transporte, la distribución y la comercialización de los alimentos, considerando la optimización de los recursos al reducir las ineficiencias y la pérdida y el desperdicio de alimentos. De esta manera se podrá asegurar el derecho de las personas a acceder a una alimentación de calidad.