Un llamado a la Central de Carabineros alertó de los hechos que ocurrían al interior de un domicilio en San Felipe. Una mujer denunció al número de emergencia que su pareja había intentado ahorcarla y amenazado de muerte.

Tras escapar, se habría resguardado junto a su hija, una adolescente de 14 años y habría llamado a Carabineros.

Al llegar funcionarios y hablar con la víctima, ingresaron al inmueble donde se logró la detención del imputado, quien pasó a control de detención. El fiscal de San Felipe solicitó la ampliación para su formalización, porque faltaban una serie de informes de las diligencias solicitadas.

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ANTECEDENTES DEL CASO

El imputado de 47 años, expuso el Fiscal en la audiencia, intentó ahorcar a su pareja, dejando lesiones visibles en su cuerpo, además de haberla golpeado en reiteradas oportunidades, según se constató por personal médico. 

Presentaba lesiones en sus piernas, brazos y rostro, por ello fue formalizado por 2 delitos de amenazas en contexto de violencia intrafamiliar, un delito de lesiones graves en contexto de violencia familiar, además de 2 delitos de lesiones menos graves en contexto VIF.

FORMALIZACIÓN DEL IMPUTADO 

“La Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, porque cuanto estima que la necesidad de cautela dice relación con la seguridad de la víctima y ser la libertad del imputado un peligro para la seguridad de la sociedad. El Tribunal otorgó lo solicitado por la Fiscalía, pero la Defensa solicitó la suspensión del procedimiento por estimar que había antecedentes que el imputado estaría en un estado de enajenación mental”, explicó el Fiscal de San Felipe, Andrés Gallardo. 

Con respecto a esto último, indicó que “el Tribunal lo mantuvo privado de libertad, pero en un hospital psiquiátrico. Internación provisional a la espera de una evaluación psiquiátrica que nos diga si efectivamente esta persona es inimputable, es decir una persona enajenada mental o que actuó de dicha forma al momento de los hechos”. 

Como se aceptó la suspensión del procedimiento no se fijó plazo de investigación  a la espera de la evaluación médica del imputado, cuya identidad no fue revelada en el informe fiscal.