El Municipio de Puchuncaví, a través de una respuesta en carta a un grupo de vecinos de Maitencillo, cuestionó la aplicación de un fallo de la Contraloría General de la República que prohibió la instalación de plantas de tratamiento de aguas en zona urbana. El municipio, a juicio de los abogados de los vecinos, pretende desestimar y no acatar lo dispuesto por Contraloría

En la misiva, el ente municipal plantea que el dictamen está siendo sometido a revisión a raíz de una impugnación de la Seremi de Vivienda de la quinta región, impugnación que a juicio de los vecinos no es efectiva y no es acorde a derecho, por cuanto la norma debe ser aplicada de inmediato al ser la Contraloría el superior jerárquico de la Municipalidad.

Por su parte, la Seremi de Vivienda ya comenzó a aplicar la norma, como lo muestra la ordenanza n°211 del 23 de enero de 2015, donde reafirma lo definido por el ente contralor.

Mientras Maitencillo no cuenta ni con agua potable ni con alcantarillado -lo que genera graves problemas de abastecimiento para los vecinos del sector-, una serie de proyectos inmobiliarios han sido aprobados con la respectiva instalación de plantas de tratamiento de aguas, acción prohibida por la Contraloría en su dictamen del 4 de diciembre de 2014.

En ese sentido, las organizaciones destacan las implicancias sanitarias y medioambientales que conlleva el no respeto a la norma vigente, situando a la localidad en el marco de una potencial crisis sanitaria en el caso de que la municipalidad otorgue permisos al no respetar la normativa.

Michael Oettinger, en representación de los vecinos y vocero del movimiento comunitario No a Costa Laguna, hizo un llamado a la municipalidad de Puchuncaví y a todos los entes responsables a cumplir la normativa legal y ambiental, recordando que “en Chile nadie está sobre la ley y que los ordenamientos de Contraloría deben ser respetados y aplicados”.