Nacionalizar el agua: La deuda del Estado de Chile

Nacionalizar el agua: La deuda del Estado de Chile

23 Marzo 2020

Cuando el uso doméstico equivale sólo al 6% de las extracciones y se utiliza para abastecer al 99,8% de la población urbana y rural, genera la inquietud de encontrar los mecanismos necesarios para apalear la brecha en su acceso.

Raimundo Zumarán >
authenticated user Corresponsal Corresponsal Ciudadano

El 22 de marzo de cada año se celebra el “Día Mundial del Agua” cuyo principal objetivo es crear conciencia sobre la importancia del cuidado del recurso tanto para los humanos como para la vida en la Tierra. Sin embargo, éste año la emergencia del Covid-19 tiene no sólo a los dirigentes sociales y ambientalistas pro defensa del agua en cuarentena, sino que a toda la población nacional incluido a los agentes de Estado.

Una de las principales medidas de autocuidado para detener el avance de la pandemia, según los especialistas, es extremar el lavado de manos y cara, sin embargo, ¿Qué hacer cuando tan indispensable recurso no está disponible a nuestra merced? Cuando el uso doméstico equivale sólo al 6% de las extracciones y se utiliza para abastecer al 99,8% de la población urbana y rural concentrada, sumado a que a comienzos de febrero la Sala del Senado rechazó la idea de legislar sobre el proyecto de reforma constitucional que pretendía consagrar las aguas del país como un bien de uso público; genera la inquietud de encontrar los mecanismos necesarios para apalear no sólo los efectos de la crisis climática, sanitaria, sino que también la brecha en el acceso de tal vital elemento.

Según el estudio “Sequía en Chile: la brecha más profunda” elaborado por la Fundación Amulén, la Región de Valparaíso es una de las más afectadas por la escasez hídrica donde también se establece que las comunas carentes de agua potables son también las que presentan mayor inequidad social en nuestro país. Es así como el estudio determina que la brecha más alta en el acceso al agua potable se concentra en 11 de las 38 comunas de la región, tales como Algarrobo, Cabildo, Cartagena, Casablanca, El Quisco, El Tabo, La Ligua, Petorca, Quilpué, Valparaíso y Putaendo; y donde la brecha hídrica media se ha concentrado en Calera, Calle Larga, Catemu, Concón, Hijuelas, La Cruz, Limache, Llay Llay, Los Andes, Nogales, Olmué, Panquehue, Quillota, Rinconada, San Esteban, San Felipe y Santa María.

Lo anterior se suma al informe de la Dirección General de Aguas, DGA, correspondiente al mes de noviembre del 2019 el cual indica que nuestra región ha tenido un déficit de precipitaciones acumuladas de un 79% incidiendo a su vez en un déficit en las aguas embalsadas, donde los embalses Los Aromos y Peñuelas presentan déficit de 52% y 92% respectivamente en comparación con sus promedios históricos.

El Agua como un Derecho Humano

En 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas, reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, señalando que son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. En nuestro país, según lo establecido en el Código Civil y en el Código de Aguas, el agua es concebida como un bien nacional de uso público. Por otra parte, la Constitución y el mismo Código de aguas otorgan a los privados y particulares derechos de propiedad sobre el agua, lo que podría llegar a contradecirse con su característica de bien de uso público.

Aquí surgen ciertas interrogantes algo irrisorias como por ejemplo ¿Cómo es posible que el mismo Estado en primera instancia, entregue derechos de propiedad y aprovechamiento del recurso hídrico a particulares, y en segunda instancia, tenga que pagarles a éstos mismos privados para poder surtir de agua a sectores que hoy no cuentan con acceso universal siendo que dicho recurso natural es establecido constitucionalmente como un bien de nacional y de uso público? Un déjà vu nos transporta a hace 50 años atrás, donde la promulgación de la Ley de la Reforma Agraria y la Ley de Sindicalización Campesinas, reformas impulsadas por el ex Pdte. Eduardo Frei Montalva (DC), condujeron al país a un proceso de redistribución a gran escala de la tierra en beneficio de miles de agricultores quienes se transformaron paulatinamente en dueños de dichos terrenos, y a su vez fomentó las organizaciones campesinas, sindicatos, trayendo consigo progreso y educación miles de familias campesinas; podría transformarse en el modelo para proveer un acceso universal y digno al agua potable a personas que hoy dependen de aljibes para poder realizar tareas tan básicas como asearse o cocinar.

Justamente aquí radica la deuda del Estado de Chile, ser realmente un garante de la promoción del bien común, y en particular con el agua, estableciendo los mecanismos para que la convivencia humana y empresarial sea sostenible.