Opinión: "No es suficiente"

Opinión: "No es suficiente"

17 Mayo 2015

Los avances tecnológicos, la prevalencia del uso de las redes sociales y la actual legislación permiten que el camino hacia una mayor igualdad política vía una mayor igualdad informativa sea catalizado por la ciudadanía, y no necesariamente por las autoridades.

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Por Jaime Lindh, investigador de Fundación P!ensa.

Hace algunas semanas la Comisión Engel propuso un conjunto de medidas para que Chile avance hacia una institucionalidad más transparente. Este tipo de iniciativa no es novedosa. En 1994 el ex presidente Frei creó la “Comisión Nacional de Ética Pública” y en 2006 la mismísima presidenta Bachelet formó el “Grupo de Trabajo sobre Probidad y Transparencia”.

Si bien han existido avances -la ley N°20.285 y la creación del Consejo de Transparencia- los últimos acontecimientos políticos generan un manto de duda sobre el impacto de las comisiones en la institucionalidad chilena. ¿El trabajo de comisión es suficiente para avanzar cualitativamente hacia un país más transparente?

Como sostiene el Nobel de Economía Douglass North, las preferencias de la elite política -y por ende sus decisiones- están condicionadas a las percepciones que tengan sobre los precios relativos de las alternativas a las cuales se enfrentan. Es decir, las autoridades ejecutarán la agenda de probidad siempre y cuando sea la mejor opción para ellos. Entonces, ¿una comisión es suficiente para que las autoridades prefieran la alternativa pro transparencia?

Al menos la Presidenta declaró una posición preferente. Sin embargo, esto no asegura mucho. Si bien es importante para el país tener gobernantes virtuosos que prioricen el interés público sobre el personal, no prescindamos de la predominancia de los incentivos políticos-electorales en la conducta de las autoridades.

Aspiramos a desarrollar una agenda efectiva de probidad, pero el distanciamiento del interés público es frecuente en las autoridades –en parte- por la persistente desinformación de la ciudadanía en torno a las decisiones tomadas por sus gobernantes. En este contexto, las autoridades no tienen incentivos para desarrollar una agenda efectiva de probidad, dado que no asume un costo político-electoral de incumplir lo prometido.

Así, es poco probable avanzar hacia una institucionalidad más transparente si descansamos en la decisión de los actores favorecidos por el actual escenario. Por ello, en este proceso es fundamental el rol de la sociedad civil. Los avances tecnológicos, la prevalencia del uso de las redes sociales y la actual legislación permiten que el camino hacia una mayor igualdad política vía una mayor igualdad informativa sea catalizado por la ciudadanía, y no necesariamente por las autoridades.