Por Salvador Donghi R.

La reciente y oportuna aseveración del alcalde Sharp, planteando que no es posible “gobernar sobre la ficción…” demuestra -entre otras cosas- la responsabilidad con que se deben evaluar los proyectos del futuro. Es una realidad que dista de la ficción, que ante importantes antecedentes que puedan poner en riesgo la salud de la población, no exista exageración ni alarmismo, sino un compromiso ético con sus habitantes.  

Nota relacionada: [AUDIO ENTREVISTA] La amenaza oculta del Terminal Dos del puerto de Valparaíso

La pasada declaración de TCVAL reconociendo que la emisión anual de 104 toneladas de MP2,5 a la atmosfera de la ciudad puerto no generaría un riesgo a la salud de los porteños, es una ficción. En primer lugar, porque se trata de un antecedente que el proyecto no puso a disposición de la ciudadanía durante el período de Participación Ciudadana (PAC), informando en su lugar que, la emisión de uno de los contaminantes más nocivos para la salud de la población sería del orden de las 5 toneladas anuales. Un año y medio después y habiendo concluido el período de participación, el proyecto actualizaba sus emisiones en la primera Adenda, llegando a la preocupante cantidad de 100 ton.  En conclusión, la ciudadanía participó de una ficción y no sobre el hecho real que la emisión de MP2,5 sería 20 veces mayor.

Esta manifiesta irregularidad, junto a la contumaz actitud del SEA, hacen aparecer como una nueva ficción lo que mandata la Ley sobre la instancia participativa, donde una de las obligaciones de la institucionalidad ambiental es establecer los mecanismos que aseguren una participación informada, lo cual constituye un derecho constitucional. Este proceso debe darse con igualdad de oportunidades, facilitando el ejercicio de otros derechos, ya que mediante la información oportuna, transparente y real, tanto las personas naturales como jurídicas, agrupaciones sociales y comunitarias, afectadas o interesadas en hechos de relevancia ambiental, sean incorporadas formalmente al proceso de toma de decisiones, o en este caso particular, a la adopción de medidas que aseguren una simetría en la relación entre quien genera el impacto y quien lo sufre, con el objetivo final de evitar los futuros conflictos socio ambientales.

El desglose de las emisiones declarado en la prensa por TCVAL -donde el 85% corresponde a polvo resuspendido producido por el tráfico de camiones a lo largo del camino La Pólvora- plantea otra ficción, al no considerar a dicha emisión como parte de la actividad portuaria, apoyados en el utópico argumento que ella se produciría en la zona de extensión urbana. Sin embargo, no se informa que la modelación por ellos desarrollada registra las 104 ton anuales en la estación de monitoreo de Valparaíso ubicada en la Avda. Colón. Por lo tanto, el impacto lo recibiría el centro de la ciudad y en consecuencia el anfiteatro. Entonces no es una ficción comparar las emisiones del T2 con una termoeléctrica, pues sus impactos se determinan según su área de influencia, correspondiendo a una tercera ficción de TCVAL argumentar que los impactos se producirían mayoritariamente fuera del puerto, como si la ruta La Pólvora no fuera parte de Valparaíso.

Lo real ha sido que el T2 no ha conversado con la ciudad y considera a sus habitantes como socios obligados, traspasando a ellos los costos generados por el empeoramiento de su salud, obligándolos a subvencionar directamente lo que por ley debe asumir el Gigante Egoísta.

Quizá el proyecto T2 considere realizar bingos para ayudar a compensar los costos e impactos, ante lo cual estaríamos ante una nueva ficción.