En octubre debería definirse la licitación para adjudicar la construcción del nuevo terminal de buses de Viña del Mar. Sin embargo, dos diputados han comenzado a opinar acerca del proceso que lleva el Municipio y han generado una serie de dudas al respecto.

Por ejemplo, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) resolvió acoger a examen de admisibilidad una nueva denuncia presentada por el diputado socialista Marcelo Díaz contra la Municipalidad de Viña de Mar por el modo en que se lleva el proceso de licitación con el fin de determinar “si existen méritos suficientes para iniciar o descartar una investigación al respecto”.

“Si bien el Municipio no ha querido reconocer públicamente los tremendos errores que tiene la licitación que se inició a principios de julio, y solo ha señalado que le imprimiría algunos ajustes menores a las bases del concurso, lo cierto es que a través del Decreto 7.800, con fecha de 17 de agosto, decidió modificar, luego de mi primera acusación al FNE, de manera considerable las condiciones que originalmente había establecido y que fueron en un inicio fuertemente defendidas de manera pública por el Secpla (Secretaría Comunal de Planificación)”, señaló el parlamentario.

En ese sentido agregó que las bases de esta licitación “infringen las normas que garantizan la libre competencia en el mercado de transporte de pasajeros, lo que puede terminar impactando fuertemente en los miles de usuarios de este servicio. Además no se está dando cumplimiento a la normativa sectorial de transportes que obliga a los municipios a reglamentar por medio de una ordenanza actualizada las condiciones de operación de este tipo de terminales que garanticen la prestación de un servicio adecuado a la comunidad”, aseveró.

Marcelo Díaz expuso que una de las modificaciones que el municipio hizo en las bases de licitación fue la incorporación de un Plan de Inversiones para mantener y reparar las instalaciones del terminal (baños, pintura, acceso discapacitados y habilitación del segundo piso). “Originalmente no lo consideraba y cuando los concejales lo plantearon con anticipación se les dijo que no era necesario porque el edificio estaba en excelentes condiciones”, expresó.

“También –prosiguió– se modifica la estructura de tarifas que el nuevo concesionario podrá cobrar. El derecho a loza máximo se rebaja de las originales 0,12 UTM a 0,11 (actual es 0,7). Además se pone un límite al cobro por boleterías que originalmente era ilimitado, ahora no podrá ser mayor a 1,9 por metros cuadrados;  en la actualidad no puede exceder de las 4 UTM” .

También se modifica la pauta de evaluación de las ofertas, en la ya no se privilegia el valor de renta que se pagará al municipio, “sino que el valor de losa, arriendo de boleterías, experiencia y plan de inversiones, criterios (salvo el de la experiencia) que antes nunca estuvieron considerados”, anotó el parlamentario.

Otra modificación: se cambia la forma de pago al contado que se está pidiendo por la concesión. “Ahora se pide 110.000 UF dentro de los 30 días a la firma del contrato, otros 75.000 a los 6 meses y a partir del año 9 se mantienen las 9.000 UF o el 15 % de los ingresos en caso que sean mayores”, aclaró.

Para Marcelo Díaz estas modificaciones “demuestran improvisación de parte de quienes están a cargo de la licitación, y quienes hace pocas semanas defendían vehementemente sus términos. Este caso se está asimilando mucho a lo que pasó con los estacionamientos de la Población Vergara, donde al final todo terminó en un fracaso por no reconocer los errores a tiempo”.

Concluyó el diputado: “Si bien las modificaciones a las bases que introduce a medio camino la Municipalidad son un avance, no resuelven del todo las amenazas o peligros para la libre competencia, ya que se sigue entregando al concesionario el establecimiento del detalle de todas las condiciones de operación del terminal, lo que puede prestarse para abusos que ya no se podrán evitar con la información tardía a la Fiscalía Nacional Económica, una vez que los hechos estén consumados: las rentas pagadas y un contrato vigente por 16 años. En rigor, la Municipalidad persiste con la licitación tal como está”.

Estudio de Impacto Vial

El Diputado del distrito 7 y ex concejal de Viña del Mar, Andrés Celis Montt, propone que se realice un Estudio de Impacto Vial antes de adjudicar la concesión del Terminal de Buses de la Ciudad Jardín. Informe que permitiría tomar decisiones adecuadas respecto a la ubicación física del recinto.

Para nadie es novedad que el sector ha crecido exponencialmente, frente a él se sitúa un gran centro comercial y en fechas como estas – las Fiestas Patrias – la congestión vehicular es pan de cada día.

En alusión a ese factor, y al inicio del proceso de licitación para que una empresa se adjudique por los próximos 16 años la explotación del Rodoviario de Viña del Mar, el Diputado Andrés Celis Montt oficio el 31 de mayo a la Ministra de Transportes, Gloria Hutt para que informara si el recinto cuenta con un Estudio de Impacto Vial y la factibilidad de realizar uno.

El ministerio informaró al parlamentario que no existe un EISTU debido a la data del recinto. Junto a eso, desde transportes indicaron que “no se dispone de antecedentes que permitan emitir algún pronunciamiento de si corresponde o no efectuar ese informe”.

Al respecto, el diputado Celis Montt aseguró que “es necesario que la Municipalidad de Viña del Mar tome las medidas necesarias que permitan mitigar y subsanar el impacto vial ocasionado. Se debe realizar un EISTU antes de que se adjudique la licitación del terminal”.

Asimismo, desde el Ministerio de Transportes dijeron estar a disposición para subsanar las inquietudes técnicas de este proyecto.

“Hay que pensar a largo plazo y ser responsables, el sector va a continuar creciendo y debemos evaluar si es el adecuado para albergar a un rodoviario de esas características en una ciudad turística como Viña del Mar”, sentenció el diputado del distrito 7.