Prohibido votar

Prohibido votar

01 Septiembre 2020

La ciudadanía con covid, que irá aumentando de cara al trascendental plebiscito del 25 de octubre, quedó marginada de sufragar en Chile. Se abre un precedente riesgoso en un mundo que requiere revisitar el concepto de “enfermedad” y los controles políticos asociados a esta condición.

Claudio Elórtegui >
authenticated user Corresponsal Corresponsal Ciudadano

Una vez más, se opta por la solución fácil, carente de imaginación y que no rompe el molde. Los enfermos con covid no votan en el plebiscito, se ha señalado desde el Ejecutivo. Es la decisión que genera menores problemas para los que deberían trabajar en las implementaciones democráticas más oportunas y coherentes. La innovación política no aparece, no ha estado presente en los liderazgos nacionales ni territoriales, sobre todo, desde la irrupción del virus. Tampoco la creatividad surge en los libretos discursivos o retóricos políticos, que también son importantes para la búsqueda de persuasiones virtuosas y estimulantes en lo cívico.

Por eso, a pesar de la cuestionable duda metodológica de algunas encuestas, siguen coincidiendo en que la ciudadanía no tiene confianza en las fuerzas políticas, cualquiera sea el origen y color de éstas (ahora los partidos están muy animados con la carrera presidencial, para retomar influencia en la agenda). En gran medida, la desvinculación ciudadana continuará hacia lo institucional/partidista/público mientras se asocien las respuestas o potenciales soluciones que las autoridades realizan en estas encrucijadas, como “más de lo mismo” o posturas que no involucran, lo que denomino, una “eficiencia empática” del momento y las comunidades.

No se trata de negar el imprescindible sentido de la realpolitik y de las limitantes estructurales que todo sistema tiene, pero justamente hoy la realidad indica que con mucho menos, se tendrá que hacer mucho más; que los detalles y gestos serán importantes, en un mundo más carenciado y austero para la sociedad chilena.

De hecho, los eventos desafiantes se suceden uno tras otro en Chile y el mundo, como una fuente inagotable de esperanzadoras oportunidades para que los tomadores de decisiones nacionales y locales, puedan aplicar las transformaciones paradigmáticas del caso y despertar del letargo de la indolencia, la lejanía o la comodidad. Sin embargo, cuando desde el optimismo bien intencionado se esperaría una reacción sorprendente, rigurosa y original, a la altura de los momentos más complejos que hemos vivido en los últimos cuarenta años, llega una vez más el “baldazo de agua fría”. Ahora, lo que se nos presenta es un aspecto nuclear en el ejercicio democrático, como el derecho a sufragar.

Los enfermos de Covid no podrán ir a votar para el plebiscito. Puede ser una decisión acertada para evitar el contacto directo con aquellos que estarán en los locales de votación y en sus traslados, reafirmando los principios que buscan las cuarentenas y el distanciamiento físico. Pero es incomprensible despojar a las personas con coronavirus de este derecho y para esta trascendental instancia.

Sentar un precedente de esta naturaleza, además, es peligroso. La enfermedad, más allá del covid, es un concepto que luego de este desestabilizador contexto necesitará revisitarse, porque ha resurgido en su dimensión biopolítica, emocional y estigmatizadora. La crisis sanitaria está significando para las personas enfermas, el despojo de sus expresividades democráticas, políticas y culturales. Luego de esta pandemia el retorno a la vida social no será fácil, aparecerán un sinnúmero de otros problemas mentales, físicos y rebrotes de enfermedades, dados por el tipo de reactivación económica y ambiental que tenemos como país y sistema-mundo.

¿Esto significa que comenzaremos a tener personas vetadas para la seguidilla de procesos electorales que se desarrollarán en Chile en escaso tiempo, por sobre la capacidad de agilizar-imaginar soluciones en una de las principales instancias de participación de la democracia representativa?

La población chilena ha demostrado una evidente disciplina social, luego de uno de los confinamientos más extensos que haya impulsado un país. Quienes deben salir sistemáticamente a exponer su integridad, es porque tienen que obtener el sustento diario, si no lo hacen, no pueden vivir. No han recibido muchos beneficios del Estado, porque la informalidad es un área incómoda para aquella economía y política que no apuesta por la innovación desde la adversidad y la pobreza.

Por eso, no se debe olvidar algo en esta ecuación que busca excluir a los enfermos. El coronavirus, luego del brote inicial y de inserción en Chile que extendió el sector oriente de la capital, atacó y se quedó en los sectores populares y de vulnerabilidad, como ha acontecido en la tendencia sudamericana. Incluso, sin pandemias de por medio, para estas comunidades es más dificultoso acceder a los locales y votar.

Además, como principio democrático, si son “pocos” los enfermos imposibilitados de votar (nadie nos asegura que para octubre sea un número reducido), la cantidad no tendría que ser una argumentación para marginarlos. Lo único que en Chile realmente nos hace iguales, es que cada voto vale lo mismo para nuestro sistema electoral. Aspecto que tiende a subvalorarse para desprestigiar el mecanismo de sufragio secreto, autónomo y libre.

Una persona enferma por un virus no es un interdicto, alguien que no tiene ciudadanía, que no ha respetado el régimen democrático o que cumple penas en la cárcel, que son casos por los cuales no se puede votar en Chile. Durante los próximos meses los procesos electorales convivirán con nosotros, y aunque pudiesen existir vacunas, seguirán los enfermos. Esto es algo que, por ejemplo, se está evaluando por las y los estrategas electorales en los Estados Unidos, que proyectan un escenario inestable, por al menos dos años en los lugares de votación.

Por si fuera poco, la trazabilidad con la que se ha insistido tanto como un recurso epidemiológico necesario para combatir la pandemia (ciertamente lo es), también resta privacidad a los seres humanos. Los datos que surgen desde allí no desaparecen una vez las personas dejan de estar enfermas. Es manejo de información sensible de los ciudadanos, que ya no solo están enfermos, también controlados y monitoreados por lo político (¿tenemos seguridad cómo se manejarán estos datos y quiénes lo manejarán?). Desde lo económico, el control ya era total. El hecho de tener un aparato celular e interactuar con algún correo y/o red social permite a la inteligencia artificial corporativa saber lo que hacemos, hicimos e incluso predecir nuestros comportamientos.

Es decir, el control existente está dando paso también a los “portazos” en una materia de alta sensibilidad democrática. Las opciones para que la ciudadanía con covid hubiese podido votar no eran escasas, algunas probadas con efectividad en diferentes latitudes. No hay que inventar la rueda. Si no se quiso hacer antes la pega, debió intensificarse. Se abre un precedente que continúa debilitando la escasa participación e innovación política existente en el Chile pandémico. Incluso en un momento de tanta importancia como el 25 de octubre.

Instagram: @claudioe_compol