La polémica por el proyecto inmobiliario del Parque Pümpin, que pretende construir 713 departamentos en 22 edificios en el cerro O´Higgins de Valparaíso, sigue su curso luego de la resolución del Municipio que anula los permisos de edificación.

La inmobiliaria del Puerto acusa al alcalde Jorge Sharp que "infringe la legislación vigente, al auto atribuirse facultades de las cuales carece, al intentar invalidar un acto administrativo plenamente vigente, transgrediendo con ello no sólo la Ley N° 19.880, sino también la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y la propia Constitución Política de la República", agregando que "recurrirán a todas las instancias legales que sean necesarias ya que los decretos dictados por el alcalde Sharp, constituyen un acto ilegal y arbitrario, ya que actúa con total prescindencia de las atribuciones que le concede la ley".

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Desde el Municipio, luego de conocer la posición de la inmobiliaria, cuyo dueño es el empresario Nicolás Ibáñez, señaló a través de su departamento de comunicaciones, que "las partes afectadas están en todo su derecho de iniciar las acciones que estimen pertinentes. No obstante aquello, estamos convencidos de que nuestra decisión, cuenta con fundamentos de hecho y de derecho, los que no tienen otro fin que el de hacer cumplir la ley".

La Alcaldía Ciudadana explicó que "además queremos reafirmar nuestro compromiso con el desarrollo de la ciudad, y en ese ámbito la inversión privada tiene un rol fundamental. Es así como cada proyecto, sea público o privado, debe realizarse de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente".

Parque Botánico

Tras reunirse con vecinos del cerro O’Higgins de Valparaíso y representantes del Movimiento de Defensa de los Parques, el senador Ricardo Lagos Weber respaldó la decisión del alcalde Jorge Sharp de acoger el reclamo de ilegalidad interpuesto por vecinos en contra del proyecto inmobiliario.

El parlamentario señaló que “quiero partir valorando y felicitando lo que ha ocurrido, porque aquí hay una decisión que tomó la autoridad municipal, y que debería haberse tomado hace mucho tiempo. El informe de Contraloría General de la República, firmado por el Contralor Nacional, señalaba que el anteproyecto en su origen era nulo y que estaba viciado desde el punto de vista de los requisitos”.

Lagos Weber argumentó que “la piedra angular de este movimiento en lo que respecta a lo regular y administrativo, se ha ido ganando porque el derecho lo ha exigido así, y lo digo así porque sentimos que aquí había una especie de compra huevos; hasta hace no mucho, Contraloría daba una opinión y las autoridades municipales miraban para el lado y contestaban por la prensa diciendo que ellos tenían la razón, cuando había un texto expreso de la Contraloría. Entonces, aquí lo que se ha hecho es hacerse cargo de ese informe, agregó”.

Respecto a su parecer sobre la pertinencia del proyecto inmobiliario en sí, Lagos Weber reconoció que “yo no quiero, ni creo que sea sano tener 23 edificaciones con un total de mil departamentos; me gustaría que fuera distinto, pero la única forma que tengo para no oponerme a eso, es que al menos se cumpla con la ley, y es eso lo que no están cumpliendo”, agregó el legislador, señalando que “si se tiene que llevar esto a tribunales, para allá se trasladará la discusión, pero yo preferiría de que si el privado no quiere perder plata, el estado le compre el terreno a un precio razonable en el cual el privado pueda hacer un aporte a la ciudad de Valparaíso. Por supuesto, nadie está obligado a hacerlo, pero si la empresa sabe que está en condiciones y tiene los recursos, tal vez sea una buena oportunidad de compatibilizar la riqueza con el bienestar de los ciudadanos y con una causa buena. Creo que está ese espacio, y lo vamos a seguir explorando junto con toda la defensa jurídica que se va a hacer sobre este parque, y al mismo tiempo, con la organización de los vecinos”.