Tribunales Ambientales como única opción ante las deficiencias de HidroAysén

Tribunales Ambientales como única opción ante las deficiencias de HidroAysén

04 Junio 2013
Los Tribunales ambientales tienen como objetivo, el deber de reconocer todas las reclamaciones que se interpongan en contra de las resoluciones del Comité de Ministros o del Director Ejecutivo, para que se apruebe o se rechace una declaración o un estudio de impacto ambiental.
Andrés Gillmore... >
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Con la publicación en el Diario oficial de la Ley N° 20.600 el 28 de junio de 2012 se crearon finalmente los Tribunales Ambientales y definitivamente se dio inicio a la nueva institucionalidad ambiental en Chile. Es un órgano jurisdiccional especializado, que deberá resolver las diferentes controversias ambientales y que estas se cumplan a cabalidad en la normativa vigente y no se manipule la información como ha venido ocurriendo en los últimos años. De esta forma, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) está habilitada para comenzar a aplicar sus facultades de fiscalización y de sanción en materias medio ambientales.

La competencia de los Tribunales Ambientales son amplias:1) Resolver las demandas por daño ambiental. 2) Las reclamaciones de resoluciones de Calificación Ambiental. 3) Sobre las Resoluciones de la Superintendencia del Medio Ambiente. 4) En contra de normas y planes de prevención, descontaminación y declaración de zona latente o saturada.

Los Tribunales ambientales tienen como objetivo, el deber de reconocer todas las reclamaciones que se interpongan en contra de las resoluciones del Comité de Ministros o del Director Ejecutivo, para que se apruebe o se rechace una declaración o un estudio de impacto ambiental.

También deben de conocer todas las reclamaciones que interponga cualquier persona natural o jurídica en contra de la determinación del Comité de Ministros o del director ejecutivo, que resuelva el recurso administrativo, cuando sus observaciones no hubieren sido consideradas en el procedimiento de evaluación ambiental.

En Aysén bajo este nuevo formato legal que hoy es ley de la República y que está totalmente operativo a lo largo de todo Chile, con la convicción y la fuerza que no tiene colores políticos ni ideológicos de ninguna especie, porque se sustenta en lo que representa su historia, cultura y la forma de hacer, en una región cohesionada culturalmente. La semana pasada en la ciudad capital de Aysén, Coyhaique, se presento ante el tribunal ambiental de Aysén, el pedido oficial para que se invalide la resolución de calificación ambiental otorgada el 9 de mayo del 2011 al proyecto de la transnacional HidroAysén, que por no contar con un estudio de impacto ambiental serio y profesional sea declarado nulo.

Aysén por sí mismo tiene un ordenamiento territorial que garantiza un desarrollo armónico y sustentable tal como está, que vela ante todo por su patrimonio natural y su calidad ambiental y de vida en el territorio, que representan su identidad y su forma de hacer. La región es reconocida mundialmente como un territorio de excepción y considerada a nivel planetario como una “Reserva de Vida”. Su herencia ambiental no puede ser sacrificada para satisfacer un proyecto energético, que no cumple con los estándares profesionales y técnicos, por una demanda energética del mundo de la mega minería que está a más de 2400 kilómetros de Aysén y que además no soluciona el problema de base de la matriz energética, que solo retrasa la modernización de la misma matriz y el paso natural a energías renovables no convencionales.

El pedido de anulación fue firmado por los pobladores del río Baker, Lili Schindele, René Muñoz, Rosa Millar Quinto, Carlos Garrido, Elvis Valdés, Gabriel Garrido, Elena Cea; Obispo de Aysén Luis Infanti de la Mora; Viviana Betancourt ex intendenta de Aysén y actual candidata a diputada por el PS; Claudia Torres comunicadora social, líder social y además candidata a diputada independiente por Aysén; el presidente de Fundación Aysén Futuro, Antonio Horvarth Gutiérrez; pre candidato a diputado por RN y el senador Antonio Horvath Kiss (RN); además de la empresaria Miriam Chible de Corporación CODESA (Corporación para el desarrollo de Aysén) y la Corporación de defensa de la Patagonia (CDP), representada por Daniela Castro y otras organizaciones ciudadanas del Aysén rural, más  una gran cantidad de pobladores de las riveras de los ríos Baker y Pascua.

El argumento de la solicitud ante los tribunales se sustenta en las importantes omisiones de losverdaderos impactos del proyecto en el medio ambiente y en las comunidades de la cuenca del Baker, que no fueron considerados por la transnacional en su EIA y tampoco fue una exigencia durante la evaluación ambiental realizada por Servicio de Evaluación Ambiental de Aysén (SEA).

La evaluación fue realizada en forma política y esta incompleta en su presentación, modificándose en forma reiterativa los informes de los servicios públicos de los verdaderos impactos en la Flora y Fauna de los ríos Baker y Pascua, en el Parque Nacional Laguna San Rafael y su posible inundación, el efecto Glof en el río Baker, omitiendo la seguridad de los pobladores y los impactos sinérgicos para lograr su aprobación. Lo presentado por HidroAysén no cuenta con una estrategia efectiva de relocalización de las familias que tendrán que salir por la construcción de las represas y hace caso omiso de lo que representa la intervención de la cuenca del Baker para millares de emprendedores y empresarios que se sustentan en el turismo y la ganadería.

Los tribunales Ambientales representan en la actualidad la esperanza de lograr para Aysén la perdida justicia ambiental y que bajo este formato se logre encontrar la capacidad de reorientar la intención de HidroAysén y se puedan reconocer las innumerables fallas de la intención de lo que pretende HidroAysén.