Un artículo de Luciano San Martín Gormaz, Director del Centro de Estudios Patrimoniales - Universidad de Playa Ancha.

Como ya es habitual, desde hace más de una década, en nuestro país celebramos cada último domingo de mayo el Día del Patrimonio Cultural, espacio que se ha caracterizado por su fuerte carácter ciudadano y por la apertura de edificios emblemáticos que las personas habitualmente sienten como lejanos de la vorágine cotidiana que las ocupa.

En tal contexto, Valparaíso siempre es una alternativa interesante de conocer y el número de visitas y de familias presentes durante este día en el casco histórico de la ciudad durante los últimos años así lo demuestran, para la ciudad sin embargo, el día clave es el 3 de julio de 2003, fecha en que UNESCO declaró a la ciudad como parte de la lista de Patrimonio de la Humanidad.

Este año, Valparaíso presenta una evaluación de carácter técnico sobre su marcha como ciudad patrimonial y es por tanto un año de miradas retrospectivas sobre lo que se ha hecho y lo que no y de sentimientos encontrados en muchos actores claves del proceso y ciertamente, y con fuerza creciente, en las posturas y espacios de participación ciudadana. Aquí se expreso algunas reflexiones sobre el tema.

La noción de patrimonio y de memoria local (historia social, historias de doblamiento) poseen un profundo anclaje en los territorios y en la ciudadanía, esta mirada se ha ido desarrollando, o más bien evidenciando, a partir de la lejanía existente entre los discursos oficiales sobre la materia y la mirada y el sentir de los habitantes que encuentran la valoración de una raíz y de una relación emocional con el lugar que aglutina y hace posible hablar de un nosotros. Esta mirada socioemocional, que es naturalmente la que le da forma y sentido a un territorio no ha sido evaluada ni incorporada mayormente a la gestión del patrimonio.

Acorde a lo anterior, y a propósito del uso de lenguajes distintos, tanto la institucionalidad existente, como las normativas legales y las herramientas de gestión, planes de uso y manejo y un largo etcétera se presentan inadecuadas para el único lugar de Chile que es una ciudad patrimonial, en efecto, en temas claves del casco histórico de la ciudad opinan una larga lista de reparticiones públicas tales como: MOP, Serviu, Consejo de Monumentos, Dirección de Obras Municipales, Dirección de Patrimonio Municipal, Plan de Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso, por nombrar solo algunas, (además de Dibam, CNCA, Bienes Nacionales, Concejo Municipal, Core-FNDR, según sea el tema y el caso. Etc.

Si la temática además afecta el borde costero o al puerto la cantidad de espacios que opinan se multiplican) en donde no hay liderazgos visibles y en ocasiones herramientas que permitan un trabajo en conjunto.

De este modo, la utilización de lenguajes técnicos, academicistas e instrumentales según sea el proyecto y el tema no hacen más que alejar a la ciudadanía que posee la riqueza del cotidiano y del sentido común, el sentir ciudadano de un Valparaíso por la riqueza de su gente no hace más que reforzar la noción de “paisaje cultural”, en contraposición a los lenguajes tecnócratas del sistema.

Este tema no es menor si consideramos que lo que debe desarrollar la ciudad es una microeconomía, y que la base constitutiva de un desarrollo local que desee permanecer en el tiempo, es la identidad y ella no es más que la memoria sobre el territorio, la memoria sentida y sufrida, la memoria experimentada y protagonizada, no necesariamente la memoria como historiografía, sino más bien una memoria que es construida y comprendida como relación de afectos con el espacio habitado, al modo que queremos a la casa donde nos criamos o a los juguetes y recuerdos de nuestra infancia, esa relación que quizás no coincide con las nomenclaturas oficiales no ha sido adecuadamente estimulada ni incorporada a los procesos.

Por lo tanto, la apropiación del patrimonio aparece como disgregada del conjunto, mal punto si consideramos, que una de las cosas que pide UNESCO es la transferencia del conjunto de singularidades de la ciudad, ello debiese darse en modalidades de educación y patrimonio no consolidadas aún en las escuelas y liceos de Valparaíso y en los medios de comunicación de masas que no solamente debiesen poner énfasis en la presencia europea decimonónica, sino más bien, en rescatar las memorias locales y las historias de los cerros,

¿Cómo podría un niño de una escuela de la parte alta de la ciudad apropiar el concepto si se le enseña sobre la base de un territorio que le es ajeno?

 ¿No sería mejor enseñar con patrimonios familiares y locales y luego transferir la idea al casco histórico de la ciudad?

Es necesario para los parlamentarios regionales, y para el Legislativo en su conjunto, evidenciar que en el actual panorama financiero de las arcas municipales es proyectivamente imposible pensar en un desarrollo sustentado en la triada cultura-patrimonio-turismo. No hay ejemplos próximos ni siquiera latinoamericanos de ciudades patrimoniales que se lograsen proyectar sin una fuerte presencia e inversión a gran escala por parte del estado.

No solamente es necesario una iniciativa como una “Ley Valparaíso” sino que la modernización de las herramientas legislativas existentes, para ello la Comisión de Patrimonio de la Cámara de Diputados debiese tener un trabajo y una presencia más fuerte en la ciudad y en la Región, considerando que una industria turística a gran escala permite en nuestra región trasladarse de mar a cordillera en breves dos horas, vale decir, el conjunto geográfico-cultural a explotar desde esta perspectiva debe mirarse en su conjunto, sin embargo, el proceso de puesta en valor del conjunto de singularidades culturales-patrimoniales del territorio debe pensarse en función de la calidad de vida de los habitantes, uno se encanta de ciudades en donde logra sentir la riqueza cotidiana del espacio habitado, no de conjuntos patrimonializados, repoblados, ciudades y calles termolaminadas, una museografía urbana ausente del único y último gran protagonista:

El habitante, ese debiese ser el paradigma del Legislativo en su desafío de modernizar las leyes en estas materias.

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