Exclusión constitucional: pareciera que ese es el orden jurídico que impera hoy en Chile. Y es que no obstante las contundentes “Observaciones Finales del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” que recibió nuestro país el año 2016, por parte de Naciones Unidas, actualmente las personas con discapacidad, personas neurodiversas, divergentes funcionales y/o con algún tipo de condición, no cuentan con reconocimiento constitucional.

El mencionado Comité observó que era imprescindible precisar, con enfoque de derechos, el concepto de discapacidad en la legislación nacional. Solicitó mejorar la accesibilidad a espacios públicos para personas con discapacidad. Abordar el poner fin a la violencia y malos tratos que sufren estas personas, y levantar políticas con especial énfasis en el trato hacia las mujeres con discapacidad, que implicara, entre otros aspectos, el respeto y valoración de su derecho a la maternidad. En el mismo sentido, precisó que debía garantizarse el acceso de las personas con discapacidad al mundo laboral y a la educación, así como su participación ciudadana activa y sus opciones de participación en la vida política.

Observaciones hasta hoy entrampadas en una agenda legislativa que por décadas ha dejado dormir necesidades y derechos.

El pasado 3 de diciembre, en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, pudimos ver a miles de personas marchando en las calles visibilizando sus históricas demandas: trato digno y justo como sujetos de derechos, diseño y accesibilidad universal para el ejercicio de derechos fundamentales como, vivienda, salud, educación, cultura, trabajo y transporte, pensiones para hombres y mujeres equiparadas a sueldo mínimo y política de apoyo para personas cuidadoras.

A estas demandas también se sumó el garantizar protección y ejercicio pleno de la capacidad jurídica de personas con discapacidad. Esto en el entendido de una sociedad que debe avanzar hacia el pleno respeto del ejercicio de la ciudadanía, eliminando las barreras actuales de exclusión que invisibilizan, menoscaban, discriminan y violan derechos humanos de personas con discapacidad y/o condición.

El actual proceso constituyente, que nos tiene a menos de dos meses de un plebiscito histórico, y que nos permitirá avanzar a construir una carta fundamental en democracia, deberá abrir un debate profundo y serio sobre brindar escaños reservados para personas con discapacidad y/o determinada condición. 

Abrir espacios de ejercicio ciudadano pleno, en cabal respeto de sus derechos humanos hoy es vital. Según el último estudio nacional de discapacidad, efectuado el año 2015, aproximadamente 3 millones de personas viven con discapacidad en el país. Estadística que no considera a personas en condición de espectro del autismo (condición no catastrada en Chile) ni a personas neurodiversas y/o neurodivergentes funcionales, como tampoco a personas cuidadoras.

Hablamos de millones de personas que merecen ser reconocidas constitucionalmente. Mirar al futuro como país implica el deber de legitimar la diversidad ciudadana hoy. 

La sociedad transformadora que tenemos derecho a vivir debe nutrirse de neurodiversidad activa. Sin duda seremos un mejor país cuando eso ocurra.