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Por Andrés Gillmore, secretario y vocero de la Corporación Costa Carrera (agrupación de empresarios turísticos y ganaderos de la Cuenca del Baker-Aysén)

El tema medio ambiental cada día se hace más relevante para la opinión pública, se entendió finalmente luego de años de vivir en la ignorancia total, de la importancia vital para la proyección económica y social del país. A medida que vamos escarbando en el tema vamos encontrando serias irregularidades en la mayoría de los protocolos de evaluación de los diferentes proyectos energéticos y mineros y nos enteramos de la nula fiscalización que se tuvo en el pasado para realizar estas evaluaciones y confeccionar los respectivos protocolos de trabajo.

El Diario Financiero informo la semana pasada, que el inversionista minero Jorge Lopehandía a través de su abogado Juan Torres, denunció ante el 23 juzgado civil de Santiago las serias irregularidades en la evaluación del proyecto minero Pascua Lama. Aduciendo que el ex Presidente Ricardo Lagos Escobar debería ser llamado a declarar, para que explicase las serias irregularidades en la aprobación del protocolo de evaluación de dicho proyecto, aprobado bajo su administración. Esta realidad es un claro ejemplo y deja un precedente importante de lo que podría venir en los próximos años en esta materia y que aquellos que permitieron tal descalabro ambiental y no fueron prolijos con sus obligaciones, tendrán que dar las explicaciones y asumir las responsabilidades y las consecuencias.

Indudablemente lo mismo se podría aplicar al proyecto HidroAysén, que bajo ese supuesto, se podría llamar a declarar en un futuro no tan lejano, al mismo Presidente Sebastián Piñera, a su ministro del interior de la época Daniel Hinzpeter, intendenta de Aysén Pilar Cuevas y los seremis de Aysén que conformaban el SEA (Servicio de Evaluación Ambiental) en ese entonces, que aprobó la intención de HidroAysén el 9 de mayo del 2011 a pesar de todas las irregularidades.

HidroAysén al igual que Pascua Lama, es actualmente un tema de gran controversia pública sobre si se debe llevar adelante o no. Sobre todo en un año de elecciones presidenciales, donde la ciudadanía quiere saber las posiciones de los diferentes candidatos ante el tema y bajo esa perspectiva tomar la decisión de voto. Hoy sabemos perfectamente que la decisión que se tome en materia medio ambiental, marcará un antes y un después para Chile, estableciendo el fundamento de lo que queremos como modelo de desarrollo para el futuro.

En lo referente a HidroAysén específicamente, bajo ningún supuesto significa desarrollo para Aysén como muchos sin saber justifican públicamente a la transnacional, menos como esta planteado el proyecto. La realidad social y económica de Aysén esta bien encaminada por la inserción de la región a la actividad del turismo de intereses especiales, que hoy es de gran demanda mundial, permitiendo que sus habitantes puedan mejorar sus condiciones de vida sustancialmente y se proyecten en el.

Una de las tantas aristas sobre las evaluaciones ambientales en todo tipo de proyectos en Chile, se relaciona directamente con las investigaciones realizadas para sacar adelante los diferentes proyectos, encargados a las innumerables universidades chilenas, tanto publicas como privadas.  En la comisión de educación que investigo el caso de la Universidad del Mar, salió a la luz pública por medio de la intervención de Mónica Gonzales directora de Ciper Chile, la nefasta intervención de las transnacionales en las universidades chilenas, a través de la financiación de la mayoría de las investigaciones científicas que realizan estas universidades en la actualidad, que de uno u otro modo han ido adecuando la información a los propios intereses de las transnacionales y no a la verdad objetiva de los resultados que se obtienen en las diferentes materias. Representando un enorme problema para la autonomía del conocimiento científico chileno y su posterior proyección al desarrollo del país. Transformándose tal como lo dijo Mónica Gonzales en la oportunidad, en un tema de seguridad nacional que debe de ser revisado con la seriedad que se merece.

Esta intromisión por parte de las transnacionales es tremendamente dañina para el desarrollo y la debida proyección de la actividad minera y energética que queremos para el país. El choque de intereses creados por la relación perversa entre las universidades y las transnacionales,permitida por un estado que no cumple con su función básica de solventar las investigaciones como debe de ser, permite no tomar en cuenta la realidad ambiental como un todo y la proyección de las comunidades que viven en los territorios pretendidos. Luego estas mismas transnacionales en un manejo perverso y poco adecuado, contratan a las universidades que ellos mismos financiaron, para desarrollar sus EIA y la contradicción se hace insustentable y totalmente fuera de propósito, perjudicando la independencia del conocimiento científico verdadero que necesitamos.

Si queremos hacer las cosas bien y producir un desarrollo eficaz como país miembro de la OCDE y de paso mejorar la matriz energética y hacer de la minería una actividad sustentable y competitiva que se mantenga en el tiempo, deberían de hacerles auditorias externas a todos los EIA presentados, por un ente independiente y certificado, que entregue las debidas garantías, demostrando que los parámetros utilizados para desarrollar los proyectos cumplen con los estándares técnicos y profesionales que se necesitan para hacer las cosas bien, para que en años posteriores como nos demuestra la realidad de Pascua Lama y la terrible destrucción de los glaciares, no estemos arrepentidos de no haber sido más certeros a la hora de evaluar, fiscalizar y aprobar estos proyectos de alto impacto.