La legislación es uno de los mecanismos democráticos fundamentales para construir un orden social. Toda ley tiene en su origen, objetivo, justificación o explicación pública un sentido político que buscar responder al interés público. En la definición del interés público interviene una diversidad de actores que dan cuenta del balance de poder existente en la sociedad en cada momento histórico.
La agenda de los gobiernos de la Concertación incluyó entre sus objetivos, cambiar la situación de subordinación, discriminación, marginación y exclusión histórica de las mujeres. Ello se concretó en una institucionalidad especial y en políticas para la igualdad: el SERNAM, los Planes de Igualdad de Oportunidades, numerosas leyes y políticas específicas, la incorporación de un objetivo de equidad de género en todos los servicios públicos a través del Programa de Mejoramiento de la Gestión pública (PMG), la creación de un Consejo de Ministros para la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, metas ministeriales para la igualdad, entre otros.
Con el fin de favorecer la autonomía económica de las mujeres, dichos gobiernos propusieron y promulgaron leyes antidiscriminatorias y desarrollaron diversos políticas y programas. Entre ellos destacan la red de jardines infantiles, la ley contra la discriminación salarial, conscientes de que la maternidad es uno de los factores de mayor discriminación contra las mujeres en el mercado de trabajo.
El impacto de estas políticas es evidente: la participación económica de las mujeres mayores de 18 años, según la Encuesta Voz de Mujer (Comunidad Mujer), alcanza hoy día al 60,6%, con enormes variaciones entre las de mayores ingresos (72%) con respecto a las de menores ingresos (45%). El 68% está afiliado a algún sistema previsional, pero sólo el 21% en el decil más pobre.
Una elevada proporción de estas nuevas trabajadoras corresponde a mujeres en edad fértil, de modo que esta mayor participación se ha traducido, entre las trabajadoras que cotizan, en un fuerte aumento de licencias pre y postnatales y también de licencias por enfermedad de un hijo/a menor de un año.
Saltaron entonces las alarmas entre empresarios e Isapres: la participación económica de mujeres en edad fértil conlleva asumir mayores aportes a la maternidad. Para frenarlos la solución sería extender el postnatal a 6 meses. El “Caballo de Troya” ha sido la indicación pediátrica de las bondades de la lactancia materna de seis meses y del “apego” madre-hijo resultante.
Un análisis detallado de las cifras y argumentos utilizados hasta ahora revela que aquí están en juego los intereses económicos de empresarios e Isapres, que con esta medida podrían transferir los mayores costos por maternidad al Estado (postnatal y ahorro de licencias por enfermedad del hijo/a). Es visible que las beneficiadas serían sólo las cotizantes con derecho a licencia pre y post natal y por enfermedad -que se concentran en los deciles de mayores ingresos (VI a X), mientras las trabajadoras de sectores medios y bajos sin previsión ni siquiera acceden al derecho a pre y postnatal vigente en la actual legislación de protección de la maternidad. En esta propuesta no interesa la equidad, que las tareas del cuidado sean de madres y padres, ni que exista responsabilidad social empresarial.
De contrabando, y so pretexto de cautelar la salud de los/as recién nacidos, los mensajes buscan reforzar aquellos roles que por siglos restringieron la autonomía de las mujeres y las encerraron en el espacio doméstico, ensalzando la maternidad como única vía de realización femenina. Basta leer la prensa oficialista –la casi totalidad de los medios hoy día existente- y los mensajes hacia las mujeres con motivo del Día de la Madre. La AFP Cuprum saludó a las mujeres diciendo:
El mejor trabajo del mundo no paga un sueldo fijo
No entrega bono a fin de año
No da vacaciones para relajarse un rato
Ni licencia médica por enfermedad
Porque el mejor trabajo del mundo sólo se paga con amor