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En los próximos dos años se pretende construir 30 mil nuevas viviendas sociales, con una inversión de 800 millones de dólares. Con este programa el Ejecutivo busca una mayor integración social, localizar las construcciones cerca de centros educacionales, de salud y donde transcurra transporte público. Además de los estándares de los centros habitacionales, que destacan desde el ministerio de Vivienda y Urbanismo. Sin embargo desde el mundo político y académico surgen inquietudes a los proyectos. En ese sentido se han planteado dos preguntas. Primero, desde la oposición, expresan qué tan beneficioso puede ser para los sectores vulnerables, incentivar con préstamos de enlace a los privados. En segundo lugar y desde una óptica académica, se pronuncia una inquietud frente al Estado y sus intentos de subvencionar constantemente a la propiedad y no el arriendo de ellas.

Desde el MINVU, uno de los arquitectos de este programa, Juan Pablo Gramsch, Jefe de División Política Habitacional, explicó las ventajas de este decreto.

“Este es un programa que se convoca con la modalidad de inmobiliaria. Es decir las empresas preparan proyectos en donde ellos financian las condiciones previas, adquieren el terreno y desarrollan las gestiones para que el proyecto resulte. En general esto se traduce en un dinamismo en la preparación de los proyectos, que regularmente, es lenta. El otro impacto se relaciona con la cantidad de viviendas construidas y con un bono que se le entregará a las empresas que incorporen a las familias que ya cuentan con un subsidio otorgado pero que no logran comprar una vivienda”, afirmó Juan Pablo Gramsch.

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Presidenta de la República, Michelle Bachelet reunida con la ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Saball.

De la misma forma, el Senador PPD e integrante de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, Eugenio Tuma, destacó la flexibilidad que dará el plan para optar a subsidios o recibir créditos. Asimismo aludió a otra de las aristas de este proyecto: la reactivación de la economía por parte del Gobierno.

“Se están diseñando instrumentos de tal flexibilidad que van a permitir a los sectores vulnerables y emergentes poder materializar sus viviendas a través de distintas modalidades como subsidios y créditos. Esto soluciona la incompatibilidad que existe entre los costos del mercado y la carencia de recursos para satisfacer una vivienda propia. Además este plan será un gran impulso a la reactivación, a la construcción de viviendas y al cumplimento de un compromiso del Estado con miles de familias que han estado esperando por años, el sueño de una casa propia.”, aseveró Eugenio Tuma.

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Eugenio Tuma (PPD)

Tal como mencionaba el Congresista, uno de los objetivos del Gobierno con este plan es entregarle un impulso a la economía. Se espera que el ministerio entregue un préstamo de enlace de 200 UF a las empresas inmobiliarias. Desde la oposición se plantea una crítica a esta medida. Hace cinco años se intentó implementar una política similar aunque entregando 500 UF al sector privado por vivienda. En esa ocasión, autoridades del gobierno anterior aseguraron que quienes terminaron comprando las casas fueron sectores de la clase media y alta. Por esta razón, el Senador de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, Manuel José Ossandón, explicitó que los incentivos se deben vincular a la demanda o por lo menos, debe existir una mayor  fiscalización para que no se malgasten los recursos.

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Manuel José Ossandón (RN)

“Creo que los beneficios tienen que ir hacia las personas. En el caso de existir una política distinta, es importante ver cómo funcionará la fiscalización y cómo se efectuarán los contratos. Es importante que se construyan casas de calidad para las personas que necesitan apoyo.”, advirtió el ex Alcalde de Puente Alto.

Desde el Ejecutivo respondieron que existen grandes diferencias entre el decreto del 2009 y el actual. Una de las exigencias más relevantes de este programa es que el 20 por ciento, de las familias, provenga de los sectores más vulnerables. O sea, de personas que se encuentran en el primer quintil de la ficha de protección social. De la misma manera, se agrega un nuevo requisito vinculado con la localización de las contrucciones.

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Genaro Cuadros

A pesar de los avances, Genaro Cuadros, Director del Laboratorio Ciudad y Territorio de la Universidad Diego Portales, expresó que uno de los grandes problemas de los planes de vivienda en Chile, es que se ha subvencionado constantemente a la propiedad y no al arriendo. En ese sentido, explicó que para un adulto mayor o una madre soltera no es una prioridad ser propietarios de una vivienda social. Para él, nuestro país tiene un complejo, ya que está demostrado que el 40 por ciento de los subsidios públicos de los países de la OCDE se enfocan en los arriendos.

“El Estado chileno ha cometido un error en concentrar únicamente sus políticas de vivienda social en la provisión de propietarios. Es decir se ha hecho un símil entre ayudar a las personas con hacerlas propietarias. Está demostrado que hacer propietarios a todos los chilenos no es un buen negocio social y de política pública. Porque no todos requieren ser propietarios en todo momento.”, aclaró el Académico.

Desde la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado, otra de las opiniones que aparece es la de Carlos Montes. Tomando en cuenta su conocimiento práctico en la materia, el Senador socialista asume la importancia de subvencionar el arriendo y no tan solo la propiedad. Asimismo plantea que debe abstenerse a un proceso gradual y solo se puede llevar a cabo por las municipalidades. Entre obstáculos históricos y culturales, según Carlos Montes, se ha imposibilitado la transición de subsidios desde la propiedad al arriendo.

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Carlos Montes (PS)

“Desde el punto de vista de la política pública se analizaron unos sistemas de arriendo, no obstante estos se encuentran en verde. Aquí, a diferencia de otros países, los municipios tienen mayor capacidad de gestionar políticas de arriendo. Es imposible que el ministerio las gestione. La distancia entre la vivienda, el arrendatario y el Ministerio es muy grande. Y como en nuestro país, históricamente, las municipalidades no han tenido ese rol, ellos no poseen la capacidad de generar algo de esas naturalezas”, contrarrestó el Senador.

Las discusiones de subvención y arriendo tendrán que adecuarse para un futuro plan. Ya que después de que el decreto fuese firmado por la Presidenta Michelle Bachelet ya ingresó a la Contraloría General de la República en donde se está analizando el programa.
Con el apoyo de la Cámara Chilena de la Construcción aunque con ciertos cuestionamientos del mundo político y académico esta suma de proyectos, que buscan la integración social y la reactivación política, empiezan a tomar sus primeras formas.