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Por Ricardo Cifuentes Lillo, Subsecretario de Desarrollo Regional 

Los municipios son la puerta de entrada al sector público para la ciudadanía. Es ahí donde se proveen los servicios más demandados por la mayor parte de la población y es ahí también donde se entregan buena parte de los beneficios sociales que proporciona el Estado.
 
Pese a ello, el país no ha cuidado bien a sus municipios. Progresivamente se les ha ido traspasando programas y atribuciones sin el financiamiento necesario, lo que fue acrecentando su desfinanciamiento, así como también sus funcionarios fueron quedando en una condición desmembrada respecto al resto de los trabajadores del sector público.
 
Asimismo, existe una gran heterogeneidad entre los municipios. Mientras unos pocos disponen de presupuestos millonarios que les permiten ofrecer variados servicios de gran calidad, hay otros, la mayoría, que ni siquiera pueden financiar sus prestaciones más básicas, pese a que tienen una población similar.
 
Consciente de esta realidad, la Presidenta Michelle Bachelet dispuso que la modernización del sistema municipal fuera parte fundamental del proceso de descentralización que está impulsando el Gobierno. Y es que así como requerimos fortalecer y darle más autonomía a las regiones a través de la elección democrática de intendentes, del traspaso de competencias y la reorganización de sus fuentes de financiamiento, también debemos preocuparnos de los municipios.
 
Con ese fin, por ahora nos estamos focalizando en los funcionarios de los municipios, a través del envío al Congreso Nacional de un proyecto de ley, que está próximo a ser despachado, que modifica por primera vez las plantas municipales en más de veinte años, entregándole a los alcaldes, con determinadas regulaciones, la facultad de decidir la forma en que van a organizar sus recursos humanos, competencia que hoy es exclusiva de la Presidenta de la República.
 
Además, el proyecto concede por primera vez una asignación profesional, lo que permite avanzar en la homologación de los funcionarios municipales respecto de los trabajadores de la administración central, lo que va a beneficiar a más de 7.500 profesionales.
 
Y también dispone, a partir del año 2018, un aumento de 36 mil millones de pesos en el aporte que hace el Estado al Fondo Común Municipal, lo que significa cuadruplicar la cantidad de recursos respecto a lo que actualmente entrega.
 
Ciertamente, esta no será la única iniciativa que impulsaremos para modernizar el sector humano. Pronto enviaremos un segundo proyecto al Parlamento, esta vez para readecuar a sus actuales necesidades las fuentes de financiamiento de los municipios, así como también para fijar claras normas de responsabilidad fiscal en el uso de esos recursos.
 
Lo que queremos y lo que Chile requiere es que todas las comunas del país tengan gobiernos locales fuertes, empoderados y dotados de los recursos humanos y financieros necesarios para ofrecer un estándar mínimo de calidad de los servicios que a diario prestan a la ciudadanía. Estoy seguro que los esfuerzos que estamos haciendo en esa dirección serán fructíferos.