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Por Camila Lucero

Han pasado casi seis meses desde que Michelle Bachelet anunció por cadena nacional el inicio de un “proceso constituyente” que concluiría en una nueva Constitución Política para Chile.  Dicha propuesta consiste en un proceso educativo preparatorio que dará paso a una serie de diálogos ciudadanos, a fin de entregar a la Presidenta las “Bases Ciudadanas para una Nueva Constitución” cuya implementación corresponderá al Parlamento. Así, en sintonía con el temple de las “reformas”, la Asamblea Constituyente quedó para los románticos.

Desde la vereda del movimiento estudiantil y social, la propuesta del gobierno nos obliga a reflexionar en torno a las posibilidades que se abren (o cierran) con el “proceso constituyente”, a objeto de mantener nuestro rol dinamizador y el respaldo ciudadano.  Eludir dicha problemática sería nefasto para los estudiantes, en cuanto actor político articulador de una nueva ciudadanía y, por ende, parcialmente responsables de ésta.

La relevancia del desafío radica en que el ciclo de movilizaciones por la educación forjó un nuevo sentido común que trasladó los límites de lo posible, surgiendo nuevas voluntades de cambios y, con ello, la necesidad colectiva de recuperar nuestros derechos sociales. Todos estos cuestionamientos condujeron a la reflexión ciudadana respecto a la urgencia de cambiar el ordenamiento legal destinado a reducir la participación democrática, cuya institucionalidad tutela la imposición de una minoría frente a la mayoría. Pero dicha disputa no es un mero asunto de procedimientos como lo ha querido hacer ver la Nueva Mayoría con su propuesta constituyente, sino que esencialmente de contenidos. El conflicto persevera en la dicotomía entre derechos versus subsidio al mercado y en la democracia participativa versus la simulación representativa.

Hoy, con la evidencia del perfil conservador de las reformas, es precisamente la iniciativa desarrollada por el movimiento estudiantil y social la única puerta de entrada para continuar forjando la sociedad que aspiramos. El visaje final de la “nueva constitución” por parte del parlamento –embozado por las redes empresariales- sugiere que el 2016 y el 2017 no será la oportunidad en que las mayorías cambien sustancialmente los contenidos del orden constitucional, por lo tanto, existe la responsabilidad histórica de construir un camino en esta dirección.

El movimiento estudiantil tiene el deber de irrumpir con mayor fuerza en la escena política para posicionar las diversas temáticas que nos permitan avanzar en esta línea. Somos las y los estudiantes quienes debemos sentirnos protagonistas de este debate constitucional y no delegarlo en la política formal. Es importante que desde la Confech exista un pronunciamiento claro respecto a que una nueva Constitución solo es legítima si resulta como expresión de la soberanía popular, haciéndose cargo de un Nuevo Proyecto Educativo en cuanto derecho humano fundamental y no como prestación estatal subsidiaria. Debe ser la Confech, junto a los actores de la educación, el actor convocante a discutir en torno a cuál será la columna vertebral de la nueva Carta Fundamental en materia de educación, y velar por el aseguramiento de una educación efectivamente gratuita, pública, democrática, no sexista y de calidad.

El actual momento político de crisis de representación es el escenario propicio para que las nuevas generaciones cumplan un rol mucho más activo en torno a los procesos sociales. Como actor estudiantil debemos mirar el debate constituyente como una posibilidad de, nuevamente, irrumpir en la opinión pública e instalar de forma efectiva las demandas trabajadas durante todos estos años, y que pretenden ser invisibilizadas mediante una reforma educacional fallida e insuficiente.

Que la propuesta de gratuidad universitaria haya concluido en una glosa presupuestaria destinada a cubrir exclusivamente el año 2016, examinada por un Tribunal Constitucional que utiliza el lente pinochetista de las actas de la constitución, es un claro ejemplo de la falta de garantías democráticas sobre una discusión que les fue expropiada a las familias chilenas. Así, con la “cocina” funcionando se han desfondado las expectativas del programa educativo de gobierno que ya tiene a cientos de estudiantes sin claridades respecto a sus financiamientos.