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El Alcalde Jorge Castro acaba de firmar un decreto alcaldicio por el que da su aprobación al Plan Director de Gestión Patrimonial, abreviado PDGP. Este plan, en "elaboración" desde hace varios años, repentinamente se reactiva, justo cuando estaba por conocerse la Evaluación de Impacto Patrimonial encargado por la Unesco y el Estado de Chile al señor Juan Luis Isaza.

La jugada del alcalde fue anticiparse a Isaza, pensando así inhibir de alguna manera el efecto de la crítica a la gestión del patrimonio que se le venía encima. Sin embargo, muy lejos de atenuar el efecto, en mi opinión, con este PDGP no se hará otra cosa que amplificar la crítica de la Unesco. Porque en el PDGP, nuevamente, se eluden los problemas centrales y acuciantes de la gestión del patrimonio de la ciudad, y que fueron representados por Isaza.

El Comité de Patrimonio Mundial, Icomos e Isaza reprochan la ausencia de coordinación entre los diversos servicios públicos que dirigen y regulan el manejo del casco histórico de la ciudad. Conviven reparticiones públicas no alineadas en objetivos, criterios y procedimientos. Este problema no sólo es soslayado en el PDGP, sino que las reparticiones implicadas en la gestión del patrimonio de la ciudad no participaron en su aprobación, como es el caso del Consejo de Monumentos Nacionales, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Cultura y la Empresa Portuaria de Valparaíso. ¿Puede afirmarse, entonces, que el PDGP responde a la necesidad de coordinación de los servicios públicos reclamada por la Unesco?

El informe de Juan Luis Isaza denuncia el estado de abandono del sitio histórico. Para revertir este estado de cosas no hay más opción que lograr un financiamiento regular de las actividades inherentes a la rehabilitación y conservación del sitio. Sin embargo, cuando trata el tema económico (páginas 92 a 141), el PDGP, en vez de un plan, opta por exponer elementos teóricos de la "economía del patrimonio" (que no venían al caso) y por explorar posibles e hipotéticas vías de financiamiento público o privado. Lo que el PDGP está diciendo es esto: no es la Municipalidad quien asumirá los costos del plan de manejo patrimonial, sino otras instituciones. ¿Qué tipo de plan es éste si no cuenta con financiamiento para ejecutarse ni el aval de los entes que tendrían que hacerlo?        

La debilidad estructural del Municipio, producto del hundimiento económico o falta de recursos y de la progresiva corrosión en su legitimidad, se transforma en una tercera valla que el PDGP no sortea ni intenta siquiera sortear. Así, en el acápite dedicado a aspectos jurídico-administrativos (páginas 141 a 177), el PDGP no enfrenta la debilidad estructural del Municipio el que impide implementar un plan de este tipo. En cambio, opta por mantener la oficina de gestión patrimonial (que ha dado pruebas suficientes de inoperancia) y por reclamar la creación de una Corporación privada, pero que por su naturaleza no tiene atribuciones legales ni recursos económicos propios. 

En el PDGP no hay un dispositivo organizacional ni hay plata para pensar en realizar un plan. Tampoco adhieren a él los distintos organismos involucrados en el cuidado del patrimonio. En síntesis, no hay nada nuevo "bajo el sol".