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Francesca Zaffiri
Investigadora Fundación P!ensa

Cuando pensábamos que la contaminación de Quintero (y alrededores) había alcanzado un límite, nos vemos enfrentados a un nuevo incidente que produjo la intoxicación de 358 personas.

Este hecho, que pone en jaque la institucionalidad ambiental, nos recuerda la permanente historia de negligencias que caracteriza a la bahía. Sin ir más lejos, podemos recordar el derrame de 38 mil litros de petróleo de 2014, los sucecivos incidentes del 2015 y 2016, el episodio de intoxicación de menores de la escuela La Greda en Puchuncaví, entre muchos otros. Todos éstos constituyen una violación al Derecho Constitucional a tener una vida libre de contaminación, del que debiesen gozar las personas. Por ello, han tenido que vivir bajo una economía local en decadencia y una salud cada vez más afectada por la exposición a contaminantes.

Estos episodios, atribuidos al accionar de distintas empresas de la zona, cuestionan la factibilidad de la institucionalidad ambiental para fiscalizar la implementación sustentable de proyectos industriales a nivel regional. Uno de los mecanismos disponibles para poder llevar a cabo alguna fiscalización es a través de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA). Esta herramienta, ejecutada por la Superintendencia de Medio Ambiente, permitiría en teoría monitorear los proyectos llevados a cabo. Sin embargo, no ha sido eficazmente implementada debido a, principalmente, la poca regularidad con la que se realizan los procesos de inspección. Además, en la práctica se ha dado que la fiscalización se lleva a cabo de manera reactiva, es decir, una vez que ya ha ocurrido una negligencia ambiental.

Posterior al derrame de 2014, la Municipalidad de Quintero interpuso una demanda contra Enap ante el Tribunal Ambiental, siendo rechazada este año bajo el argumento de que no hubo consecuencias permanentes producto de los derrames de petróleo. No obstante, hasta la actualidad vemos que la tierra de la zona es cada vez menos fértil, la pesca insuficiente y la calidad del aire impide la vida en comunidad. Así, queda de manifiesto la discrecionalidad en la toma de decisiones ambientales y la burocracia existente dentro de las instituciones.

Esta realidad es insostenible, mas nos permite comprender la oportunidad que tenemos para poder enfrentar esta crisis ambiental y de salubridad a través de mecanismos fiscalizadores que sean proactivos y periódicos, que contemplen la participación subnacional para su ejecución. Sin embargo, para evitar nuevas zonas de sacrificio, debemos considerar un cambio estructural en la institucionalidad, que contemple la heterogeneidad territorial y otorgue los recursos necesarios para la correcta fiscalización ambiental.