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Por Gustavo Farfán Saldaña, Secretario Ejecutivo de la Fundación Ciudad Nuestra, y Consejero del Consejo Comunal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC) de Valparaíso, por el período 2018-2022.

La Asamblea General de las Naciones Unidas el 28 de julio de 2010 a través de la Resolución 64/292 reconoció explícitamente el derecho humano al agua y su saneamiento, afirmando que un agua potable limpia es esencial para la realización de todos los derechos humanos. Pareciera obvio, pero antes de poder exigir educación gratuita, vivienda digna, o cualquier otro derecho debemos de estar vivos, y nada más esencial para la vida que el agua.

En relación la falta de acceso al agua es emblemática nuestra provincia de Petorca, la más extensa de la Región de Valparaíso. Esta situación ha sido en gran medida debido a las plantaciones de paltos para exportación, las cuales requieren de entre 150 a 200 litros diariamente por árbol para su óptima producción.

Los efectos son de tal envergadura que en Cabildo, centro de la producción de palta, se han utilizado camiones aljibe para mantener un suministro de agua potable que a todas luces ha sido insuficiente y con muchas interrupciones.

En cambio para las productoras de palta aumentó de la entrega de derechos de agua. Según datos de la Dirección General de Aguas (DGA) entre 1960 y 1999 sólo en Petorca se otorgaron 513 derechos de aprovechamiento de aguas, mientras que desde el año 2000 a la fecha se han entregado más de 3000 derechos en la misma cuenca, que se encontraba en situación de sequía como mencionamos.

Panquehue, Putaendo, Catemu y Calle Larga parecen dirigirse hacia un destino similar. Solo la movilización de sus vecinos ha permitido captar la atención nacional, pero por el momento no hay avances. El poder del lobby de los grandes latifundistas se opone férreamente a que habitantes y agricultores pequeños y medianos accedamos al agua.

Han pasado casi 9 años desde la resolución de la ONU que con el voto favorable de Chile declaró que el derecho humano al agua, consistente en disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para el uso personal y doméstico de los seres humanos. Este derecho humano aun no es reconocido por nuestra legislación y todo indica que no es de interés para los políticos consagrarlo en nuestro Derecho y especialmente en nuestro Código de Aguas. ¿Tendrá que repetirse en todo el país la situación de Petorca y Panquehue para que entiendan que el agua es un vital elemento?