a_uno_1049344.jpg [7]

Por Ibán de Rementería Núcleo Valparaíso Socialista

En Chile los tiempos actuales son los instaurados por la transición de la dictadura militar a la democracia, por la Constitución de Pinochet y Guzmán, por el sistema electoral binominal, la política de los acuerdos cautelados por el Tribunal Constitucional y sobre todo por los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría, con unas interrupciones de la derecha. Así en 2010 la Concertación fue derrotada por la derecha y en 2011 los estudiantes le recordaron al país que el mayor problema nacional era la privatización de las prestaciones de los tres derechos sociales fundamentales: la educación, la salud y la previsión social.

Luego bajo el liderazgo de la ex Presidenta Bachelet, la ex Concertación más el Partido Comunista conforman la Nueva Mayoría que hace suya la recuperación del acceso universal, gratuito y calidad a esos derechos básicos que habían sido conculcados por el Gobierno Militar y los gobiernos de la Concertación, este lineamiento de programa de gobierno fue resistido pasivamente por la Democracia Cristiana (DC) pero permaneciendo activamente en el poder.

Lo que instauró la democracia establecida por la Constitución Militar, la ley electoral binominal y los gobiernos de la Concertación fue una reducción de los tres tercios que constituían las tendencias tradicionales de la política nacional: derecha, centro e izquierda, a solamente dos tercios: gobierno y oposición, en términos prácticos en centro izquierda y derecha, o coloquialmente en centro derecha y centro izquierda. Si en las elecciones parlamentarias uno de los dos sectores obtenía algo más de un tercio se quedaba con la mitad del poder, si lograba algo más de dos tercios se llevaba todo, y si no llegaba al tercio se quedaba sin nada;  en las presidenciales la primera magistratura se la llevaba quien obtuviera la mitad más uno de los votos o debía resolverse en una segunda vuelta entre las dos primeras mayorías, así el binominalismo estaba asegurado, la política se reducía a dos tercios de poder y, claro está, de opinión e ideología también.

La movilización estudiantil de 2011, con su “precuela” escolar de 2005, fue conformando un tercer sector político en ascenso, constituido por un sin número de organizaciones e ideologías de izquierda que desde 1968 caracterizan a los movimientos estudiantiles, aquí y en otras latitudes, estos constituyen el Frente Amplio (FA), que en las elecciones municipales del 2016 obtienen un resonante éxito ganando la Alcaldía de Valparaíso con un 54% de los votos, superando al conjunto de la izquierda y de la derecha, contraviniendo así al poeta  Nicanor Parra quien había pregonado que ambas unidas jamás serían vencidas. En las elecciones generales de 2018 la DC abandona la alianza de gobierno, pero permanece en él, el FA le disputa el electorado de izquierda a la ex Nueva Mayoría, su candidata Beatriz Sanquez casi le gana el derecho a disputar la segunda vuelta al candidato de ese sector, Alejandro Guillier, quien hasta antes de incorporarse a la política era el periodista con la mayor credibilidad del país, pero este fue aplastantemente derrotado por Sebastian Piñera, la centro izquierda culpó al FA y a la DC; asimismo el FA logra una excelente representación parlamentarias de veinte diputados y diputadas, mientras la DC obtiene la más baja votación y representación de su historia política reciente. Pero, en lo concreto, a partir de allí el campo político nacional de los dos tercios quedó ahora constituido por cuatro tercios: la derecha, la centro izquierda, la DC y la izquierda.

El otro hecho político protuberante con el fin del binominalismo electoral es que la oposición pese a haber perdido las elecciones presidenciales obtiene la mayoría en ambas cámaras del Congreso Nacional, con lo cual paraliza las iniciativas del Gobierno de derecha de llevar a cabo sus contra reformas en lo educativo, lo laboral, lo impositivo y lo previsional principalmente. Para aplicar reformas sustanciales en esos campos centrales de la vida social, económica y política nacional el Gobierno deberá confrontar una oposición social anti privatizadora profunda, así tenemos que según los estudios de opinión de la Universidad Diego Portales y Criteria Research el 83% de las y los chilenos quiere la estatización de las empresas de agua, luz y gas, el 81% también quiere que pasen al estado las AFPs, el 77% quiere estatizar las ISAPREs, etc., por lo tanto para una oposición parlamentaria bien acertada en responder a las “demandas estatistas” de las mayorías sociales le queda fácil constituir una oposición nacional a las contra reformas que se propone el Gobierno, pero a condición de tener la voluntad política de hacerlo y la capacidad de liderarla. No obstante, ese mismo estudio indica que los congresistas tienen opiniones bastante distintas a las de sus eventuales votantes. Esta crisis política entre el Gobierno y el Parlamento ha afectado seriamente la aprobación del Presidente Piñera quien según todas las encuestas de opinión desde el inicio del nuevo año solo tiene una aprobación cercana al 35% y una desaprobación que supera el 50%.

Como es sabido la oposición bien ha logrado ponerse de acuerdo repartirse las testeras de ambas cámaras del Congreso Nacional y la conducción de todas las comisiones parlamentarias, lo cual es fundamental para orientar la producción legislativa. Otra cosa es legislar a favor o en  contra de los intereses económicos que mandatan a los diversos partidos políticos y sectores dentro de ellos, como lo ha mostrado la historia parlamentaria y judicial reciente.

Dos tema centrales como el tributario y el previsional son los más complejos. Mantener la no integración impositiva entre las empresas y las personas que son sus dueños, volviendo a integración tributaria que le permite a los propietarios de las empresas descontar parcialmente de sus impuestos los que sus empresas pagaron. El Gobierno asegura que si se disminuyen los impuestos a las empresas estas invertirán más y así habrá más crecimiento económico y por lo tanto más recaudo impositivo. El problema no es aumentar los impuestos, que esos poderes económicos se encargaran de convertir en impuestos indirectos, como el impuesto a las ventas, que pagamos todos independientemente de nuestros ingresos, el asunto ahora es aumentar los ingresos del Estado recuperando las rentas y utilidades perdidas por la privatización de los recursos naturales, en particular los mineros, el agua, los recursos marinos, etc., también las que se recibían de las obras y los servicios públicos, que fueron privatizados por el Gobierno Militar y los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría.

El otro tema crucial es la reforma previsional que plantea la necesidad de instaurar un aporte del 4%  de los empleadores que se agregue al 10% que aportan los trabajadores, también la posibilidad de que el Estado aporte un 5% para llegar a un 19% que es el recaudo necesario, internacionalmente reconocido, para asegurar pensiones decentes, así como, transferir a una administración tripartita la gestión de esos fondos y prestaciones. Resulta dudoso que la DC y el Partido Radical estén de acuerdo en que los fondos de pensiones, que son de su ahorrantes o cotizantes, dejen de ser administrados por las AFPs, ya que su monto llega al 70% del PBI anual, lo cual constituye en recurso financiero barato para el gran capital nacional e internacional, que ninguna otra actividad económica del país llega a conformar.

Hasta ahora con este Gobierno tenemos que el año pasado en lo económico crecimos un 4%, muy superior a lo logrado por los gobiernos anteriores, pero los salarios solo lo hicieron en un 1%, entonces bien sabemos quienes se llevan los beneficios del crecimiento. En el campo laboral los deterioros están a ojos vista, basta recorrer las calles y viajar en el transporte público para constatar el crecimiento vertiginoso de vendedores ambulantes, músicos y cantantes, cuenta chistes o simplemente pordioseros, todo lo cual como es sabido encubre el desempleo real; en cuanto a la “normalización” de la precariedad laboral este año a quienes vivieron de honorarios desde su devolución de impuesto les serán descontados sus aportes a la salud y la previsión. Que la mayoría de las relaciones laborales en la administración pública sea mediante honorarios indica el carácter clientelista del Estado y la estructura caciquista de las organizaciones políticas. La intempestiva e inconsulta alza de las cotizaciones de la mayoría de las ISAPREs, las postergaciones del fin de algunas preexistencias y el usos abusiva de las tablas de riesgo, dejaron al Gobierno dando explicaciones y no soluciones, como el caso de de los medidores de luz inteligentes para cobrar tarifas por tramos horarios de mayor o menor consumo. Signos todos de que los “tiempos mejores” no es precisamente lo que se nos vienen.

Esta no es unan realidad política líquida donde no se puede indagar hacia donde se va, las opiniones sociales y económicas de la población señalan que esta es una realidad política fluida hacia una izquierda estatista que quiere superar a el neoliberalismo que todo lo ha privatizado, incluidos los derechos sociales básicos de acceso a la salud, educación y previsión social.

El fin de los tiempos actuales realmente comenzará cuando una oposición de izquierda que bien puede constituirse con el FA, el Partido Socialista, el Partido Comunista, así como por bolsones de izquierdismo que hay en el Partido por la Democracia (PPD) la DC y el PR, conformen una alianza que realmente represente los intereses de las mayorías nacionales, pero para eso se necesita una voluntad política y una propuesta programática para  someterla a consideración de todas y todos los chilenos Esto es lo que comenzará resolverse durante esta semana en el Congreso Nacional.

Foto: Huawei / Agencia Uno