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Por Sofía Bustos

Los impactos de la rápida propagación de COVID-19 aumentan y varían a medida que pasan los días, y si bien desconocemos su duración, es claro que el impacto de esta crisis no ocurre solo a nivel sanitario, sino también económico el que viene a profundizar las ya existentes diferencias sociales. Por ello, su impacto sobre los índices de pobreza y la seguridad alimentaria nos golpearán fuertemente. 

Los efectos de la crisis ya son visibles en los sistemas alimentarios. Según el Índice de precios al consumidor (IPC), los precios internos de los alimentos están subiendo más que el precio de otros productos de la canasta básica. Debido al aumento del desempleo y la consecuente caída en los ingresos, millones de personas no están pudiendo adquirir suficientes alimentos, y muchas otras están teniendo que optar por alimentos más baratos y de menor calidad nutricional.

Frente a semejante escenario, necesitamos soluciones urgentes dirigidas a nuestro sistema alimentario, y una de ellas son las compras públicas de alimentos provenientes de la agricultura familiar campesina (AFC). Según datos del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), la AFC contribuye con una parte importante de la producción agrícola nacional, ya que controla el 54% de la producción de hortalizas, 94% de la producción caprina y 76% de la producción de miel, por mencionar algunos de sus rubros, y por esto la importancia de considerarlos proveedores del Estado ya que no solo impactaría en la agricultura local a través de la generación de mercados y fortalecimiento de las redes de distribución, sino que también en aristas tan relevantes como la nutrición, educación y salud de las personas. 

Ante esta urgencia, son los municipios quienes tienen la capacidad de realizar, en el plazo inmediato, compras directas de alimentos, lo que podría ser una excelente oportunidad de llegar/beneficiar/ayudar a las personas que padecen inseguridad alimentaria con productos saludables que provengan de la AFC, e importantemente, que sean pagados a un precio justo. En el mediano y largo plazo, resultará fundamental que los órganos de la administración del Estado comiencen a promover, de manera efectiva, la inclusión de la AFC en sus procesos de compras públicas, incorporando criterios de evaluación que permitan a los pequeños productores participar con igualdad de oportunidades, en desmedro de fomentar el ahorro para el Estado al dar preponderancia a un criterio económico y para esto es fundamental generar estrategias para disminuir las brechas y facilitar el acceso a la AFC a estos mercados.