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De acuerdo a lo informado por la Dirección Meteorológica de Chile, julio de 2020 ha sido el periodo más lluvioso desde 1984. Sin dudas, un escenario alentador en virtud de la megasequía que vive nuestra Región de Valparaíso que, de acuerdo a un informe emitido en noviembre de 2019 por la Dirección General de Aguas, DGA, deslumbraba un déficit de precipitaciones acumuladas de un 79% el cual incidía a su vez en un déficit en las aguas embalsadas, donde los embalses Los Aromos y Peñuelas presentaban un déficit de un 52% y 92% respectivamente en comparación con sus promedios históricos.

Según un informe de Esval correspondiente al 7 de julio de 2020, Valparaíso habría disminuido su déficit de precipitaciones en un 17% con 180 mm acumulados, Cabildo en un 32% con 139 mm acumulados y San Felipe en un 28% con 120,4 mm acumulados; mientras que el nivel del embalse Los Aromos se encuentra en un 17% de su capacidad (5.939.516 m3 de un total de 35.250.000 m3), Peñuelas en un 2% (1.720.000 m3 de 95.000.000 m3) y La Luz en un 81% (4.429.413 m3 de 5.500.000m3).

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Si bien los datos anteriores proyectan un temporal alivio a la sequía, sobre todo cuando el agua se ha tornado además en un aliado para mitigar la propagación del Covid-19 por medio del constante lavado de manos como principal medida de autocuidado, aún hay comunas y sectores que no tienen libre acceso al agua como a diferencia de los principales polos urbanos.

Aunque el constante llamado de las autoridades y de la gerencia general de Esval sean correctos en relación al cuidado del agua dado que todavía no se alcanzan los niveles de un año normal, estas no son lo suficientes. Cuando el uso doméstico equivale sólo al 6% de las extracciones y se utiliza para abastecer al 99,8% de la población en el radio urbano y rural, queda en evidencia que no basta solo con la lluvia, sino con generar los mecanismos tanto para el mejoramiento continuo de la equidad del acceso al agua de consumo humano como también para la coexistencia del uso empresarial sostenible. 

¿Es razonable acaso que el mismo Estado en primera instancia, entregue derechos de propiedad y aprovechamiento del recurso hídrico a particulares, y en segunda instancia, tenga que pagarles a éstos mismos privados para poder surtir de agua a sectores que hoy no cuentan con acceso universal? Una irrisoria interrogante pero que es una realidad en nuestros territorios. Y es justamente aquí donde se requiere de una discusión política a la altura de las circunstancias para generar los cambios necesarios en nuestra Constitución y evitar así repetir el bochornoso episodio vivido en febrero pasado cuando el Senado rechazó el proyecto de consagración en la Carta Fundamental de la existencia de usos prioritarios para el agua, indicando como tales el consumo humano y doméstico, y el saneamiento, resguardando de esta manera, los usos comunitarios ancestrales y la mantención de un caudal mínimo ecológico.

¿Debemos entonces cruzar los dedos para que siga lloviendo o debemos derogar los marcos normativos vigentes que conceden derechos de aprovechamiento de aguas con carácter gratuito y a perpetuidad a privados, amparados por la Constitución de 1980, para así garantizar lo que es desde 2010, un derecho humano según la Asamblea General de la ONU? La tarea entonces está en cambiar el modelo que cada vez evidencia lo fallido en virtud de la entrega de dignidad hacia nuestros connacionales.

Foto: Huawei / Agencia Uno