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Polémica ha generado la reciente decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso (COEVA) de dar luz verde al proyecto de remediación del terreno Las Salinas, impulsado por la inmobiliaria Las Salinas, ligada al grupo Copec, que busca sanear este contaminado paño viñamarino donde antes se ubicaban las petroleras.

Pese a la negativa de distintas organizaciones del mundo social, vecinos, médicos, y abogados, el comité, el cual estaba conformado por Seremis y el Intendente de la región, tomó la decisión de aprobar por unanimidad el proyecto. 

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El problema, según los vecinos, radica en que la inmobiliaria busca construir grandes condominios de edificios en el sector, pese a la presencia de elementos derivados del petróleo, metales pesados y químicos.

Conversamos con Hernán Madariaga, vocero de la Corporación Pro Defensa del Patrimonio de Viña del Mar, sobre la resolución del CEA y sus apreciaciones sobre este cuestionado proyecto.

Respecto a la aprobación del proyecto, ¿crees que este tipo de resoluciones se han tornado una tónica constante dentro de los temas de conflicto medioambiental? 

Lamentablemente, en este tipo de instancias, y pese a las observaciones o dudas que la comunidad plantea, la norma general ha sido que, tanto la Comisión Evaluadora, como el Comité de Ministros, opten por aprobar los proyectos. 

Cuando aquello ocurre, a pesar de haber argumentos de peso, terminan siendo las Cortes, principalmente la Suprema, la que termina corrigiendo y subsanando. Aquello es muestra, en definitiva, de la fragilidad y carencias de nuestra institucionalidad ambiental, en donde la participación ciudadana es solo consultiva, y se toman decisiones técnicas en espacios sin competencias para ello.

¿Por qué oponerse al proyecto?

Nosotros lo que manifestamos es que debe estudiarse la manera más segura y que no ponga en riesgo la salud de las personas para remediar el terreno. Actualmente, no tenemos garantías, ni menos confianza en una empresa que en la historia de la tramitación de la remediación del terreno, ha actuado de todas las formas, menos con buena fe.

¿Qué solución alternativa proponen ustedes?

Entendemos que se deben explorar combinaciones de métodos, en donde puede haber espacio para la fitorremediación, pero no tendremos certezas de la seguridad para las personas del método escogido, u otros alternativos, mientras no existan mediciones independientes, y confiables, de los tipos, concentraciones y distribución de los contaminantes en el terreno. 

¿Hay precedentes de procesos de descontaminación de este tipo que se hayan realizado en nuestro país? 

No, no existe ninguna experiencia comparable a nivel nacional. Esto, debido a la extensión del terreno (16.5 hectáreas), las condiciones climáticas y la complejidad de la contaminación ahí presente. Además, se debe considerar el uso que la inmobiliaria pretende darle: un megaproyecto inmobiliario de más de 440.000 metros cuadrados de torres de edificios y plantas comerciales.

¿Cuál fue el criterio por el que se aprobó proyecto? 

Esa es una pregunta que habría que hacerle al mismísimo Presidente de la República, don Sebastián Piñera. Pues tal como anticipaba el Mercurio de Santiago, más de una semana antes de la resolución de la comisión, este proyecto se encontraba priorizado desde el Ministerio de Economía para su avance en el marco de la agenda pro crecimiento marcada por el gobierno. Es decir, se consideraron criterios económicos y políticos, cuando lo que aquí se evaluaba era la pertinencia ambiental del proyecto. 

En otras palabras, establecida esa priorización, ¿cuál era la posibilidad real que tenían los funcionarios del SEA Valparaíso de no recomendar en su informe consolidado la aprobación?, ¿iba a desautorizar el Intendente y los Seremis esa directriz marcada desde Palacio?. 

¿Qué garantías hay de que no se está poniendo en riesgo la vida de las personas? 

Ninguna. Puesto que no hay garantías de imparcialidad en el trabajo de los expertos de la Universidad Santa María y la Universidad Católica de Valparaíso. Que no se malentienda, aquí no se cuestiona su currículum o expertiz técnica, ni de las personas en individual o las instituciones nombradas, si no que de un modelo, como bien lo señaló Fabián Jaksic, premio Nacional de Ciencias del 2019, en donde la manera de financiar la investigación científica en este país es a la medida y de acuerdo a las necesidades de las grandes empresas y consorcios. Eso es lo que no permite confiar en el proceso. Recordemos que detrás de esta iniciativa están los capitales de la Familia Angelini.

¿Es negligente de parte de las autoridades aprobar un proyecto así? 

Absolutamente. Pone en entredicho el mismo rol público que les compete tener. En el marco del cual se aprueba este proyecto, vale preguntarse: ¿para quién fue diseñada esta agenda pro crecimiento? ¿para generar bienestar y seguridad en las comunidades, o bien, para generar grandes ganancias para los mismos de siempre, y las mismas miserias para las mayorías que nos llevaron al ciclo abierto en octubre del 2019? Es difícil pensar que este proyecto no estaría priorizado si no fuese el chiche de la familia Angelini. 

Basta de autoridades que ponen el interés privado por sobre el bien público en sus decisiones. De ello, Viña del Mar y Chile se hartaron hace varios meses.

¿Qué medidas quedan por hacer? 

Hay muchas acciones posibles y pendientes de realizar hacia adelante,  tanto en sede administrativa, como jurisdiccional. Agotaremos todas esas vías, las que por cierto no pueden ser adelantadas en detalle. Aquí viene un largo proceso en donde esperamos que, finalmente, la Corte Suprema tenga la responsabilidad para con el bienestar y salud de las y los viñamarinos que el Intendente y los Seremis no supieron, quisieron o pudieron tener. 

El destino de esos terrenos debe ser el de un gran parque urbano, que sintonice con la vocación turística de nuestra ciudad, y desde la innovación y nuevos paradigmas, otorgue empleos permanentes, además de una experiencia única para la comunidad. Todo esto, sin ponerla en riesgo.

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