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Con el objetivo de generar evidencia y reflexión sobre la asociación entre migración, seguridad y crimen, a partir de un análisis con datos actualizados disponibles, el Servicio Jesuita a Migrantes presentó el informe “Criminalidad, seguridad y migración: un análisis en el Chile actual”.

El documento fue realizado con datos estadísticos analizados desde información solicitada por Ley de transparencia a Gendarmería, Carabineros de Chile y a la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD); como también datos del Censo 2017, Casen 2017, y estimaciones y proyecciones poblacionales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), tanto de población total que habita Chile, como de población extranjera.

Según cifras del documento, en 2019 fue menor el porcentaje de extranjeros que han sido victimarios (1,4%), como también los que están privados de libertad (0,21%) y los que han recibido una condena (0,09%), en relación a lo que ocurre con la población total que habita Chile (4,1%, 0,23% y 0,16% respectivamente). Desde el 2010 al 2019, existió casi el doble (1,6 veces más) de víctimas extranjeras que de victimarios extranjeros.

Junto con esto, para julio de 2020, el 7,4% de la población penal total era extranjera, mientras que ese porcentaje llegaba a un 5,8% en la población penal condenada. Siguiendo con datos de Gendarmería, la mayoría de los internos chilenos se encuentra bajo sentencia condenatoria (70%) y solo el 30% en calidad de imputado. Mientras que en el caso de la población penal extranjera la realidad es distinta donde a julio de 2020 casi la mitad (46%) se encuentra privada de libertad como imputado. Esta diferencia en la situación bajo la que se encuentran privados de libertad chilenos y extranjeros es constante en el tiempo, aunque desde 2016 empieza a disminuir, llegando a su punto más parejo en 2020.

“Esta mayor representación como imputados que en la población local se da independiente de la nacionalidad, el tipo de delito y la región donde se ubica la prisión (aunque en algunos casos se acorte esa diferencia). Se plantean diferentes hipótesis en el estudio para explicar este fenómeno, las cuales deben ser estudiadas y evaluadas. Una de ellas se asocia a que gran parte de las personas extranjeras privadas de libertad se encuentran de paso, involucradas en “correos humanos”, denominados como “burreros” o “coyotes”, y que por ende no son propiamente migrantes, ya que no buscan radicarse en Chile”, aseguró Pablo Roessler, encargado de Estudios del SJM.

Por otra parte, el estudio muestra los delitos por los cuales personas migrantes que efectivamente se encuentran establecidas en Chile son detenidas, y para aproximarse a ello se utilizó información de detenciones de Carabineros de Chile. Así se conoce si hay infracciones particulares llevadas a cabo por población migrante en relación a la población nacional. En 2018 el 5,3% de las detenciones se realizó a personas migrantes, en 2019 el 4,9% y en 2020 ascendió a 8,1%. Este aumento porcentual se explica primordialmente por razones asociadas al contexto de crisis sanitaria y la necesidad económica, dado que el 62% de las causas de detención a personas extranjeras entre enero y junio 2020 se asocian a infringir reglas impuestas en el contexto de la pandemia (lo cual alcanza un 39% a detenciones de nacionales).

“No se encuentra evidencia que el aumento de migrantes residentes en Chile se asocie con un incremento en la tasa de delitos a nivel nacional. Utilizando datos de la SPD se observa que la tasa de delitos se mantiene estable entre 2010 y 2019, teniendo su punto más alto en 2011, y luego manteniéndose entre los 10.700 y 9.700 delitos por cada 100.000 habitantes, existiendo incluso una correlación negativa en la mayoría de las regiones, entre permanencias definitivas otorgadas por año (el cual se ocupa como proxy para medir la cantidad de migrantes establecidos por región) y tasas de delitos. Tomando en cuenta la población total migrante en el país (1.492.522) y las personas extranjeras privadas de libertad a julio 2020 (2.978), el 99,8% de la población migrante que reside en Chile no está en la cárcel”, agregó Roessler.

El estudio realizado por el SJM coincide con otras tres investigaciones publicadas las últimas semanas en torno a la posible relación migración y delincuencia. En los cuatro, se desmiente categóricamente dicha relación que está arraigada más en un mito y relato, que lo que evidencian los datos. Tanto el SJM, como CEP, Migration Policy Institute y el BID, instituciones que lanzaron las publicaciones, invitan a erradicar del todo el mito y para ello se cuenta hoy con abundante data.

Para conocer el informe completo del SJM puedes ingresar a www.migracionenchile.cl [10]