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Hemos sabido que la Contraloría General de la República recientemente emitió un dictamen en el cual le asignó al actual ministro del Interior una responsabilidad administrativa, debido a que cuando era alcalde de Estación Central autorizó el viaje de dos concejales de dicha municipalidad a Europa con el objetivo de realizar presuntas capacitaciones. Además, había autorizado, vía "trato directo", la confección de publicidad con su cara y nombre en fechas de elecciones. 

La falta anterior es absolutamente irrelevante si la comparamos con el escándalo de los 70 o más permisos de edificación ilegales, llamados por la prensa guetos verticales, otorgados en el período 2013- 2018 mientras él ejercía como alcalde, sin que el arquitecto Armin Seeger, director de Obras Municipales (DOM), notificara la emisión de los mismos a las Juntas de Vecinos de los sectores en donde esas voluminosas estructuras se emplazaban, grave omisión que se produjo también al no informar al Concejo Municipal.  Con este voluntario "olvido" se configuró una ilegalidad al violarse la Ley General de Urbanismo y Construcción (LGUC). No hay que ser muy inteligente para saber por qué esos actos administrativos truchos no fueron informados a quienes debían conocerlos.  

No tiene sentido que en esta columna de opinión se mencionen todas las otras ilegalidades de fondo cometidas al cursarse dichos permisos, pues la opinión pública ya las conoce, conforme a lo mencionado por distintos oficios de la División de Desarrollo Urbano (DDU) del Minvu y una seguidilla de dictámenes de la Contraloría, pero sí es necesario mencionar que con motivo de esos "errores" unas cuantas inmobiliarias, con un trato municipal de privilegio, invirtieron en las invasivas construcciones una suma del orden de los US$ mil quinientos millones, con utilidades aproximadas de unos US$ 450 millones, sin que el Consejo de Defensa del Estado (CDE), hasta ahora, ejerza como es su deber legal, acciones por la prevaricación administrativa cometida. 

En razón a que el Minvu, el gobernador regional, el delegado presidencial, como todos los organismos de la administración del Estado se ha mantenido silentes, por lo tanto, validando la impunidad al tolerar esta indebida práctica de corrupción, seis ciudadanos, arquitectos Miguel Lawner, Jonás Figueroa, Miguel Prieto, ingeniero civil Antonio García, dirigente social de Estación Central Alejandro Verdugo y este columnista, a través del abogado Rodrigo Avendaño, nos  vimos en la obligación ética de interponer una querella en el Juzgado de Garantía de Santiago, la que fue trasladada a la Fiscalía Centro Norte. [9]  

En todo caso, no podemos acusar a Delgado de que él sea el autor intelectual del fraude, pues no tenemos pruebas fehacientes, pero sí es urgente que el ex alcalde, siendo inocente, como se podría suponer, luego, sin haber intervenido dándole instrucciones verbales a su subordinado DOM para que firmara los permisos, a sabiendas que eran contrarios a derecho, acorde a una instrucción anterior del Minvu, su obligación ahora es hacerse parte en nuestra querella que está radicada, con RUC 2110049038-K, en la Fiscalía Santiago Poniente, que la Fiscal Giovanna Herrera ya está investigando. 

Asimismo, entendemos que el actual alcalde Felipe Muñoz, quien cuando era concejal denunció públicamente este grosero episodio, ya está preparándose con sus abogados para proceder en consecuencia, pues él ya sabe que esta causa la está monitoreando la Unidad Especializada Anticorrupción de la fiscalía nacional.