Ya son nueve días desde la toma de una torre de alta tensión en la cima de la cuesta La Dormida, en protesta contra el proyecto de línea de alta tensión Cardones-Polpaico, llevado a cabo por la empresa Isa Interchile. Ante un recurso de protección emitido por la empresa, que apuntaba a una habitante como una de las personas que se encontraba arriba, el equipo jurídico de la Comunidad Agrícola La Dormida respondió en la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

“Me avisaron (…) de que aparecía mi nombre en un recurso de protección de esa empresa, ¿y yo por qué, si no estaba aquí arriba?”, cuenta la comunera Nancy Sagredo, apuntada por la empresa como una de las personas protestando desde la torre de alta tensión. Acompañada por el equipo jurídico de la comunidad La Dormida, comenta: “no es que a mi me afecta, si la verdad es que si yo no he hecho nada, ¿qué puedo temer? Pero sí están mintiendo".

“Excusas para entrar a la fuerza”

Rocío Veas, abogada y representante del equipo jurídico a cargo de las causas de la Comunidad La Dormida, señala que trajeron a la señora a los tribunales para dar cuenta que “estos recursos presentados por la empresa muchas veces se basan en datos falsos”. Según ella, Interchile presentó este recurso de protección con la intención de que la institucionalidad saque a estas personas a la fuerza. “Interchile lo que está buscando es excusas para entrar a la fuerza, hacer una entrada violenta, lo que podría significar agregar tres muertos más a la lista de muertos que ya tienen”, añade, referiéndose a la caída desde una torre en 2018 y a la caída de un helicóptero en marzo, lo que hace un total de siete trabajadores de la empresa fallecidos.

Piden que se apersone el Presidente de la República

A propósito de las tres personas que están arriba de la torre 826 desde el 2 de abril, a 40-50 metros de altura, la abogada comenta que subió personal del CESFAM de Olmué a corroborar su estado físico, que “es apto todavía”. Sin embargo, ella añade que lo que podría ser preocupante son las temperaturas muy bajas en la noche, los vientos muy fuertes y la integridad psíquica de las personas. Ella precisa que “no son comuneros, son personas ambientalistas, que llegaron ahí por simpatizantes, por el tema de los medios”.  

“Ellos siguen muy aferrados a la idea de que no se van a bajar y lo que están pidiendo en este momento es que se apersone el Presidente de la República”, añade. De hecho, el Presidente Piñera se reunió con el presidente de Interchile dos semanas atrás. Además, Rocío Veas señala que “el Intendente regional se negó a conversar con nosotros, diciendo que había terrorismo”. Sin embargo, ella insiste en que no tienen “noticias de intentos de radicalización” de las personas.

Invalidación de la Resolución de Calificación Ambiental

El petitorio de la comunidad, defendido por vías judiciales desde hace meses, se basa en tres cosas: primero, “que se revise la legalidad del procedimiento que aprobó la Resolución de Calificación Ambiental”(RCA), que le da permiso a Interchile para trabajar. Según Rocío Veas, el equipo jurídico tiene antecedentes suficientes para probar que “esa resolución se ha aprobado y se ha ejecutado de manera ilegal”. De hecho, los comuneros denuncian varias irregularidades e ilegalidades por parte de la empresa y afirman que la resolución tiene entre algunas fallas, como el haber sido aprobada por la autoridad ambiental sin considerar que el trazado pasa por la Comunidad La Dormida, ni menos por la Reserva de la Biosfera “La Campana-Peñuelas”.

Exigen suspención de las faenas

La comunidad también pide que se evaluen los nuevos impactos ambientales de la empresa, “como es el ruido, la flora, la fauna y también en relación a un relave minero que ha sido removido”. Por fin, la comunidad exige que, “mientras siguen los juicios, las faenas se suspendan, de manera de no generar mas daños. Desde que hemos pedido la suspensión de las faenas hasta hoy, ya tenemos siete muertos y tres personas encadenadas a una torre a 50 metros de altura”, comenta la abogada. Ella insiste en que esta suspensión tiene la finalidad “de que no sigamos lamentando más muertos ni sigamos poniendo en riesgo las vidas de las personas y además no sigamos contaminando las napas subterráneas. No sigamos en el fondo absorbiendo nosotros como comunidad todos los daños que genera esta empresa y la inoperancia del gobierno”.

De hecho, dado que el procedimiento puede tardar seis meses o un año, y que esta acción en sí no permite suspender las obras, la empresa podría seguir trabajando. “No es lo mismo que tu pongas aquí un quiosco y después lo saques, que vayas a poner un quiosco a una reserva mundial de la Biosfera. Eso no lo van a poder recomponer”, concluye la abogada.