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A través de una declaración pública, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) denunció que “durante las últimas semanas Carabineros de Chile ha cuestionado las facultades que (…) se le han otorgado al Instituto Nacional de Derechos Humanos en relación al ingreso de uno o más Consejeros, Director o a su personal a recintos públicos donde una persona esté o pueda estar privada de libertad” y que esto “se ha traducido en el impedimento de ingreso de los funcionarios del INDH” a algunas comisarías del país.

Esta situación que el INDH calificó no sólo como “una arbitrariedad reñida con el estado de derecho sino que, además, compromete gravemente la responsabilidad del Estado en el cumplimiento de sus compromisos internacionales en la materia”, y que el objetivo de esta atribución del organismo es “garantizar a los/as ciudadanos/as que se encuentren en situación de privación de libertad el respeto de sus derechos, independientemente de los actos en que se pudieran haber visto involucrados”, por lo que piden al Ministerio del Interior que ordene a la institución uniformada a “poner término inmediato” a esta situación.

El ministro del Interior, Jorge Burgos, por su parte, respaldó el trabajo de las policías para brindar seguridad y mantener el orden público, y destacó que cuando hay un desapego a la norma, el primero en reaccionar es el alto mando institucional, y atribuyó esta controversia entre el INDH y Carabineros a problemas de interpretación de las normas.

Respecto del tema de fondo que plantea el Instituto, el secretario de Estado indicó que están dispuestos a constituir una mesa de trabajo, junto al Ministerio, Carabineros y el Instituto de Derechos Humanos –“si así lo dispone”- “para lograr resolver aquellas cuestiones interpretativas” que fundamentarían, a su juicio, el reclamo del organismo de DDHH, e hizo énfasis en la “disposición absoluta de Carabineros” para subsanar esta controversia, “pero de ahí a sostener que Carabineros incumple con el mandato legal o constitucional, este ministro no lo puede aceptar”, señaló el ministro del Interior.

“El tema interpretativo se ha producido respecto de hacer interrogatorios o no, o preguntarle a las personas, y eso con razón Carabineros quiere saber, de parte de otras instituciones, si eso no pudiera chocar con el derecho a la defensa, que requiere que antes de hablar una persona puede tener derecho a guardar silencio, declarar antes a su defensa particular o ante la defensoría penal pública. Todas esas cosas hay que hablarlas en el mejor de los ánimos, de buscar soluciones”.

Bruno Villalobos, general director de Carabineros, sostuvo que la institución que dirige “tiene la mejor de las disposiciones para hacer un trabajo conjunto con el INDH, el cual “veníamos haciendo de hace algún tiempo, y lo vamos a continuar haciendo”, y refrendó la visión sobre el problema “interpretativo” de la norma que planteó del jefe de Gabinete que explicaría este conflicto entre ambas instituciones.

“No estamos prohibiendo el ingreso a los cuarteles, ellos, de hecho, son atendidos en nuestras oficinas al interior de los cuarteles, lo que estamos en discusión es la entrevista a los detenidos, en atención a que hay una superposición de los roles de los diferentes estamentos que tiene que ver con esto, principalmente con los derechos de los detenidos, las visitas que quieren realizar tienen que ver con grabaciones y entrevistas de los detenidos, grabaciones de video. Ahí es donde tenemos algunas diferencias, pero estamos dispuestos de acuerdo a las instrucciones que nos impartió el ministro del Interior a participar de esta mesa de trabajo, y solucionar los problemas a la brevedad”.

La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes descartó que exista un problema de interpretación sobre las atribuciones del organismo que fundamenten el impedimento que Carabineros ha llevado a cabo en relación con las visitas. Además, la directora se preguntó que “para qué se crea un órgano y se le da ese mandato si después no se va a cumplir el mandato”.

Lorena Fríes además sostuvo que “con todo el respeto que le tengo al ministro del Interior, debo decir que el papel del Instituto no tiene nada que ver con la investigación criminal”, ya que el organismo no toma declaraciones ni interroga respecto de los actos cometidos por el detenido, sino que “sólo verificamos que en el proceso de detención y antes de la formalización, estén condiciones dignas y que no tengamos que ejercer nuestras acciones legales, por ejemplo, frente a actos de tortura”, enfatizó la directora del INDH quien destacó la unanimidad de la decisión del directorio para protestar por esta situación.

La directora del INDH recordó el caso ocurrido el viernes pasado cuando nueve personas, en Temuco, se encadenaron a las rejas de la oficina de la Conadi, las cuales fueron detenidas, y cuando la institución quiso constatar que los detenidos estuvieran en buenas condiciones físicas se les impidió el ingreso a la comisaría, prohibición que fue levantada sólo por la intercesión del tribunal de garantía.

Para la directora del organismo de DDHH, el problema tiene que ver con la resistencia que tiene Carabineros de rendirle cuentas a la institución que dirige: “El retroceso tiene que ver con que Carabineros se tiene que acostumbrar a la idea de rendir cuentas públicas frente a un órgano autónomo como el INDH, que está justamente para promover y proteger los derechos humanos. Esa es toda la resistencia. Y, tarde o temprano, se van a tener que allanar a eso porque eso pasa en todo el mundo, y Chile no puede ser una excepción en un estado de Derecho”.

Lorena Fríes, frente al llamado del ministro Burgos a formar una mesa de trabajo tripartita, señaló que ellos llevan tratando de hacer este tipo de reuniones, y que “las pocas veces que se ha concretado algo así, la verdad es que no ha habido mucho interés de parte de Carabineros, así que nosotros encantados de estar en cualquier mesa que signifique la posibilidad de colaborar en beneficio de los ciudadanos y de sus derechos. Ahí vamos a estar. El punto es que tiene que ser urgente”.

Finalmente, José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, señaló que es “es un logro muy importante y que hay que seguir preservando”, el que los funcionarios de DDHH puedan hacer ingreso a recintos policiales y calificó como “un gran error” que se les impida el ingreso.