Con la presencia de las principales autoridades del país, encabezadas por la Presidenta Michelle Bachelet, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó su informe anual 2016, donde da cuenta de los avances y retrocesos en una serie de materias. Entre ellas, destacan la situación de la población migrante, los atropellos sufridos por niños, niñas y adolescentes vulnerados, la protección de los derechos de las personas privadas de libertad, el derecho a la seguridad social, entre otros temas.

El director del INDH, Branislav Marelic, comentó los alcances del informe en su discurso, señalando que su metodología permite apreciar los avances, así como lo que falta por hacer en los diversos aspectos analizados. Entre otras materias, abordó el debate sobre migración en Chile, señalando que “la política migratoria no debe ser usada como argumento para orientar la política de seguridad ciudadana. La migración, especialmente la afrodescendiente, no puede ser excusa para adoptar medidas discriminatorias e irracionales”. Valoró que el debate sea asumido por los eventuales candidatos, pero advirtió que la búsqueda de votos no puede incitar a la discriminación y la xenofobia.

En tanto, la Presidenta Michelle Bachelet valoró el informe señalando que “nos muestra la complejidad de los desafíos que enfrentamos (…) Esto nos demanda para estar preparados para ajustar el marco normativo de nuestras instituciones y políticas; también estar preparados para prevenir los abusos y garantizar el respeto efectivo de los derechos”. Sobre este punto agregó que “con dolor y vergüenza hemos visto que en ocasiones, las instituciones chilenas no han estado a la altura, como ocurrió en el caso de niños vulnerados y como ocurrió en el caso de Lorenza Cayuhan”.

Debate sobre migración

En cuanto a la situación de los migrantes en Chile, el informe  reportó el aumento en el flujo de migrantes, señalando la necesidad de que las políticas públicas en esta área estén acordes a estándares internacionales. El informe se detuvo en la situación ocurrida entre los años 1995 y 2014 en el país, cuando el Estado optó porque los hijos de padre o madre en situación irregular fueran inscritos como hijo de extranjero transeúnte, lo que en la práctica los dejaba sin nacionalidad (situación de apatridia).

Se estima, según cifras del Registro Civil, que serían 2.500 personas las que viven hoy en esta situación, algunas de ellas, hasta por más de 20 años. El Instituto, junto con otras organizaciones, ha trabajado en la búsqueda de personas y apoyo para regularizar su situación y además ha constatado que -a pesar de que el criterio no se debiera aplicar desde 2014- aún existen casos de inscripciones de recién nacidos en esta categoría en 2016.

Pensiones y derechos de la niñez

El informe también actualizó su diagnóstico de 2012 en torno al sistema de pensiones. En esta edición, se alerta sobre las diferencias en las pensiones según sexo y región, así como entre la población civil y uniformada. Los datos actuales revelan que el 50% de los jubilados recibe como pensión un tercio de lo que recibía como ingreso laboral. Más aún, para el período 2025-2035, se estima que un 58% de las pensiones autofinanciadas se encontrará bajo la línea de la pobreza, y solo un 6% por sobre el salario mínimo.

Para las mujeres, solo el 1% de las pensiones se encontrarán por sobre el salario mínimo. Otro de los temas abordados es la situación en la que se encuentran los menores atendidos en las distintas modalidades del Servicio Nacional de Menores (Sename). Entre los datos recogidos, llama la atención que en el sistema de justicia juvenil, que tiene solo el 9% de los ingresos totales del Sename y el marco regulatorio más acorde a estándares, se llega un porcentaje de muertes de 35% del total.

Al respecto el INDH abogó por la existencia de un sistema integral que garantice los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes, no solo de la infancia vulnerada. Respecto a la situación del Sename, apuntó a la necesidad de conocer los avances de las investigaciones penales, y reestructurar las responsabilidades entre ministerios y servicios, así como sancionar las muertes y maltratos detectados.